APOYO A LOS PRESOS POLÍTICOS DE ATENCO

PRESOS POLÍTICOS


En la reunión del 19 de noviembre y ratificada el 23 de este mismo mes en Atenco y después en Molino de Flores con Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Adherentes de la Otra Campaña, se ACORDO realizar EL PROXIMO JUEVES 29 DE NOVIEMBRE A LAS 10HRS., EN LA PGR (AV. REFORMA Y RIO NEVA) MITIN DEBIENDO PORTAR CADA PARTICIPANTE UNA CARTULINA CON EL NOMBRE DE ALGUNO DE NUESTROS COMPAS PRESOS POR UN LADO Y POR OTRO LA EXIGENCIA A QUE SE CUMPLAN NUESTRAS DEMANDAS, PARA POSTERIORMENTE MARCHAR HACIA LA SUPRE CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, REALIZANDO AHÍ ACTIVIDAD POLÍTICO CULTURAL. con la intención de presionar a las autoridades, la PGR al sobremiento y con ello el desistimiento de la acción legal, toda vez que se vería la inocencia de nuestros compañeros, en la SCJN, presionar a fin de que la revisión a los Amparos que fovorecen a nuestros Compañeros, sea pronta y expedita según se aplica la ley en nuestro país.

Compañeros, es necesaria la participación de todos los adherentes comprometidos en lograr la LIBERTAD INMEDIATA de nuestros compas que ya llevan un año seis meses SECUESTRADOS POR EL ESTADO


¡ASISTAMOS! YA QUE ¡TODOS SOMOS ATENCO!

¡LIBERTAD INMEDIATA A TODOS NUESTROS COMPAÑEROS!



Para que elabores tu cartulino, te recordamos los nombre de los compañeros secuestrados por el Estado.

PENAL DEL ALTIPLANO

1. Ignacio del Valle Medina
2. Felipe Alvarez Hernández
3. Héctor Galindo Gochicua

PENAL DE MOLINO DE FLORES

1. César del Valle
2. Pedro Reyes Flores
4. Román Adán Ordóñez Romero,
5. Alejandro Pilón Zacate
6. Inés Rodolfo Cuéllar Rivera
7. Jorge Alberto Ordóñez Romero
8. Narciso Arellano Hernández
9. Julio César Espinoza Ramos
10. Georgina Edith Gutiérrez Rosales
11. Rufino González Rojas
12. Arturo Sánchez Romero,
13. María Patricia Romero Hernández,
14. Raúl Romero Macías
15. Mariana Selvas,
16. Guillermo Selvas,
17. David Medina Neri
18. Martín Garrido,.
19. Vicente García Munguia
20. Cecilio Ramírez,
21. Jorge Armando Ramírez Aguilar
22. Oscar Hernández Pacheco
23. Juan Carlos Estrada Cruces
24. Edgardo Eduardo Morales Reyes

¡LIBERTAD INMEDIATA PARA ELLOS!

COLECTIVO "LOS ÁNGELES"

Colectivo "Los Ángeles" adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y


a la Otra Campaña, aquella que mira abajo, a la izquierda.

COLECTIVO "LOS ÁNGELES"

¿QUIENES SOMOS?
COLECTIVO “LOS ÁNGELES”

El Colectivo Los Ángeles surge como tal a partir de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona.
Como individuos pertenecientes a otras organizaciones, los fundadores han desarrollado acciones de resistencia frente a la guerra que el neoliberalismo desencadenó contra nuestros pueblos para neocolonizarnos. Así asumimos la causa zapatista como propia desde el inicio del movimiento en 1994, aunque algunos más después se fueron incorporando.


¿Quiénes somos? La verdad, somos entre los muchos que somos, lo mejor que ha parido la patria, por ello nos identificamos con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, así como con otras organizaciones que nos acompañan en la construcción de otro mundo posible, abajo y a la izquierda.

No somos intelectuales, pero nos gusta pensar; no somos obreros, pero nos gusta trabajar; no somos campesinos pero defendemos y respetamos la tierra; no somos estudiantes, pero nos gusta aprehender; no somos profesionistas, pero la rebeldía es nuestra vocación; no somos vagos pero nos gusta la libertad, no somos anarquistas pero no nos gusta que nos mande y gobierne el poderoso ni los politiqueros, ni los que se han enquistado en el mal gobierno; no somos cantantes pero hacemos nuestro canto a nuestras posibilidades, sin ser gorriones ni jilguerillos de jaula; no somos poetas pero nos gusta decir con palabras cuanto amamos y deseamos una patria nueva hecha con los de abajo; no somos milicianos pero tenemos un gran compromiso con la revolución; no somos indígenas pero tenemos historia y raíces y con ellos hemos caminado juntos; no somos urbanitas pero aprendimos a sobrevivir en la selva de asfalto; no somos cristianos pero tenemos fe. Somos pobres, oprimidos y tenemos hambre de justicia con dignidad. Nos tachan de ser utópicos ¿a caso, hay otra forma de ejercer la praxis revolucionaria? Nos dicen románticos e ilusos ¿a caso, hay otra forma de apasionarse y enamorarse sin comprometerse, sin ser congruentes con esta vida de por sí prestada?

Somos los ángeles caídos, somos la negación al paraíso neoliberal, somos la resistencia al neocolonialismo, somos los últimos en ser y los primeros en el no ser, porque somos quien somos, porque a penas y nos dejan decir que somos, como así de por si somos, porque vivimos a golpes y a penas nos dejan decir que tenemos como arma una poesía cargada de futuro que apunta, con mira certera contra los que desde siempre nos han negado el derecho de ser. Porque cabalgamos a lomo de burro, a contrapelo, sin más victorias ganadas que aquellas del pensamiento otro que vaga por estas tierras, de por sí nuestras, con paliacate raído y pasamontañas hecho jirones, de tanto mirar abajo y a la izquierda, sentimos el corazón de la patria hecho girones y nos negamos a que muera en manos de mentes criminales que ven la patria como botín.

MOVILIZACIÓN EN APYO A LAS COMUNIDADES ZAPATISTAS

La marcha, también, contra el despojo de la tierra en la comunidad michoacana
Movilización en apoyo a las comunidades zapatistas


Los asistentes al segundo campamento nacional de jóvenes por la autonomía marchan por las calles de zirahuén.

Cientos de chavas y chavos se manifestaron este domingo en el centro de la comunidad de Zirahuén, en el estado de Michoacán, como parte del día nacional de solidaridad con las comunidades zapatistas. Encabezados por "Don Marcos Paz" que dirigía la movilización desde el "CHéBus" las consignas se hicieron sentir en el pequeño poblado de Zirahuén, sede del segundo campamento nacional de jóvenes por la autonomía. ¡Zirahuén escucha! Estamos en tu lucha! Agitaba una muchacha de negra cabellera mientras los contingentes gritaban a todo lo que daban haciendo que los pobladores salieran a mirar desde sus ventanas, puertas y azoteas. EEE!, zeta! ele! ene! Gritaban los varios contingentes formados por los "caracoles" del campamento, asambleas de jóvenes formadas por los campamentistas para autogestionar la alimentación, la seguridad y la alimentación en el encuentro, que al momento de realizarse la marcha iba a la mitad de su programación.

La manifestación partió del lugar designado por los representantes de la comunidad de Zirahuén, dos hectáreas de tierras a orillas del lago azul de Zirahuén y recorrió varias de las calles con la consigna de protestar por el hostigamiento que sufren las comunidades indígenas zapatistas y que se ha acelerado en los últimos meses. La marcha también se realizó en solidaridad con la comunidad de Zirahuén que sufre del acoso y despojo, en especial de la Organización Ramírez, que intenta usurpar las tierras comunales. La inusual marcha causó expectación y simpatía entre los transeúntes que veían pasar a una oleada de chav@s evidentemente urbanos, pero que eran recibidos con ánimo al escuchar las consignas de apoyo a la comunidad.

Más tarde, los jóvenes continuarían con una apretada agenda de actividades que denominan "autogestionadas", es decir, talleres y charlas de las más diversas temáticas que cada organización o colectivo participante inscribe como parte del programa y 8 mesas temáticas que se realizan por las tardes. Llamó la atención el prolongado baile del sábado por la noche, que incluyó bailes tradicionales a cargo de la Casa del Estudiante 16 de septiembre, trova y folclores con "tres son confusión" que han llegado desde Puebla para poner a bailar a los asistentes y las rolas de ska que provocaron un frenético slam de la concurrencia y una enorme polvareda que dejó empanizados a casi todos los asistentes entre risas y alegría bailadora. El domingo por la noche se repetiría el coctel cultural con proyecciones de video, una banda de punk y otra más de metal, para finalizar con un sabroso baile veracruzano que animó a los ya cansados campamentistas. Durante todo el día, numerosos puestos de fanzines, playeras, discos, libros y hasta medicinas tradicionales están muy activos entre actividad y actividad. Al terminar la noche del domingo los campamentistas se preparaban para cerrar el encuentro.

jovenes en resistencia alternativa http://www.espora.org/jra
AUTONOMIA AUTOGESTION
LA OTRA CAMPAÑA PARA LA LIBERACIÓN

Jovenes por la autonomía

Vamos a empujar este caracol, esta junta de buen gobierno, dicen las autoridades indígenas de zirahuén

Inicia el segundo campamento nacional de jóvenes por la autonomía.

Con cerca de 70 colectivos y organizaciones de jóvenes, arranca el encuentro de cuatro días en Michoacán.

En medio de tres centenares de jóvenes de 15 estados del país, de media docena de naciones, los integrantes de la Unión de Comuneros Emiliano Zapata (UCEZ) y las autoridades comunitarias de Zirahuén dieron las palabras de inicio del campamento de jóvenes por la autonomía.
A pocos metros del lago azul de Zirahuén las casas de campaña de cientos de chavos y chavas siguen instalándose alrededor de tres pequeños foros que se han construido para los trabajos del encuentro. El campamento reúne una diversidad enorme de jóvenes, que va desde skinheads antifascistas (rojos, opuestos a su versión más conocida ligada a la ultraderecha) hasta casas de estudiantes universitarios, organizaciones indígenas, de medios libres, de cultura y contracultura. No podían faltar en un campamento que reivindica la autonomía la banda punk y libertaria que se ha reunido en un "caracol", una especie de barrios que aglutinan a una treintena de campamentistas para autogestionar la vida colectiva durante los días que dure el encuentro. Por la noche, a la llegada de los últimos camiones que trasportaban asistentes hasta las orillas del enorme y bien preservado lago de Zirahuén, dieron inicio los trabajos de inauguración a la sombra de una manta monumental con el rostro de Zapata y la leyenda "Autonomía".

"Estamos muy animados de que estén aquí" dijo el representante de bienes comunales de Zirahuén y sus anexos ante unos asistentes que aplaudían la resistencia indígena de los comuneros contra el despojo. "contra las cuatro ruedas del capitalismo: el desprecio, la represión, la explotación y el despojo, lucharemos y opondremos la autonomía, la autogestión, la horizontalidad y la colectividad, dijo la vocera del comité organizador en la que convergen el taller integral arquitect@z, jóvenes en resistencia alternativa, materu kurinta, entre otros colectivos que promovieron la asistencia desde varios estados del país al campamento.
Las palabras de don Marcos Paz, líder histórico de la UCEZ, varias veces preso por razones políticas causaron gran atención y respeto. El diálogo entre un hombre mayor, indígena y campesino con est@s jóvenes con rastas, o pelones, medio fresas o con ruda apariencia es uno de esos diálogos sin precedentes que ha provocado la otra campaña desde hace ya casi dos años. "vamos a defender la tierra con la vida. Vamos a impulsar este caracol, esta junta de buen gobierno con la participación de la comunidad y todos sus anexos (…) y para eso pedimos su ayuda" dijo Don Marcos, en larga intervención para explicar la lucha de algunos de los pueblos purépechas de esta zona de Michoacán. Desde el propio campamento pueden verse ya varias de los desarrollos privados residenciales que lentamente le quitan pedazos de territorio a las tierras comunales; el despojo que por todo el país ha denunciado "la otra campaña" y la voz zapatista.
Las y los jóvenes llegaron a estas tierras en varios camiones desde las ciudades Puebla y México, con sus propios autos, en autobús comercial o de plano de aventón. Las numerosas casas de campaña se multiplicaban lentamente a orillas del hermoso lago, donde muchos contenían las ganas de sumergirse porque la comunidad lo ha prohibido "porque se los lleva la sirena"(…) así nomás le shabla y varios se han ahogado, sobre todo hombres" dicen las voces indígenas de este pueblo en lucha.

Al terminar el acto inaugural los asistentes se preparaban a una serie de eventos culturales que incluían jaraneros, bailes tradicionales, bailongo popular, trova y proyección de documentales de luchas nacionales e internacionales. La banda del campamento se preparaba en medio de la fría noche de zirahuén para participar en más de 25 actividades (talleres, charlas, presentaciones) y 9 mesas temáticas, que son la forma para este campamento autónomo, que busca construir lazos entre organizaciones y colectivos de la otra campaña, pero sobre todo generar un espacio para la voz de las y los chavos hacia la construcción del programa nacional de lucha, convocatoria que ha realizado el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y estos tres días reúne a una pequeña parte de ese movimiento de movimientos en el que se está convirtiendo la otra campaña.

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AUTONOMIA AUTOGESTION
LA OTRA CAMPAÑA PARA LA LIBERACIÓN

TROVAUTORÍA "COLECTIVO LOS ÁNGELES"

El pasado 27 de septiembre de 2007 se presentó el colectivo en la ESIA tecamachalco IPN, en un evento llamado Trovautoría, en el que se hizo un recuento de los 33 años de composiciones, y dos años de ser Adeherentes a la 6a. Declaración de la Selva Lacandona.

EL COLECTIVO "LOS ÁNGELES"

Subcomandante Insurgente Marcos, Delegado Cero, en el CCH Oriente

EL COLECTIVO "LOS ÁNGELES"

Participación del Colectivo en La Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco. 3 de mayo de 2006
ataque de la policía federal preventiva, de la policía del Estado de México y municipal de Texcoco a los floristas y al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Detención de Ignacio del Valle.

EL COLECTIVO "LOS ÁNGELES"

Participación del Colectivo en el lienzo charro de Iztapalapa, junto a Cabeza de Juárez.

Colectivo Los Ángeles

El Colectivo Los Ángeles invita a la audición que Lourdes Zuno y Lorenzo Vargas darán en el jardín (plaza central) de la Colonia Satélite en Cuernavaca Morelos, México, el día miércoles 14 de noviembre a las 18 hrs. ¡¡No faltes!!

A DIEZ AÑOS DE ACTEAL (CONTINUACIÓN)

REPORTAJE /A DIEZ AÑOS DE ACTEAL
Paramilitares a escena; falsedades del Libro blanco, la otra historia
“Sabemos que nos están apuntando, anden disparen, estamos sin armas”
El 26 de septiembre de 1997 La Jornada reportó el primer retorno de desplazados zapatistas y perredistas de Chenalhó; 5 mil indígenas se dirigieron a Polhó
Hermann Bellinghausen / VIII

Miles de desplazados recorrieron el 27 de diciembre de 1997 el tramo Acteal-Polhó Foto: Carlos Cisneros /Archivo
El 23 de septiembre de 1997, un grupo de reporteros llegamos a Polhó, cabecera municipal de los autónomos zapatistas. Una comunidad de un millar de pobladores, a quienes se agregaban centenares de desplazados de todos los parajes donde la ley paramilitar quemaba casas, emboscaba y asesinaba a simpatizantes del EZLN y priístas por igual. A los segundos se les castigaba si no respaldaban la aventura armada de los ya entonces llamados paramilitares.
El panorama era desolador. No había nadie. Ni perros. Sólo pollos. Las casas estaban cerradas; las calles y edificios comunitarios, desiertos. Tras el ataque a Majomut por los priístas y frentecardenistas de Los Chorros, el día 21, ya ni siquiera Polhó era un lugar seguro. Al amanecer el 21, comunidades como Yibeljoj habían sido evacuadas; sólo permanecieron algunos hombres. Mujeres y niños, incluso priístas, buscaron refugio en las montañas. Sabían del ataque paramilitar.
El 26 de septiembre, La Jornada reportó el primer retorno de desplazados zapatistas y perredistas de Chenalhó, en una marcha de 5 mil indígenas y 70 camiones con destino a Polhó. El episodio fue relatado con falsedades e inexactitudes palmarias en el informe de la PGR llamado Libro blanco de Acteal (1998), y esa versión ha sido repetida de oficio por diversos autores que han querido contarnos “otra historia” de aquellos acontecimientos. El lector interesado puede comparar la versión oficial, o sus transcripciones posteriores, de Gustavo Hirales (1998) a Héctor Aguilar Camín (2007), con el relato presencial que a continuación se transcribe.
El fracotirador del tinaco: cazador cazado
La movilización de las bases de apoyo del EZLN, el día 25, fue pacífica. Había durado casi toda la jornada. Antes de las 17 horas llegó a Yabteclum. Un orador encapuchado arriba de una camioneta, señalando las laderas circundantes, dijo:
–Sabemos que nos están apuntando. Anden, disparen, aquí estamos, sin armas.
Empezaba el mitin de miles de zapatistas de 15 municipios en la cancha y plaza central del “pueblo viejo” de Chenalhó, cuya mayoría priísta expulsó meses atrás a los simpatizantes del EZLN. Una hora después, cuando el acto estaba por concluir, una veintena de zapatistas trepó a la azotea de la escuela con gran aspaviento. Corrieron al tinaco, lo escalaron y se metieron en él precipitadamente. Segundos después brotó un rifle Máuser, que fue pasado de mano en mano. La multitud se agitó, y más cuando sacaron del tinaco a un hombre que, de mano en mano, saltó al suelo, cayó como gato y echó a correr. Tras él salieron varios zapatistas. Del tinaco salió, por último, una caja llena de balas Remington 410.
Nada más sobrecogedor que una multitud airada. La ira se apoderó de todos al descubrir que todo ese tiempo los acechó un francotirador. Muchos decían haber visto gente armada en las casas de arriba, en las laderas. Las bases de apoyo del EZLN provenían de Pantelhó, Mitontic, San Juan Chamula, San Andrés Sakamchén, Zinacantán, San Juan de la Libertad, Bochil, Simojovel, Sitalá, Ixtapa, Tenejapa, San Juan Cancuc y Chenalhó. Habían salido de Tzabaló a la cabecera oficial. En la descubierta, el conductor del acto decía al megáfono:
–Somos misma carne, misma sangre, mismo pueblo. No venimos a lastimar a nadie. No queremos matarnos entre hermanos. Los hermanos priístas quemaron su casa de nuestros compañeros. Los hermanos priístas no entienden lo que pasa. Venimos a explicar.
En tzotzil, otro orador invita a la gente a unirse a la marcha, que a las 12 del día alcanza la plaza pedrana y se forma en caracol, dejando en el centro a los desplazados de Yabteclum, Los Chorros y otros poblados.
–Venimos a demostrarles que los compañeros zapatistas en el municipio no están solos. No queremos tomar venganza. Venimos a decirles de buena manera que entiendan. No traemos armas. Vamos a ir a entregar a sus comunidades a los compañeros perredistas y zapatistas que corrieron ustedes –dice el orador ante las oficinas del municipio oficial.
Los mensajes insisten en decir a los priístas: “Nuestro enemigo no son ustedes, sino el gobierno”. No faltan mueras e improperios contra el alcalde Jacinto Arias Cruz, los caciques, las guardias blancas y la policía; contra Zedillo, Ruiz Perro (los tzotziles pronuncian la letra F como P, pues en su lengua no existe el sonido fricativo) y contra el funcionario priísta Antonio Pérez Hernández, a quien acusan de armar las nuevas guardias blancas.
Los municipios rebeldes advirtieron en un comunicado: “Los compañeros desalojados van a regresar a sus comunidades. Nadie lo va a impedir”. El mitin terminó pacíficamente. La radio estatal, encadenada al noticiero de las 14:30, informaba del acto tal como queda dicho. Unos anuncios comerciales. Y entonces la voz de un locutor, distinto del que daba las noticias, relató una versión contrapuesta a la que se acababa de radiar, y totalmente falsa, según la cual “grupos de zapatistas habían ido a amenazar a la cabecera municipal armados de palos”, “encabezados por Alianza Cívica” (sic).
Horas más tarde, durante el juicio popular que se hizo al hombre del tinaco, éste confesaría que en Yabteclum se reunieron para esperar a los zapatistas y le indicaron ponerse donde se puso “porque pensaban que los zapatistas venían armados y enojados”.
A las 18 horas, los periodistas acaban de recorrer las casas destruidas y saqueadas de los desplazados. Ese horror de muebles rotos, ropa rasgada, robos, muñecas decapitadas, papeles quemados, mazorcas regadas. El mitin está por concluir cuando descubren al hombre del Máuser, José Pérez Gómez, a quien apodan El Morral, y a otros dos que al parecer lo intentaron defender. Pérez Gómez viene severamente golpeado. Sus captores lo arrastran entre la multitud que parece a punto de írsele encima. Lo suben a la camioneta que preside el mitin. Y el hombre golpeado, sin camisa, es objeto de una especie de juicio popular.
La gente de Yabteclum lo identifica con un grupo de cinco personas que introducen armas a la comunidad. Micrófono en mano, entre el tzotzil y el castellano, transcurre un interrogatorio urgente. El hombre del rifle, con voz doliente, va hilando:
–Fue un acuerdo de toda la comunidad. Lo estamos organizando todos.
–¿Para matar los zapatistas?
–Noombre, pensamos que son ustedes que van a venir a matarnos. Estábamos ahí, preparados.
–¿Cuántas armas hay?
–No sé. No hay armas. Puro .22 de un tiro.
Sorprende verlo entero y firme, en el predicamento en que está. Pérez Gómez, sofocado, aguantando el sollozo, casi de rodillas, dice que “el arma es de Chamula” y que no sabe esto, ni aquello.
–Di “que mueran los asesinos”.
–No hay asesinos.
Lo interrogan sobre quién asesinó a los zapatistas, quién quemó las casas, quién robó a los desplazados. “No sé, no sé”.
La multitud rodea la camioneta. Se aproximan los responsables de las regiones para decidir qué harán con el detenido. Las laderas empiezan a mostrar grupos inquietos de hombres que observan la escena. Finalmente, los zapatistas dejan ir a Pérez Gómez, “a que informe a sus compañeros”. Como por ensalmo, la multitud se desentiende de él, que baja de la caja de la camioneta y arrastra sus pasos hacia las casas más próximas. Se sienta en un escalón. Le duele el cuerpo. Nadie se le acerca. La multitud se dispersa rumbo a los camiones que conducirán la marcha a Polhó. El hombre se ha vuelto invisible.
Días de balas en Chenalhó
El 27 de septiembre, La Jornada describe “las aguas revueltas de Chenalhó”, donde “es abierta la existencia de grupos paramilitares auspiciados por la policía y el Ejército federal”. A la vez que aparecen armas en Santa Martha, Puebla se convierte en un campo de tiro, se expulsa a familias enteras por apoyar al municipio autónomo o no dar dinero para las obras de los priístas y la compra de balas. Cada día, la vida de las comunidades se descompone más.
Santa Martha está prácticamente incomunicado con la cabecera de Chenalhó, su salida natural es San Andrés. Allí, el fiel de la balanza es el gobernador tradicional. Y sobre él viene la presión. Un día llega un teniente del Ejército federal, oriundo de Zacatecas. Se presenta al gobernador y el maestro de la escuela. Los convence de que los zapatistas, abundantes en la comunidad, representan un peligro y hay que combatirlos.
Después, el gobernador se arrepiente. Le dan dolores de cabeza y lo aquejan dudas de conciencia. Como quiera, las armas ya llegaron, y de noche “brillan como plata” cuando se adiestra a los hombres. “Primero, instrucciones para el manejo de armas. Luego películas pornográficas. Para rematar, baile con mujeres en bikini. Terminan con ejercicios militares. Los hombres llegan muy tarde a sus casas”, revelan alarmadas las mujeres del pueblo.

REPORTAJE /A DIEZ AÑOS DE ACTEAL
El francotirador de Yabteclum y los muertos de Los Chorros, sus razones
Priístas de Chenalhó pidieron a Zedillo permiso para armarse
El mandatario habría dicho a los alcaldes del tricolor que las razones del alzamiento zapatista ya no eran “legítimas”, lo que fue interpretado por algunos como “luz verde” para combatir a los pueblos autónomos
Hermann Bellinghausen IX

Para la organización indígena Las Abejas, las autoridades municipales, estatales y federales “no tienen voluntad de resolver la mortandad; parece que quieren acabar con nuestra raza”. En la fotografía de archivo, misa en memoria de las víctimas de la matanza de Acteal Foto: José Carlo González
El 2 de octubre de 1997, en un encuentro con el presidente Ernesto Zedillo en San Cristóbal de las Casas, el alcalde oficial de Chenalhó, Jacinto Arias Cruz, entregó al mandatario una carta donde el ayuntamiento pedía “permiso” para que sus seguidores pudieran tener armas de fuego en sus casas, para “defenderse”, invocando el artículo 10 de la Constitución. A raíz del episodio del francotirador en Yabteclum, el 25 de septiembre, las autoridades priístas acordaron lo anterior y demandaron una investigación sobre la muerte de sus compañeros de Los Chorros, el 22 de septiembre, “luego de que éstos quemaron 14 casas –según cifras oficiales– de los zapatistas” (La Jornada, 3 de octubre).
Según versiones recogidas por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC), en esa misma reunión el presidente de la República habría dicho a los alcaldes priístas de los Altos que las razones del levantamiento zapatista ya no eran “legítimas”, lo cual fue interpretado por algunos como “luz verde” para combatir a los pueblos autónomos.
Con el presidente Zedillo de vuelta de su gira por Chiapas, el 3 de octubre el secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, se manifestó por “reanudar el diálogo” y expuso con optimismo que “el gobierno ha desplegado acciones importantes” en la entidad, “por lo que la situación es muy distinta a la que imperaba en 1994” (LJ, 4 de julio), en una frase que a esas alturas ya admitía diversas interpretaciones.
Las víctimas de Las Limas
Al mismo tiempo, cuatro integrantes de una familia eran asesinados en Las Limas Chitanucum, municipio de Pantelhó, vecino de Chenalhó. Una niña de seis años estaba entre las víctimas. También hubo seis heridos. Todos priístas. Los atacantes fueron unos 25 hombres encapuchados que “llegaron tirando piedras y balazos en las puertas de las casas” y saquearon la tienda de uno de los heridos, Francisco Gutiérrez Maldonado, quien aseguró haber conocido “por la voz” a varios de los atacantes, pero no dio los nombres (LJ, 4 de octubre) ni los vinculó con algún grupo. Curiosamente, ni siquiera los priístas dijeron en ese momento que los agresores, a quienes reconocieron, fueran zapatistas.
En ese mismo pueblo habían sido quemadas varias casas de zapatistas (y éstos expulsados) el 23 de mayo, “aunque luego fueron reparadas porque las partes y el ayuntamiento priísta llegaron a un acuerdo para resolver sus diferencias”, añade la nota de La Jornada, que registra también el retorno a sus casas de cien militantes priístas de Polhó, “de donde salieron hace más de una semana después de que dos de sus compañeros de Los Chorros fueron asesinados”.
En octubre y noviembre se incrementa el número de muertos, heridos y desplazados. El 4 de octubre, Sebastián López López resultó lesionado en una “emboscada” cuando iba a su milpa en el ejido La Esperanza, a un lado de Los Chorros. Las autoridades priístas dijeron temer “nuevos ataques de los contrarios (LJ, 5 de octubre)”. Sin embargo, son ellos los que atacan: el mismo día 4, el concejo autónomo de Polhó denuncia que la comunidad La Esperanza fue agredida por un grupo armado proveniente de Los Chorros, con un saldo de varias casas quemadas y el desplazamiento de 52 familias.
Ese mismo día, 2 mil miembros de Las Abejas marcharon “por la paz y la reconciliación” en la cabecera municipal de Chenalhó, con banderas blancas y pancartas, demandando que “termine la violencia entre hermanos”. Los manifestantes expresaron “dolor por esta gran desgracia de los enfrentamientos entre hermanos, con armas de alto calibre usadas por paramilitares y militantes del partido oficial”. Las Abejas aseveraron que las autoridades municipales estatales y federales “no tienen voluntad de resolver las mortandades ocurridas en nuestro municipio: parece que quieren acabar con nuestra raza (LJ, 5 de octubre)”.
El día 8, la comunidad de Yibeljoj acordó no participar de ninguna manera en hechos violentos. El acuerdo fue suscrito por 329 habitantes, según informó el CDHFBC.
El 10 de octubre el concejo autónomo declaró: “Nosotros los zapatistas no queremos mancharnos las manos con sangre indígena, pues son nuestros hermanos, son nuestra misma gente, nuestra misma sangre”. En un comunicado, los autónomos ratificaron su voluntad para el diálogo, afirmaron que las amenazas provenían de los ejidos Los Chorros y Puebla, y exigieron: “Primero, que los priístas creen condiciones necesarias para el diálogo, es decir, retirar la policía de Seguridad Pública. Son las autoridades priístas las que deben comprometerse a la reconstrucción de las casas quemadas. Queremos que regresen todos los desplazados, pero ¿dónde llegarán los que tienen sus casas quemadas?”
El banco de arena, insistían los autónomos, “es un pretexto”. El ayuntamiento de Polhó “tiene en su poder los planos límites del predio que ocupa el banco de grava” y lo explota “para beneficio del municipio”.
En La Realidad, el subcomandante Marcos se reúne el 11 de octubre con los poetas chiapanecos Óscar Oliva y Juan Bañuelos, miembros de la Comisión Nacional de Intermediación, y responde a las presiones declarativas del gobierno sobre la reanudación del diálogo. Según Marcos, la “confusión” al respecto “la está creando el gobierno”. Los poetas transmiten: “Los zapatistas pidieron el cumplimiento de las cinco condiciones mínimas expresadas el 7 de septiembre de 1996, cuando el EZLN se retiró de las negociaciones (LJ, 12 de octubre)”.
Oliva manifestó su preocupación porque el incumplimiento de dichas condiciones “está generando problemas cada día más graves”, pues “todos los días hay desalojos, represión e injusticia hacia las comunidades zapatistas”. Bañuelos, a su vez, considera que ésta es “una política bien meditada del caos”.
En la zona norte, donde los elementos de la contrainsurgencia no son los mismos de Chenalhó, la situación es grave. La presencia del Ejército federal es directa, y los conflictos comunitarios que se explotan para la confrontación poseen un hipertrofiado componente religioso. La Comisión Episcopal para la Reconciliación y la Pacificación en Chiapas denuncia ataques y amenazas contra catequistas y sacerdotes. Los paramilitares han quemado ermitas e iglesias. El párroco de Tila, Heriberto Cruz Vera, “ha tenido que esconderse, pues lo quieren matar, al parecer los de Paz y Justicia”. La situación se repite en Tumbalá y Salto de Agua (LJ, 14 de octubre). Para entonces hay 4 mil 112 indígenas desplazados en esa zona; desde 1995 han muerto unas 40 personas de la “sociedad civil perredista” y bases zapatistas, así como “varias decenas” de priístas de Paz y Justicia (LJ, 17 de octubre).
Llamado al diálogo
El día 14, el concejo autónomo de Polhó llama al diálogo al municipio oficial, con la condición de que se retiren la policía de Seguridad Pública y el Ejército federal (LJ, 17 de octubre). El 16, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informa de la muerte de Gabriel Gómez Guillén y Romeo Hernández Gómez, priístas, en Tzanembolom. Además hay tres heridos. La Jornada sólo da la versión de la PGJE y los priístas, quienes aseguran que todo comenzó con una discusión “por diferencias políticas” dos días atrás, cuando los zapatistas “detuvieron” varias horas a cinco priístas. Horas después “un grupo de aproximadamente 20 perredistas-zapatistas… acribilló” a los priístas (LJ, 17 de octubre).
En sus informes posteriores, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolemé de las Casas documentó también la versión de las bases de apoyo zapatistas, según la cual “un grupo de priístas llegó a la comunidad, amenazándolos y disparando contra la población, y por ello 475 personas salieron huyendo a las montañas para protegerse. El grupo de invasores saqueó sus propiedades y mató muchos de sus animales”.
Para entonces, 20 por ciento de la población de Chenalhó se encuentra desplazada, especialmente de las localidades de Yaxjemel, Los Chorros, Takiukum, Acteal, Canolal, Puebla, Tzanembolom y Cruztón. Antonio Gutiérrez Pérez, representante de Las Abejas, asegura que en los últimos días se ha incrementado el tráfico de armas, y los grupos armados controlan el acceso a las comunidades donde habitan simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (LJ, 21 de octubre). Esos grupos “recorren las comunidades, roban animales y las milpas de las personas que han huido y amenazan a los que se niegan a tomar las armas”.

A DIEZ AÑOS DE ACTEAL

REPORTAJE /A diez años de Acteal
La Jornada 5, 6, 7 y 8 de noviembre de 2007

Ninguno de los encarcelados ha sido sentenciado como paramilitar
El origen: múltiples episodios de un plan contrainsurgente
Hermann Bellinghausen /I

El pasado 1º de noviembre, mujeres de la organización Las Abejas rezaban por los muertos de la masacre de Actea Foto: Moysés Zúñiga Santiago
Acteal marcó la historia y la imagen de México ante el mundo de manera indeleble. La masacre no fue un hecho aislado. Antes y después de aquel 22 de diciembre, en el Chiapas indígena se han sucedido ataques directos de paramilitares, tropas regulares o policías contra comunidades y familias bases de apoyo zapatistas, así como de otras organizaciones fuera del espectro gubernamental. Muertes, quema de casas, despojos de cultivos y tierras, desplazamientos, agresiones fratricidas.
Como hizo desde el 1º de enero de 1994 al ocurrir el levantamiento zapatista, La Jornada cubrió puntualmente los hechos violentos que se fueron sumando en diversas regiones y municipios: Sabanilla, Tila, El Bosque, Ocosingo, Chilón, Pantelhó, Chenalhó. Corresponsales, enviados, fotógrafos, incluso analistas desde el lugar de los hechos fueron con frecuencia testigos de decenas de episodios en apariencia aislados que trazaban la ruta de una estrategia de contrainsurgencia y potencial guerra civil.
Al mismo tiempo, decenas de reporteros y articulistas documentaban los ires y venires desde el centro político. Las declaraciones y acciones del gobierno federal, el Congreso, los empresarios, la Iglesia católica. Y también la sociedad civil, los organismos de derechos humanos, la academia. Por lo demás, La Jornada continuaba con el seguimiento del movimiento zapatista.
Alzamiento indígena
En las páginas de este diario se fue registrando un proceso social, político y cultural que con la masacre de Acteal enfrentaría un terrible baño de sangre. Y por donde más dolía: entre hermanos de pueblo. Lo que en 1994 había sido una declaración de guerra y un alzamiento indígena contra el gobierno del país se fue convirtiendo en una “guerra civil” permitida, propiciada, construida, forzada incluso por instancias gubernamentales. Antes de ella, las comunidades rebeldes y las oficialistas convivían en paz. La rebelión de unos no era contra los otros.
Hubo lugares donde la confrontación inducida “prendió”. Con programas sociales, educativos y productivos, con adoctrinamiento y control de la “población leal” al gobierno y al Ejército Mexicano. Primero en el territorio chol de la zona norte, donde la organización priísta Paz y Justicia intensificó desde 1995 una ofensiva contra la población zapatista y la “sociedad civil” de variable filiación perredista. Costaría decenas de muertes, incontables emboscadas, saqueos, violaciones, miles de desplazados. Primero Sabanilla, Tila y Tumbalá. Luego Chilón. A partir de 1997 se expandió a Chenalhó.
Aún duele decirlo, pero la matanza de Acteal pudo evitarse. Las señales eran abundantes y se hicieron públicas de múltiples maneras. Como escribió aquí Fernando Benítez el 27 de diciembre de 1997: “¿Qué más decir, si han sido inútiles los numerosos artículos que he escrito en defensa de los indios, así como los de mis colegas de La Jornada y de muchos otros periódicos? Parecen inútiles las palabras”.
Hay que recordar que en los días posteriores a la masacre se realizaron protestas y actos multitudinarios en más de 100 países, la mayor manifestación global hasta entonces, antes de las grandes movilizaciones internacionales contra la globalización y la guerra imperial. Se demandaba justicia al gobierno mexicano, y un alto a la guerra de baja intensidad, que oficialmente no existía. De hecho, nunca ha “existido”. Como jamás existieron oficialmente grupos paramilitares. Ni entonces ni ahora. No obstante, han pisado la cárcel con diversa fortuna miembros y dirigentes de Paz y Justicia, los Chinchulines, el “grupo de autodefensa” de Chenalhó, y más recientemente la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic).
Todos tienen en común ser priístas o de partidos afines, y vinculados in situ con el Ejército, pero ninguno ha sido sentenciado como paramilitar. Sólo los procesados por los hechos de Acteal pagan cárcel por participar en acciones armadas contra otros indígenas. Y esto, porque llegaron demasiado lejos y fueron capturados casi con las manos en la masa. El escándalo mundial fue inmenso, alguien tenía que pagar. Como siempre que las cosas se le complicaban al gobierno, alguien serviría de fusible. Acteal “costó” mucho: un secretario de Gobernación, un comisionado para la paz del gobierno federal, un gobernador y sus colaboradores; fueron procesados un general retirado (director de la policía auxiliar y coordinador de asesores de Seguridad Pública del estado), algunos mandos policiacos y decenas de indígenas “autoarmados”. Allí se cortaba la correa de transmisión. Antes de irse, el titular de Gobernación, Emilio Chuayffet, alcanzó a remachar: “No se puede culpar al gobierno, ni siquiera por omisión”. El Ejecutivo y el PRI se deslindaron, condenaron enérgicamente la violencia, abrieron (y cerraron) investigaciones, y siguieron tan campantes.
Vayamos un poco más atrás. Desde 1995 el gobierno de Ernesto Zedillo fue extendiendo en la entonces llamada “zona de conflicto” el fenómeno de la paramilitarización de comunidades, simétrica a la masiva ocupación militar decretada el 8 de febrero de ese año, cuando el gobierno salió a la caza de la comandancia zapatista, lanzó una ofensiva de tropas en la selva Lacandona, la zona norte y los Altos, y prácticamente ocupó las comunidades.
Con ello, el Ejecutivo quebrantaba su palabra, una oferta de diálogo hecha al EZLN poco antes de la ofensiva, mediante el secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma, y la subsecretaria Beatriz Paredes. Ese encuentro abortado quiso funcionar como carnada para capturar a la comandancia rebelde. Desde entonces, los zapatistas llaman a aquello “la traición de Zedillo”. No sería la única. Otra más cancelaría las negociaciones de paz (que no se han vuelto a concretar) al incumplir los acuerdos de San Andrés, firmados en febrero de 1996 por los representantes del gobierno federal y directamente aprobados por el secretario Chuayffet. Su antecesor Moctezuma había dejado el cargo un año atrás, a raíz de su “negociación” desfondada por el propio presidente.
Se fueron sucediendo episodios diversos, algunos de envergadura. Los gobernadores priístas de Chiapas caían uno tras otro, antes y después de las elecciones de 1995, oficialmente “ganadas” por el candidato del PRI, Eduardo Robledo Rincón, en un ambiente de fraude e imposición. El presunto perdedor, Amado Avendaño, tras sobrevivir a un atentado que lo dejó en silla de ruedas varios meses, se convirtió en “gobernador en rebeldía” con el apoyo del PRD, las organizaciones independientes, la sociedad civil y el EZLN. Robledo dejaría el cargo en pocas semanas, y lo sustituyó Julio César Ruiz Ferro, ex funcionario federal que desconocía por completo la entidad. Su mandato, que culminó abruptamente con la matanza de Acteal, fue pasivo y obediente a una política trazada desde arriba.
El verdadero “gobierno” de Chiapas lo ejercía el Ejército; la administración ruizferrista colaboraba o dejaba hacer. Como jefe militar en la zona de conflicto fungía desde 1995 el general Mario Renán Castillo Fernández, quien así llegó a ser un “jefe de ejércitos”, algo que hasta entonces sólo podía ser el secretario de Defensa Nacional, a la sazón el general Enrique Cervantes Aguirre. Remplazado por el general José Gómez Salazar, Renán Castillo dejaría el cargo el 16 de noviembre de 1997, a sólo cinco semanas de Acteal. Durante su periodo se larvó y auspició una estrategia deliberada, basada en los manuales de contrainsurgencia del Pentágono y el propio Ejército, para “quitar el agua” al “pez revolucionario”, adaptando procedimientos probados en Vietnam y Guatemala.
Mes y medio antes de la tragedia, los investigadores Andrés Aubry y Angélica Inda recapitulaban: “La colaboración de los políticos con la ‘guerra irregular’, mexicanización semántica del conflicto de baja intensidad, hace resurgir ante nuestros ojos un nuevo actor, el paramilitar”.
Aubry e Inda señalaban (La Jornada del Campo, 29 de octubre de 1997): “A partir de 1995 se probó en la zona norte (chol) de Chiapas, que ha sido el laboratorio donde se ensayó con la desorganizada organización campesina llamada Paz y Justicia, que no sirve para una cosa ni la otra. Luego, afinado el modelo, se extendió a la zona tzeltal con Los Chinchulines. Escurrió después a la zona tzotzil, Chenalhó y su paraje Los Chorros, su escenario actual sin haber cobrado (¿o revelado?) su nombre”. No tendría tiempo de revelarlo.
Camino del abismo
¿Cuándo empieza el “camino” que desembocó en el abismo de Acteal? Pudo ser aquel 8 de febrero de 1995. O el 19 de agosto de 1996, con el asesinato de seis jóvenes de Chenalhó en las simas de Chixiltón, “hecho aislado” que la prensa local atribuyó a “brujería”, y que marcaría el debut de la violencia antizapatista en el municipio tzotzil. O bien el 22 de mayo de 1997, cuando miembros del PRI quemaron nueve casas de familias zapatistas en Las Limas Chitamucum, Pantelhó, muy cerca de Chenalhó. Según informaba La Jornada (23 de mayo), “85 indígenas tuvieron que huir”. ¿O fijamos el principio al día siguiente, 24 de mayo, cuando el profesor Cristóbal Pérez Medio, representante del municipio autónomo, fue asesinado por priístas armados en Unión Yaxjemel mientras se dirigía a negociar con ellos la liberación de los primeros zapatistas rehenes? El clásico “maten al mensajero”. El gobierno nunca investigó. El cráneo y el cuerpo del maestro aparecerían por separado cuatro meses después, cuando la suerte de Chenalhó estaba echada.

REPORTAJE /A diez años de acteal
En Chenalhó, los primeros hechos que derivaron en el baño de sangre
La negativa al diálogo garantizó la vía paramilitar
Hermann Bellinghausen /II

Integrantes del grupo de Las Abejas durante uno de los actos para recordar a las víctimas de Acteal, el pasado jueves Foto: Moysés Zúñiga Santiago
En mayo de 1997 emergen en Chenalhó los primeros acontecimientos, larvados desde meses atrás, que concluirían siete meses después en la hondonada de Acteal con la ejecución de 45 personas pacíficas e inermes, mujeres y niños la mayoría.
El hecho más grave ese mes fue el asesinato de Cristóbal Pérez Medio, el día 24 en Unión Yaxjemel, cuando un grupo de priístas emboscó a una comisión del municipio autónomo de Polhó que se dirigía a negociar la liberación de tres campesinos zapatistas capturados y encarcelados en Yaxjemel. Mientras los responsables de la balacera minimizaron los hechos e insistieron débilmente en que los zapatistas pretendieron agredirlos, el concejo autónomo manifestó que el día 18 fueron “detenidos” tres bases zapatistas por negarse a “pagar” 75 pesos para una presunta brecha que ellos no aprobaban: “Los amenazaron que si no cooperaban los iban a ‘despachar’, y ellos dijeron que no, aunque los mataran no iban a cooperar porque la brecha sólo beneficiaba a los transportistas” (La Jornada, 25 de mayo).
Liberados y vueltos a apresar
Los tres indígenas pasaron dos días presos, fueron liberados por gestión del concejo de Polhó, y 48 horas después, tras reunirse priístas de siete comunidades en Yaxjemel, donde eran minoría, los volvieron a aprehender. “A dos los metieron en un horno y otro estaba amarrado a un poste”. Los autónomos demandaron su liberación al presidente municipal oficial sustituto de Chenalhó, Jacinto Arias Cruz, del PRI.
El 24 salió de la cabecera municipal autónoma una comisión de 16 personas para tal encuentro; la encabezaba el profesor Pérez Medio. Cuando llegaron a Yaxjemel, “la comunidad estaba rodeada por unos 500 del PRI y los recibieron a balazos”. Pérez Medio fue capturado al momento y ejecutado allí mismo, pero su cuerpo desapareció y a partir de entonces los priístas negarían sistemáticamente el hecho. Dos autónomos más resultaron heridos, Fidencio Guzmán Arias y José Pérez Arias.
Ocupada la comunidad por los priístas armados, unas 350 personas tuvieron que abandonar sus viviendas. El concejo de Polhó declaró al día siguiente: “La persecución se ha extendido, también compañeros de Yabteclum, Puebla y Naranjatic Alto salieron de sus parajes porque no quieren enfrentarse entre hermanos”. Desde entonces arreciaría el fenómeno de los desplazados en Chenalhó. Al principio fueron de todos los grupos involucrados, pronto serían sólo zapatistas y miembros de Las Abejas. Llegarían a ser más de 10 mil; miles siguen fuera de sus poblados 10 años después.
La autoridad municipal autónoma acusó al edil Arias Cruz de “provocar a los zapatistas porque dice que los va a acabar. Él fue quien les dio las armas a los del PRI, e incluso los compañeros dicen que los que los emboscaron eran policías de Seguridad Pública (SP) vestidos de civil”.
Dos días después, el corresponsal de La Jornada fue a Yaxjemel y encontró “una comunidad fantasma” en manos de la minoría priísta, cuyos miembros aseguraron ser ellos los agredidos (La Jornada, 28 de mayo), lo que nunca se pudo demostrar. Un simpatizante del gobierno en la vecina comunidad de Yibeljoj mencionó: “Mis compañeros del PRI me dijeron que hay tres o cuatro muertos de los ‘contrarios’ (zapatistas), tirados allí en el monte, pero nadie los ha visto. Mis compañeros vieron que los ‘contrarios’ iban por la montaña el sábado al mediodía, y como al acercarse tuvieron miedo que los atacaran, pues les dispararon y allí se armó la balacera” (que vino de un solo lado: nunca se probó lo contrario).
Dos kilómetros más adelante, en la colonia Puebla, los reporteros encontraron unos 2 mil priístas de Yaxjemel y Poconichim, refugiados “en espera de que el gobierno estatal envíe a la SP para que los defienda”. La noche del 26 la SP había entrado a Puebla y rescatado al zapatista Antonio Pérez Pérez, detenido por negarse a cooperar con los priístas para el mismo camino que atizó el problema de Yaxjemel (proyecto personal del alcalde priísta, originario de Puebla y cacique del transporte). Los refugiados priístas negaron haber visto “contrarios” muertos, mientras ellos no tuvieron ni siquiera heridos. El gobierno del estado negó los hechos.
El consejo autónomo sostuvo que el ataque había sido ocasionado por los priístas para justificar la entrada de la policía y el Ejército Mexicano, “con el fin de ir ganando terreno y cercar más a los zapatistas para que se rindan”. Ya se habían producido agresiones contra rebeldes y simpatizantes en Yabteclum, Puebla, Chimix y especialmente en Las Limas Chitamucum, en el vecino municipio de Pantelhó, pero por los mismos grupos del PRI y el llamado Partido del Frente Cardenista; éstos, después de repetidas amenazas, el 22 de mayo dispararon contra la población, quemaron nueve casas, expulsaron a 85 personas y capturaron a Alberto Gutiérrez Núñez y Mateo Hernández Sánchez, quienes participaban en el municipio autónomo (La Jornada, 23 de mayo).
El concejo autónomo de Polhó denunció el día 27 que los priístas de Yaxjemel amenazaban a los 534 zapatistas desplazados “con no dejarlos regresar” al poblado. El día 28 el concejo expresó su disposición a negociar con los priístas, pero también exigió “que apararezca Cristóbal Pérez Medio”. Ese día estaba anunciada una visita del agente del Ministerio Público (MP) a Yaxjemel “para verificar si realmente hubo un muerto” (La Jornada, 29 de mayo), pero no llegó. En cambio, 70 policías se apostaron en Puebla para “proteger a los refugiados priístas” que los habían mandado llamar.
Esto aumentó los temores de los autónomos, quienes previeron nuevos ataques “ahora que la policía ya los está protegiendo” (a los priístas), mientras éstos señalaban: “La situación está más tranquila porque nos sentimos más seguros”. Por entonces arreció la persecución contra zapatistas en Yabteclum, Chimix, Poconichim, Naranjatic Alto. Desde la colonia Los Chorros (bastión oficialista, cardenista y priísta) y el ejido Puebla comenzaron a difundirse las amenazas contra los autónomos.
Mesas de diálogo
La Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), compuesta por diputados y senadores federales, convocó a una “reunión urgente” por la “preocupante” intensificación de la violencia en Chiapas y el hecho de que no se instalaron unas mesas de diálogo anunciadas por el gobierno federal mediante el comisionado de paz, Pedro Joaquín Coldwell. El diputado perredista César Chávez, miembro de la Cocopa, expuso la alarma de los legisladores por la creciente violencia en Chenalhó, sumada a la afincada de tiempo atrás en Sabanilla, Tila y El Bosque. Chávez señaló la “respuesta negativa” del gobernador Julio César Ruiz Ferro, al impedir la instalación de las mesas anunciadas el 14 de mayo con bombo y platillo por Coldwell, comisionado del presidente Ernesto Zedillo (La Jornada, 28 de mayo).
La secretaría de Gobierno chiapaneca, mediante su delegado, Rogelio Contreras, informó el 28 de mayo que el día 31 se reunirían las partes en Yabteclum. Los priístas condicionaron que el encuentro fuera en Yaxjemel, en poder los priístas armados, mientras el concejo de Polhó aceptaba la propuesta de Yabteclum, el poblado “viejo”, entonces neutral, donde residía la autoridad tradicional de los ancianos de Chenalhó. Los priístas se negaron.
El día 28, el agente de MP Manuel Valdez había visitado Yaxjemel finalmente, para buscar el cuerpo de Pérez Medio. También fue a Naranjatic y entrevistó a los familiares del desaparecido, quienes le confirmaron que no lo habían vuelto a ver desde que acudió a la fallida negociación. Los zapatistas siempre sostuvieron que estaba muerto y los priístas lo negaron sistemáticamente. Los restos no aparecerían hasta septiembre en Poconichim.
Elementos reveladores
El día 30, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) reveló elementos para explicar tanto la escalada de los priístas como su reticencia a dialogar con los autónomos (La Jornada, 31 de mayo). Por lo demás, tal actitud la sostendrían los oficialistas hasta la última tentativa de diálogo, el 19 de diciembre de ese año, cuando la masacre de Acteal se puso en marcha para consumarse tres días después.
Mariano Arias, vocero de los priístas, desmintió las acusaciones: “Los ‘contrarios’ andan diciendo que en los alimentos que nos manda el presidente municipal (para los desplazados en Puebla) vienen las armas, pero ésos son argumentos falsos” (La Jornada, 1º de junio).
De acuerdo con nuevas evidencias (La Jornada, 31 de mayo), el CDHFBC ubicaba el origen de los hechos de Yaxjemel en un incidente ocurrido el 12 de mayo, cuando trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad llegaron al barrio de Petum Pale para cortar la energía a las familias autónomas en resistencia. Éstas se opusieron, y “decomisaron” material de la paraestatal. Luego los priístas golpearon al dueño de la casa donde se encontraba el material, que fueron a entregar al alcalde Arias Cruz. Éste, “en agradecimiento, les dio varios cartones de cerveza”.
Durante la “celebración”, afirmó el CDHFBC, el alcalde dijo a sus correligionarios “que tenían que organizarse para otras acciones, y les pidió que juntaran todas las armas disponibles”. El día 18 detuvieron a tres zapatistas en Yaxjemel; el 21 sitiaron a cuatro familias zapatistas de Puebla durante dos días; el 23 detuvieron allí a 29 familias más “que se negaban a aliarse con los priístas”, y el 24 asesinaron y desaparecieron a Cristóbal Pérez Medio.
Mayo concluyó sin ninguna negociación. En adelante, diferir, abortar e impedir las negociaciones entre oficialistas y autónomos sería la marca de fábrica de los gobiernos estatal y municipal priístas. La vía paramilitar quedó garantizada.
(Fe de erratas: En la entrega de ayer se mencionan las elecciones “de 1995” para elegir gobernador de Chiapas. Debió decir 1994.)

REPORTAJE /A diez años de Acteal
Chenalhó, laboratorio de una estrategia amplia de contrainsurgencia
En dos años se dispuso en zona chol una “guerra” dentro de la guerra
Hermann Bellinghausen /III

Momento de comulgar durante la misa del jueves pasado por los muertos de Acteal Foto: Moysés Zúñiga Santiago
Para la relación de los hechos que sacudieron a Chenalhó la segunda mitad de 1997 es necesario recordar su contexto. Chenalhó se había convertido en un laboratorio más de una estrategia amplia de contrainsurgencia, en un territorio en guerra que abarca la tercera parte de Chiapas e involucra a casi todos los indígenas de la entidad. La militarización era (y sigue siendo) abrumadora.
Iniciada en 1995, durante los dos años siguientes se organizó y activó en la zona chol de Chiapas una “guerra” dentro de la guerra, con la expansión paramilitar de la organización priísta Paz y Justicia. En 1997, mientras Chenalhó entraba en su propia espiral contrainsurgente, los asesinatos, desplazamientos y despojos proseguían en la zona norte. Ambos casos, en territorios cercados por el Ejército Mexicano y un importante despliegue policiaco.
Éxodo y saqueos
El 14 de marzo de 1997, la comunidad San Pedro Nixtalucum, municipio de El Bosque, colindante con Chenalhó, fue atacada por la policía y el Ejército, quienes mataron a cuatro indígenas zapatistas y causaron el éxodo de más de 80 familias. La policía había disparado en El Vergel, por tierra y desde un helicóptero (matrícula XC-BGC), sobre la población civil. Después saquearon Nixtalucum. Durante dos meses, los tzotziles zapatistas permanecieron desplazados, mientras las policías federal y estatal y el Ejército, posicionados dentro y en torno a esa comunidad, “convivían” con los priístas del lugar, quienes dejaron de trabajar el campo, se adueñaron del poblado, sembraron mariguana (según se comprobó después) y recibieron adoctrinamiento y adiestramiento militar.
Igual sucedía en Sabanilla y Tila, y sucedería pronto, de manera brutal, en Chenalhó. Algún día habrá que explicar por qué en unas partes funcionó la formación de grupos paramilitares y en otros, como El Bosque, no. Por ello, cuando el gobierno decidió atacar el municipio autónomo San Juan de la Libertad en 1998, serían directamente tropas federales y policías.
El 17 de mayo de 1997, una marcha de 4 mil civiles zapatistas acompañó el retorno de los desplazados a Nixtalucum, y pareció cerrarse ese capítulo (La Jornada, 18 de mayo). Al otro día arrancó la agresión contra zapatistas en Yaxjemel. En las semanas siguientes se revelará otro grupo paramilitar en Ocosingo y Oxchuc, el Movimiento Revolucionario Indígena Antizapatista (MIRA), cuya existencia jamás fue admitida por las autoridades y en buena medida fue un fracaso.
En algún momento imposible de fechar, durante la primavera de 1997, las comunidades identificadas como “priístas” o “cardenistas” (en referencia al Partido del Frente Cardenista que por entonces existía, sin relación con el cardenismo histórico y menos aún con el de Cuahutémoc Cárdenas, quien ese mismo año ganaría las elecciones para gobernar la capital del país), comenzaron a llamar “el contrario” y “los contrarios” a las familias y comunidades que se habían unido al municipio autónomo de Polhó, como bases de apoyo del EZLN o miembros de organizaciones civiles más o menos perredistas, cuando su partido era de oposición en un estado controlado hasta 1994 por numerosos cacicazgos, indígenas o mestizos según la región, pero siempre priístas.
El “contrario” en muchos pueblos del país es el “demonio”. El giro idiomático, inusual en Chenalhó, al parecer fue inducido por quienes aplicaron la estrategia contrainsurgente, y representa una de las primeras adaptaciones locales de los preceptos de la guerra de baja intensidad: ahondar las diferencias, demonizar al otro, deshumanizarlo. Así es más fácil dañarlo.
Las informaciones de la época, incluso en los medios oficialistas, nunca fundamentaron convincentemente que los conflictos en Chenalhó, que se fueron sumando y complicando, se originaban en agresiones de “los contrarios” (zapatistas) contra los oficialistas. Las “emboscadas” de los primeros apenas se pudieron probar; los verdaderos enfrentamientos, que no fueron la regla, se debieron a ataques de paramilitares y respuesta defensiva de los zapatistas; los desplazamientos de familias del PRI y cardenistas obedecían al temor a ser agredidos, mientras los zapatistas, perredistas y Abejas eran perseguidos y tiroteados, sus casas quemadas y sus propiedades robadas o destruidas.
El argumento de que los zapatistas “despojaban” a los oficialistas de sus tierras no se sostiene ante la evidencia, entonces y hasta la fecha, de que ellos fueron los verdaderos despojados en las comunidades de donde salieron. Los desplazados priístas y cardenistas retornarían en poco tiempo, escoltados y protegidos por la policía, y ya no debieron desplazarse. La versión de que éstos se organizaron para “autodefenderse”, propalada entre otros por la Procuraduría General de la República (PGR) en su libro blanco (1998), fue una construcción posterior, que buscaba “explicar” la matanza de Acteal y los múltiples episodios previos, aportando versiones que durante 1997 nadie se molestó en demostrar. La táctica de los grupos armados, y de los gobiernos municipal, estatal y federal, había sido “negar todo”, sin insistir en demostrar las versiones de su lado. Les bastaba con desdeñar, acusar y difamar a “los contrarios”, a los defensores de derechos humanos y los periodistas independientes. Su “verdad” comenzó a preocuparles después del terrible desenlace, que los confrontó con la responsabilidad penal.
Violencia administrada
El verano de 1997 se anuncia con declaraciones del gobernador Ruiz Ferro minimizando el tema chol como “conflicto entre dos grupos de siete ejidos” (La Jornada, 2 de junio), mientras el obispo de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz García, acusaba: “Todo apunta a concluir que la violencia en la zona norte es ‘administrada’ por las fuerzas de seguridad pública”. Las autoridades consideraban “religioso” el conflicto, y culpaban a la diócesis católica. Ruiz García insitía en el carácter “político” de aquella violencia. Para Chenalhó también se intentarían explicaciones “religiosas”, sobre todo después de Acteal; hoy sólo los abogados de los paramilitares presos actúan con ese enfoque.
El 2 de junio se suspendió por segunda ocasión el diálogo entre los municipios autónomos de Polhó y el oficial de Chenalhó, pues los representantes del segundo no se presentaron en Yabteclum, donde era la cita. Inesperadamente, el día 3 se encontraron al fin las partes en esa comunidad. Avanzaban en un “acercamiento” y convenían respeto mutuo y libertad de tránsito, cuando irrumpió en un helicóptero el subsecretario de Gobierno Uriel Jarquín; su presencia no había sido acordada y abortó la reunión (La Jornada, 4 de junio).
El día 5, las autoridades autónomas del vecino municipio de San Andrés denunciaron: “Ha aumentado la presión militar en los Altos. Hacen diario patrullajes desde hace 10 días” (La Jornada, 6 de julio), así como vuelos rasantes. Relataron: “Entran en los pueblos, se entrenan dentro de los pueblos”, y aseguraron que las tropas adiestraban a los priístas. “Recibimos información de que ya hay guardias blancas en los Altos. Ya tienen radios para comunicarse entre ellos.”
Poco después ocurrió un incidente a 400 metros de Acteal, que aún no tenía campamentos de desplazados. El día 9, la Subprocuraduría de Justicia del estado informó de una “emboscada” a un camión de Seguridad Pública, “atacado por zapatistas”. Según pobladores de Pechiquil, hubo una detonación y entre 70 y 100 balazos. El municipio autónomo de Polhó dijo que los policías dispararon bombas y tiros “sin haber ningún problema” (La Jornada, 10 de junio). Diez indígenas fueron golpeados a culatazos, dos fueron detenidos por la policía y luego arrojados del camión al camino. Ese día, unos 200 desplazados de Yaxjemel, miembros de Las Abejas y refugiados en Yibeljoj, se disponían a retornar a sus casas. La “emboscada” los disuadió.
Provocación para la militarización
Al día siguiente, los pobladores de Acteal negaron la “emboscada” y afirmaron que la acción “fue premeditada para provocar más conflictos y justificar la militarización de nuestros parajes” (La Jornada, 11 de junio). Los pobladores y desplazados en Polhó, a pocos kilómetros, “ya querían huirse por el miedo”, dijo Javier Ruiz Hernández, secretario del concejo autónomo. En un boletín, la Coordinación de Comunicación Social del gobierno de Chiapas reiteró que los policías fueron “agredidos por desconocidos”, con saldo de dos agentes lesionados. “Los desconocidos arrojaron botellas con gasolina y mecha”, decía el boletín, contradiciendo a la subprocuraduría de Justicia que la víspera aseveró que los presuntos atacantes habían disparado. Según la gente de Acteal, la versión oficial era “falsa”, pues “los mismos policías tronaron bombas y tiraron balazos para amedrentarnos”.
Un día después, el ayuntamiento oficial de Chenalhó se reunió en Pantelhó con el gobernador Ruiz Ferro y el secretario de Desarrollo Social, Carlos Rojas Gutiérrez (La Jornada, 12 de junio). El juez Antonio Pérez Arias, vocero del municipio oficial, insistió en que el gobierno enviara más policías a las comunidades, y pidió la intervención de las comisiones Nacional de Intermediación (Conai) y de Concordia y Pacificación (Cocopa). En tanto, el municipio autónomo denunció que en Yabteclum, unos 50 priístas armados agredieron la casa de Rosa Gutiérrez “y se llevaron a uno de sus hijos a la cabecera municipal”.
En las semanas siguientes, la primera petición del ayuntamiento oficial sería satisfecha: en las comunidades y caminos de Chenalhó, cientos de policías instalaron campamentos que devendrían permanentes, escudarían el retorno de los priístas y frentecardenistas desplazados y el inmediato despojo de las casas y cafetales de los ausentes zapatistas, perredistas y Abejas. Así aparece un nuevo actor visible en las comunidades de Chenalhó en poder de priístas: la policía.
A DIEZ AÑOS DE ACTEAL
Sostiene que desconoce las acusaciones que lo hacen responsable de la matanza
Estoy triste por los 45 indígenas muertos, pero la PGR actuó con seriedad: Zedillo
Durante una conferencia en Madrid, el ex mandatario debió enfrentar preguntas de la prensa sobre el tema
Armando G. Tejeda (Corresponsal)
Madrid, 6 de noviembre. El ex presidente de México Ernesto Zedillo, quien gobernaba el país durante los trágicos días de la matanza de Acteal, defendió la investigación que llevó a cabo la Procuraduría General de la República (PGR) durante su mandato, al tiempo que dijo recordar con “tristeza” la muerte de los 45 indígenas, incluidos niños y mujeres embarazadas, que fueron acribillados entonces por un grupo paramilitar.
Al ex mandatario mexicano, de visita en Madrid para la entrega de los premios anuales de la Fundación Averis, le persigue la sombra de Acteal, episodio que ensombreció los tres últimos años de su gestión y en el que hasta la fecha no se han despejado las dudas sobre la participación directa o indirecta de los aparatos del Estado mexicano, entonces bajo su responsabilidad.
“No tocaré temas de actualidad”
Zedillo acudió a una conferencia de prensa en el Casino de Madrid, con la condición de que no se le preguntara nada relacionado con la política mexicana ni de cuestiones de “actualidad”. A pesar de sus reticencias a responder a cuestiones que afectan su condición de ex presidente, como la posibilidad de que éstos pierdan la inmunidad de la que han gozado para someterse a investigaciones judiciales y parlamentarias –como está ocurriendo con Vicente Fox–, Zedillo no pudo evitar las interrogantes sobre la matanza de Acteal.
–Está próximo el décimo aniversario de la matanza de Acteal, que ocurrió durante su mandato como presidente de México y en lo que está todavía sin esclarecer la participación del Estado mexicano. ¿Cómo recuerda aquellos días?
–Recuerdo este evento (sic) con mucha tristeza y también recuerdo que el procurador general de la República llevó a cabo unas investigaciones serias, que discutió públicamente y que documentó acuciosamente. Y ojalá que la gente que tenga interés sobre este tema acuda al trabajo tan serio y profesional que en su época hizo la PGR y que atrajo casi inmediatamente. Pero mi conclusión es que es algo que todavía debe entristecernos y que debemos seguir lamentando todos.
–Diversas personas y colectivos señalan a su gobierno y a usted mismo como los responsables de la matanza, como apuntó recientemente el obispo Raúl Vera, quien consideró que usted debería ser sometido a juicio por genocidio. ¿Qué opina sobre esto?
–No conozco esas acusaciones, así que no puedo comentar sobre esa materia. Es la primera vez que escucho tal cosa, así que disculpe si no conozco el tema no opine sobre él. De lo que estoy seguro es que el gobierno de la República, la PGR, se comportó con absoluta seriedad, imparcialidad y profesionalismo en ese momento.
“Básicamente lo que me propongo, durante mi ponencia, es enfatizar que nuestros países han experimentado avances muy significativos desde aquellas difíciles épocas en que experimentamos profundas crisis financieras y cambiarias, cuando nuestros países tenían tasas de crecimiento del PIB muy menores y algunas veces erráticas. Y que los procesos de reforma que se emprendieron hace algunos años, y que en algunos casos continúan, han logrado estabilidad financiera que no habíamos conocido, una relativa estabilidad de precios si recordamos que apenas en 1990 la tasa de inflación promedio en la región fue de casi el 600 por ciento y que ahora se sitúa alrededor del 5. Y esto en un contexto de crecimiento promedio en la región también de 5 por ciento y además comenzando a ver que los índices de pobreza disminuyen y que además la distribución del ingreso comienza a mejorar en algunos de los grandes países de América Latina, como Brasil y México.
“Todo esto es muy satisfactorio. Pero también lo que quiero observar es que nuestra brecha en ingreso per cápita en relación con los países con los que preferimos compararnos es una brecha que todavía existe y que de hecho no hemos podido abatir de manera significativa. Y eso sugiere que tenemos todavía retos importantes en el campo de las reformas económicas, pero yo diría que de manera muy especial en el campo de las reformas institucionales. Me parece que el catálogo de políticas económicas que pudieran perfeccionarse en América Latina es muy amplio, así que es casi ocioso dictar ese catalogo.
“Para mí lo fundamental en este momento es abocarnos en mejorar nuestras instituciones y, de manera señalada, aquellas que tienen que ver con el estado de derecho. Desde mi punto de vista, el reto fundamental que tenemos prácticamente todos los países es el fortalecimiento del estado de derecho. Si nos abocamos a fortalecer, a ser más expeditos y más justos nuestros sistemas de justicia, esto puede tener enormes rendimientos en materia de desarrollo económico. Todos los indicadores que yo conozco de los diversos aspectos de la justicia en América Latina, salvo en el caso excepcional de Chile, muestran claras deficiencias.
“Esto, además, creo que nos colocaría en una mucho mejor situación para tomar ventaja de las oportunidades que nos está ofreciendo esta era de la economía global, y que de alguna manera América Latina no está aprovechando en la medida en que lo están haciendo otros países y otras regiones del mundo. Seguimos rezagados en relación no solamente con los países altamente desarrollados, sino en relación con otros países emergentes. Podríamos tener tasas de crecimiento mucho más altas y economías que atendieran de manera más rápida los rezagos sociales si nos interesásemos más decididamente en la economía global de mercado. Pero va a ser muy difícil que lo hagamos si no atendemos este tema de justicia y de fortalecimiento del estado de derecho.”
Brechas sociales, a pesar de las buenas cifras macroeconómicas
“Yo señalaba dos cosas: una, que nuestra brecha de desarrollo y crecimiento respecto de los países con los que nos gusta compararnos desgraciadamente no la hemos cerrado. Y desgraciadamente también esto tiene una dimensión humana muy importante, y es que el progreso que hemos hecho en abatir la pobreza en nuestra región es insatisfactorio. Hemos logrado reducir en alguna medida los índices de pobreza, pero de ninguna manera los índices de pobreza que hoy tenemos en América Latina son aceptables. Todavía tenemos una proporción muy elevada de nuestra población, prácticamente 40 por ciento, que vive en condiciones de pobreza. Además, la concentración del ingreso, que tradicionalmente ha sido muy mala en América Latina, continúa siendo mala, queriendo decir que tenemos una riqueza altamente concentrada.
“Precisamente yo vinculo este tema con el estado de derecho, porque el tema de la pobreza se resuelve en parte con mayor crecimiento económico. Esto es necesario pero no suficiente, debemos tener políticas que nos permitan una mayor inclusión de quienes han estado marginados de este proceso de crecimiento. Y parte de la respuesta a este tema de la inclusión tiene que ver con la justicia. Es complicado, pero vale la pena discutir. Por ejemplo, el principio de igualdad ante la ley no es realmente un principio que esté vigente en la práctica en nuestros países.”
Populismos
“Hace dos años había analistas externos que hacían proyecciones catastróficas respecto del futuro político y económico de América Latina, cuando estábamos a punto de iniciar un ciclo de elecciones. Lo que hemos visto ahora es que esas predicciones catastróficas de la debacle política y económica no se han producido.
“Hemos visto que, en general, los gobiernos enfrentan con seriedad las restricciones de la economía, que tratan de jugar de acuerdo con las circunstancias constitucionales en cada país. Hay excepciones, pero el balance ahora continúa siendo positivo.”
–En relación con el fortalecimiento del estado de derecho, me gustaría conocer su opinión sobre la comisión de investigación que se ha abierto al ex presidente Vicente Fox Quesada. ¿Qué opina de este tipo de procesos?, ¿cree que ni siquiera los ex mandatarios deben gozar de inmunidad?
–Yo estoy hablando solamente sobre lo relativo a reformas estructurales, no de circunstancias particulares. Por lo tanto, ese no es un tema del que me interese dar una opinión –contestó el ex presidente de México.
Corrupción y narcotráfico
“Obviamente la corrupción es un tema de estado de derecho. Por definición, corrupción es desapego al estado de derecho. Y cuando digo que tenemos serias deficiencias, obviamente me refiero a la corrupción, pero además muchos otros temas. Es la seguridad física de las personas, es el rubro de los derechos de propiedad, de la igualdad ante la ley, y la corrupción es un ejemplo más del desapego al estado de derecho. Esto tiene que ver por un lado con la incapacidad del sistema de justicia de funcionar cuando hay una patente de evidente desviación; por otro lado, tiene que ver con otras características institucionales, con el conjunto de reglas e incentivos que hacen propicia la corrupción. Ese es un tema que tiene que atacarse por los dos lados; por uno, asegurarnos que se haga valer el estado de derecho, y por otro ver cuáles son los sistemas que favorecen esas conductas de corrupción.”

REPORTAJE / A diez años de Acteal
La marcha de los 1,111 frenó algo la violencia; faltaba agosto
En 97, la contrainsurgencia abortó la paz en Chenalhó
Hermann Bellinghausen / IV

Las actividades de contrainsurgencia en Chenalhó se incrementaron a mediados de 1997. Fue el preludio de la matanza de 45 tzotziles en Acteal, en diciembre del mismo año Foto: Carlos Cisneros
A mediados de junio de 1997 Chenalhó ya es un escenario de activa contrainsurgencia. La asignación de recursos oficiales, que fluyen en abundancia, está detonando conflictos comunitarios. Como en otras comunidades, en Saclum y Matzeclum se amenaza con expulsar a las familias de los dos municipios autónomos que abarcan Chenalhó: Polhó y Magdalenas La Paz.
En la cabecera de San Pedro Chenalhó, un priísta de nombre Mariano (pidió omitir su apellido), poblador de Saclum, declaró: “Nos dijeron que iban a repartir el dinero, con la condición de que lo solicitaran todos de la comunidad. Les dijimos que los zapatistas no iban a aceptar, y nos repitieron que ‘todos’. Entonces preguntamos que qué hacíamos si no aceptaban, y nos dijeron ‘pues córranlos, o los obligan’” (La Jornada, 14 de junio*).
“Tenemos diferencias, sí, pero llevamos tres años viviendo desde que comenzó el problema de los zapatistas y sólo ahora, con la obligación para un programa del gobierno, nos obligan a pelear”, agregaba el hombre de Saclum, comunidad ubicada al oeste del municipio, en el extremo opuesto de la zona donde finalmente “prendió” la paramilitarización y en cuyo corazón geográfico se encuentra Acteal. El edil Jacinto Arias Cruz había solicitado, en nombre de “todo el municipio”, la presencia de la policía. Mariano advirtió a La Jornada que al menos en Saclum no era así. “No queremos más problemas entre hermanos”.
Aquí no pasa nada
Ese día estuvo en Chenalhó el senador priísta Sami David en un acto proselitista (pues se avecinaban elecciones de diputados federales), en un ambiente de “aquí no pasa nada”. Poco antes, el secretario de Desarrollo Social, Carlos Rojas, de gira por Chiapas, había asegurado que la inversión social no se orientaba a la contrainsurgencia. También visitó la entidad, por segunda vez en 15 días, el secretario de la Defensa Nacional, Enrique Cervantes Aguirre (13 y 14 de junio).
En ese momento ya se calculaba en mil 200 el número mínimo de desplazados zapatistas y simpatizantes (sólo de Yaxjemel y Yabteclum eran 534 y 527, respectivamente). En Polhó, el consejo autónomo recordaba que antes, en Chenalhó, cuando había conflictos, “en vez de encender el fuego” lo aplacaban negociando (16 de junio). Las cosas cambiaron desde un año atrás, cuando renunció el alcalde oficial Manuel Arias Pérez y lo sustituyó su secretario Jacinto Arias Cruz. Ahora, éste “es el que desbarata, insiste en que haya enfrentamiento”.
La caída del edil electo se debió al primer crimen contra zapatistas, cuando la noche del 19 al 20 de agosto de 1996 una turba de priístas ebrios “capturó” a seis jóvenes zapatistas en una posada de la cabecera municipal, los linchó y arrojó sus cuerpos en la sima de Chixiltón. Hubo tres detenidos por los asesinatos, que salieron libres tiempo después. También por entonces renunció, “por motivos personales”, el secretario estatal de Atención a los Pueblos Indios, el conocido escritor pedrano Jacinto Arias Pérez (homónimo del nuevo alcalde priísta y primo del anterior). Estaba inconforme con lo que pasaba y prefirió hacer mutis (Suplemento Masiosare, 28 de diciembre). Algo estaba pasando en San Pedro Chenalhó. El grupo oficialista dominante era desplazado por gente nueva, más agresiva y desarraigada (como documentarían más adelante Andrés Aubry y Angélica Inda en La Jornada).
En Yabteclum se saqueaban las casas de los desplazados zapatistas. El consejo de Polhó refirió el caso de Felipe Gómez Gómez, priísta, quien en vez de participar en un ataque contra simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) “se quedó dormido” en su casa. “Les dio coraje a los del PRI que no obedeciera. Lo fueron allanar la casa del muchacho y lo llevaron preso a Chenalhó. Y (eso que) es uno de ellos” (17 de junio). Las explicaciones oficiales del conflicto por “fundamentalismo religioso” disfrazaban la realidad; se trataba de un nuevo fundamentalismo ejercido con el presupuesto.
Presiones contra Las Abejas
En tanto, Las Abejas denunciaron que los priístas los “presionaban” para votar por el partido oficial. En diversas reuniones pretendían obligarlos “a sacar sus credenciales” y volver al PRI. Yabteclum, el “pueblo viejo” del municipio, punto de encuentro entre autónomos y priístas, fue devorado por la marea contrainsurgente tras ser expulsado medio millar de zapatistas (18 de junio).
La militarización crecía en Ocosingo y Altamirano, con la llegada de 3 mil soldados más (19 de junio) y la “guerra” del grupo paramilitar Paz y Justicia escalaba nuevamente en Tila y Sabanilla; en Emiliano Zapata y Shushupá, entre los días 22 y 24 fueron asesinados ocho simpatizantes zapatistas, y heridos muchos más, luego de que Juan López Jiménez, dirigente de Paz y Justicia, fue asesinado en Pasijá el día 15 (24, 26 y 27 de junio). Los simpatizantes del EZLN se encontraban sitiados por Paz y Justicia en 14 comunidades de Tila y Sabanilla y era inminente una nueva oleada de desplazados.
El día 26 el gobierno oficial de Chenalhó detuvo en Yabteclum a los simpatizantes zapatistas Fidencio Ruiz y Ernesto Gómez, responsabilizándolos de la desaparición de Manuel Takiumut, un mes atrás. La aprehensión fue mientras se efectuaba allí mismo una reunión más de acercamiento entre autónomos y priístas. “Estaban a punto de llegar a un acuerdo para que más de mil desplazados pudieran retornar” cuando se dio la captura (27 de junio) y se interrumpió el diálogo. Una vez más.
Protesta por falta de créditos
Un día después, la sociedad cooperativa de productores de Bajxulum envió una carta al gobierno federal anunciando que en 21 comunidades de Chenalhó sus socios no votarían el 6 de julio, “y menos por el PRI”, pues los productores no habían recibido los créditos ofrecidos y presumían que “alguien cobró” por ellos millón y medio de pesos. Argumentaron “falsas promesas, engaños y mentiras” (28 de junio). Versiones posteriores indicarían que ese dinero se destinó a la compra de armas.
El EZLN anunció, a su vez, que las comunidades rebeldes no votarían en protesta por la militarización, “el ambiente de guerra promovido por el gobierno y el incumplimiento de los acuerdos de San Andrés”. El subcomandante Marcos escribió en un comunicado: “¿Con qué cara exigirles (a las comunidades) que voten si ni siquiera viven en condiciones normales? ¿Se les puede pedir que aparenten una normalidad ciudadana un día y regresen al terror cotidiano el resto del año?” (3 de julio).
En tanto, representantes de comunidades zapatistas de Chenalhó y San Andrés (dentro del municipio autónomo Magalenas La Paz) exigieron cancelar la formación de grupos paramilitares y el retiro del Ejército federal. Indígenas de las comunidades Atzamilhó, Saclum, Xux’chen, San Pedro Cotzinam y Aldama aseguraron que priístas armados “están planeando y uniendo sus fuerzas para provocar enfrentamientos” (2 de julio).
Rebeldía y abstencionismo
La víspera de las elecciones marcharon en San Andrés 2 mil zapatistas anunciando que impedirían los comicios. Realizaron un acto contra el gobernador Julio César Ruiz Ferro “por mantener una amplia campaña de desprestigio contra el EZLN” y “distorsionar” la información para enfrentar a los pueblos (6 de julio). Los desplazados de Tila, Sabanilla y Tumbalá tampoco estaban en condiciones de sufragar.
El domingo 6 de julio, las elecciones federales en Chiapas registraron el mayor abstencionismo del país; no votó 65 por ciento y unas 600 casillas no fueron instaladas. Hubo quema o retiro de urnas en Chenalhó, San Andrés, Tenejapa, El Bosque, Ocosingo, Altamirano, Las Margaritas, Amatenango del Valle y Pantelhó, y en muchos otros municipios indígenas faltaron casillas y, sobre todo, votantes. En la zona norte, Paz y Justicia “controló” las elecciones para que sólo participaran los priístas. En Yabteclum (Chenalhó) fueron expulsados los observadores de Alianza Cívica, y “sólo votaron los del PRI” (7 de julio).
Agresión inminente
Poco después, el presidente municipal autónomo de San Andrés, Juan López González, alertó sobre una posible agresión de policías y grupos paramilitares cuyo centro de operaciones era Santiago el Pinar (10 de julio). En los caminos de los Altos se veían pintas como: “Somos Máscara Roja, si nos quieres conocer nos vemos en el infierno” y “Ya no estamos engañados, estamos para salir”.
Al otro día, la policía de Seguridad Pública detuvo en Santiago el Pinar, donde había un campamento del Ejército federal, a siete priístas armados (cuatro de ellos menores de edad) con pistolas 3.80 y 38 especial, así como cartuchos para AK-47 (cuerno de chivo) y otros calibres. Los detenidos participaban en un bloqueo carretero con otras 40 personas (11 de julio). Esto confirmaba las reiteradas acusaciones de la existencia de grupos civiles armados en San Andrés y Chenalhó, pero no tuvo ningún efecto.
Ante la situación en Chiapas, el EZLN inició una estrategia hacia fuera, para llamar la atención del país y del mundo de lo que sucedía en las comunidades. Las protestas a escala local eran ignoradas. El 21 de julio se levantó un plantón frente al palacio de gobierno en Tuxtla Gutiérrez, donde unos 300 representantes de los desplazados de la zona norte habían permanecido ¡87 días! demandando inútilmente al gobernador Ruiz Ferro el cese de la violencia para que los desplazados pudieran retornar a sus comunidades.
El EZLN anunció que del 25 de julio al 3 de agosto dos delegados suyos asistirían al segundo Encuentro Intercontinental (Intergaláctico) en cinco localidades del Estado español. En agosto, los rebeldes anunciaron una marcha de mil 111 bases zapatistas a la ciudad de México para septiembre, mientras otros dos delegados indígenas viajarían a Venecia y Roma. Estas iniciativas civiles frenarían pasajeramente la violencia paramilitar, la cual recrudecería brutalmente en la segunda mitad de septiembre. Pero aún faltaban los relámpagos de agosto.
* Todas las fechas entre paréntesis corresponden a la publicación de las citas en La Jornada

REPORTAJE / A diez años de Acteal
“Retiro” de campamentos y agresiones contra zapatistas
La “estrategia” oficial que desembocó en desastre
El 22 de septiembre ocurrió un hecho que serviría a la PGR y a autores oficiosos como explicación de la matanza que ocurriría tres meses después en Acteal: “un conflicto intercomunitario” por la “disputa de un banco de arena” en Majomut, barrio de Polhó
Hermann Bellinghausen / V

El 30 de diciembre de 1997 se llevó a cabo el sepelio del bebé Pedro Arias Pérez, quien nació en Chimix y sólo tenía 27 días de haber nacido cuando sus padres se vieron obligados a desplazarse a Acteal, debido a las acciones de contrainsurgencia que desarrollaban en la zona grupos paramilitares Foto: Carlos Cisneros
En agosto de 1997, de manera inesperada, el Ejército federal hizo cambios significativos en los territorios indígenas de Chiapas. Pareció un retiro. Los medios informaron de una “reducción de tropas y desmantelamiento de campamentos en tres regiones”, y el relevo de “unos 5 mil militares de Ocosingo, Las Margaritas y Altamirano” (La Jornada, 18 de agosto)*. “Previo al tercer Informe de gobierno del presidente Ernesto Zedillo y en una acción sin precedente desde 1994, el Ejército destruye sus propios asentamientos y retira tropas de siete campamentos en los Altos, la zona norte y la selva”, prosigue la información. El gobierno federal abrió también los frentes económico y diplomático para divulgar que en Chiapas había paz, atención a los pueblos y respeto a los derechos humanos.
El presidente municipal autónomo de San Andrés, Juan López González, se mostró sorprendido y optimista: “¿Nos quiere decir el gobierno que quiere regresar a los diálogos de paz?” Antes de 24 horas, el general Mario Renán Castillo Fernández, comandante de la séptima Región Militar, ofreció la respuesta al informar que el Ejército “puso en marcha un reajuste en su dispositivo militar, pero de ninguna manera significa el retiro de tropas” (19 de agosto).
En San Andrés, las posiciones en San Cayetano, Jolnachoj y Santiago El Pinar, retiradas la víspera, sí “fueron removidas”, según el general, pues “salían sobrando”. Ello, no obstante que las dos primeras rodeaban Oventic y la tercera estaba cerca de Chenalhó, donde la violencia paramilitar y el problema de los desplazados se agudizaban.
Desde la séptima Región Militar, en Tuxtla Gutiérrez, el general Castillo Fernández comandaba decenas de miles de soldados que ocupaban los Altos, la selva y la zona norte. Además, tenía bajo su mando 12 grupos de la Fuerza de Tarea Arcoris, creados a raíz del levantamiento zapatista, “un equipo único en todo el país” (11 de agosto). Como única era considerada la concentración de tropas en esa circunscripción.
Rechazo a la militarización
El 22 de agosto, el EZLN reitera que, “en demanda del cumplimiento de los acuerdos de San Andrés y en contra de la militarización de las zonas indígenas, marchará a la ciudad de México con mil 111 pueblos zapatistas”. El 23, en lo que parece un cambio de planes, el Ejército intenta restablecerse en San Cayetano, donde había destruido sus instalaciones. El 24 se suscita una confrontación entre indígenas sin armas y unos 250 soldados. “Centímetros dividen a los efectivos del Ejército –entre ellos tropas de elite transportadas en helicóptero– y los zapatistas desarmados, que repudiaban a gritos su presencia; los calificaban de ‘asesinos, defensores del mal gobierno’, tocaban sus armas y les palmeaban la quijada con una expresión retadora: ‘soldadito’” (25 de agosto).
“La tensión aumentó cuando arribaron cuatro helicópteros que transportaban fuerzas de elite con fusiles de asalto R-15”. Un tzotzil espetaba a un soldado “visiblemente nervioso”, con un “dispárame de una vez”. La protesta se extendió hasta las bases militares de Puerto Caté y San Andrés. El Ejército había decidido “recuperar las tres estratégicas posiciones contrainsurgentes –San Cayetano, Jolnachoj y Santiago El Pinar–, que quemó y abandonó el pasado 12 de agosto”, añade la nota. Eventualmente, el Ejército se reinstaló allí, y sólo la base de Jolnachoj sería retirada tres años después.
El primero de septiembre de 1997, el presidente Zedillo rinde su tercer Informe, con una tumultuosa danza de cifras y cuentas alegres que no le dejan espacio para mencionar el conflicto de Chiapas. Su silencio fue considerado “preocupante” por el diputado perredista Gilberto López y Rivas (2 de septiembre). El dirigente nacional del PRD, Andrés Manuel López Obrador, señaló que “fue una omisión deliberada”, pues era un tema “obligado a tratar ante el Congreso de la Unión”. Hasta el Partido Verde Ecologista se extrañó: “es una gran omisión, que confirma el poco interés que tiene el Presidente en la solución del problema” (4 de septiembre).
El 9 de septiembre, delegados de los mil 111 pueblos zapatistas salen de San Cristóbal de las Casas rumbo a la ciudad de México, que estrena como jefe de Gobierno a Cuauhtémoc Cárdenas, triunfador en las elecciones de julio. La conflictividad de Chenalhó entra en un relativo impasse. En las comunidades dominadas por los paramilitares sube la presión contra zapatistas y simpatizantes, y hasta contra priístas que no aceptan agredirlos.
Al paso de la marcha por Oaxaca, el “compañero Isaac” lee un mensaje del EZLN: “Desde que está el Ejército dentro de nuestros pueblos estamos en la inseguridad, porque ellos entrenan y protegen guardias blancas que han sido causa de enfrentamientos y están dejando viudas, huérfanos, encarcelados y desaparecidos” (11 de septiembre).
Mientras los zapatistas prosiguen su marcha a la capital del país, se suceden declaraciones de la clase política. El dirigente del Partido Acción Nacional, Felipe Calderón Hinojosa, se declara “respetuoso del derecho de expresión pública” de los rebeldes, pero “no podemos darles la bienvenida mientras no dejen las armas y la clandestinidad” (12 de septiembre). El dirigente del blanquiazul rechazó “las autonomías indígenas superiores (sic) a los municipios y los estados”, y deploró la actuación del gobierno zedillista frente al conflicto de Chiapas. El incumplimiento de las “legítimas demandas de los pueblos indígenas” los ha mantenido “en el atraso, la marginación y la miseria”.
El día 13, la marcha zapatista llega al Zócalo capitalino y es recibida por una multitud entusiasta. El secretario de la Defensa Nacional “saluda” la marcha y el presidente Zedillo se pronuncia por el diálogo “y no la vía de las armas” (14 de septiembre).
Agresión en Los Chorros
Tras 11 días de marcha, los mil 111 zapatistas regresaron y fueron festejados en San Cristóbal de las Casas por miles de bases de apoyo del EZLN el 19 de septiembre. Ese mismo día, los priístas de Los Chorros queman 60 casas y 150 personas se refugian en Naranjatic Alto. En Los Chorros quedan “detenidos” seis miembros de Las Abejas (20 de septiembre).
El concejo autónomo de Polhó denunció que los priístas armados amenazaban con atacar Naranjatic y Yibeljoj “para acabar con esos cabrones” (los desplazados). Portando “armas de grueso calibre” hicieron disparos en las inmediaciones de Yibeljoj “para atemorizar a nuestros compañeros”. Así, de golpe, volvía la violencia a Chenalhó.
La disputa por el banco de arena
El día 22 sucede el hecho que después de la masacre de Acteal serviría a la Procuraduría General de la República y a autores oficiosos como “explicación” de la matanza que ocurriría tres meses después: un “conflicto intercomunitario”, la “disputa por un banco de arena” en Majomut, barrio de Polhó. Un grupo de Los Chorros, comunidad ubicada a unos 10 kilómetros, se ostentaba como propietario del banco de arena desde dos años atrás, cuando el gobierno lo “compró” y dio a los priístas (23 de septiembre). La historia de esa disputa data de los años ochenta.
Los zapatistas, considerando la mina dentro del municipio autónomo (de hecho, en terrenos de la cabecera autónoma de Polhó), desde abril habían comenzado a extraer grava. Ese 22 de septiembre pierden la vida Joaquín Vázquez Pérez y Mariano Vázquez Hernández, de Los Chorros, parte de un grupo de unos 30 priístas armados que llegaron el día 21 a preparar el arribo de un destacamento de policía. También murieron dos zapatistas: Agustín Luna Gómez (quien había participado en la marcha de los mil 111) y Antonio Pérez Castro. “Las represalias contra simpatizantes del EZLN comenzaron esa misma tarde” cuando la policía detuvo y golpeó a Vicente Ruiz “porque no portaba credencial del PRI”.
Representantes de 12 municipios zapatistas denunciaron que los ataques eran “la respuesta del gobierno a la marcha”. Mientras los priístas los acusaban “del asesinato de sus compañeros”, en una situación “muy tensa” los desplazamientos estaban “a la orden del día en diversos parajes” (24 de septiembre).
Los autónomos manifestaban que los paramilitares, “en coordinación con la policía y pagados por el gobierno, se van metiendo en las comunidades para desalojar, quemar viviendas, robar, perseguir y asesinar a los simpatizantes del EZLN y el PRD que están desarmados. Pero ya no nos vamos a dejar”.
* Todas las fechas entre paréntesis corresponden a citas de notas publicadas en La Jornada