AGRAVIO A LA SOCIEDAD

Carlos Montemayor

La violencia de Estado agravia a la sociedad. Es insultante que la policía y el ejército, que debían servir de custodios de la libertad, priven precisamente de la libertad a ciudadanos inocentes e inermes. Agravia que el Ministerio Público, que debe asegurar la procuración de la justicia, pisotee los derechos de los ciudadanos. Se agravia a la sociedad cuando los jueces encarcelan, procesan y condenan injustamente en vez de fungir como garantes de la justicia en la sociedad entera. Es el mayor agravio que las autoridades políticas repriman y dejen una estela sangrienta en la sociedad a la que debían servir, proteger y salvaguardar. Estos agravios son injustificables en la conducta del ejército, cuerpos policiacos, jueces y autoridades políticas en los casos aberrantes de desprecio a los derechos humanos y civiles de los campesinos, carpinteros, profesores y regidores Loxichas aprehendidos en el año 1996 y que en 2008 siguen defendiendo su dignidad e integridad moral y social. No hay justificación ni dignidad en ninguna autoridad cuando la violencia de Estado se vuelve contra la sociedad misma.

lunes, 30 de junio de 2008

SE RQUIEREN DIQUES PARA LA DEFENSA DE ZAPATISTAS

Gustavo Esteva gustavoesteva@mail.com
Zapatistas
Necesitamos reconocer con entereza la gravedad de la situación. No caben exageraciones, pero tampoco disimulos que resten importancia al mal para alzarse discretamente de hombros y regresar sin preocupación a las actividades cotidianas. Es hora de actuar. Sólo con una movilización concertada y eficaz podemos evitar el desastre que nos amenaza.
En noviembre de 2007, Paz con Democracia, un grupo de pensadores independientes que no puede ser acusado de exaltación dogmática o partidaria y que destaca por la serenidad y solidez de sus juicios, advirtió que “México se encuentra en situación de emergencia”. Presentó numerosos hechos y argumentos para fundamentar la advertencia.
El tono de su nuevo llamado, el mes pasado, revela que su lectura de los signos que observan en nuestra realidad agravó su preocupación. Por la emergencia, señalaron, “es necesaria e impostergable la organización de comunidades autónomas en todo el país; comunidades cuyos miembros se autoidentifiquen y se autogobiernen democráticamente para la producción-intercambio-defensa de su alimentación, sus artículos de primera necesidad, su educación y concientización, con niños, mujeres, ancianos y hombres para la defensa de la vida, del patrimonio público, de los pueblos y de la nación, para la preservación del medio ambiente y el fortalecimiento de los espacios laicos y de los espacios de diálogo, que unen en medio de diferencias ideológicas y de valores compartidos”. Hay un claro sentido de urgencia en su llamado.
No lanzaron su mensaje al vacío. Contamos con fuerzas sociales activas y alertas que han demostrado su vitalidad y su capacidad de actuar en muy diversas ocasiones. Pero esas fuerzas han estado mostrando signos de aletargamiento. Ocupadas en la lucha por la supervivencia ante condiciones que forman parte de la emergencia nacional, o distraídas por disputas internas o querellas irrelevantes, no han estado manifestando una conciencia clara de la situación ni la disposición de ánimo que se requiere.
Una vez más, como antena sensible de lo que ocurre en México y en el mundo, los zapatistas se convierten en el punto de flexión. Esta vez no se trata de una nueva iniciativa movilizadora, como las que desde el primero de enero de 1994 han estado despertando al país. Se trata de una situación límite: las agresiones a las comunidades zapatistas, que no han cesado desde 1994, están llegando al punto en que no parece haber más opción que la resistencia armada.
Paz con Democracia, junto con un número significativo de organizaciones sociales y políticas, acaba de presentar una denuncia puntual de lo que está ocurriendo en Chiapas y formuló un llamado urgente. No podemos dejarlo pasar. No es un llamado más, en el desierto: es una exigencia imperativa para actuar.
Debería estar claro, para todos, que los zapatistas no podrán ser desalojados de sus tierras, de sus territorios, y que bajo ninguna circunstancia se rendirán.
Pero no lo está. Autoridades locales y federales podrían estar alentando ilusiones de que el relativo aislamiento de los zapatistas habría creado la oportunidad de deshacerse de ellos. Como dicen que dijo Talleyrand en situación análoga, es un crimen y además un error. Un error de cálculo semejante, cuando Ulises Ruiz pensó que el aislamiento de los maestros le permitiría reprimirlos sin consecuencias, estimuló la insurrección popular oaxaqueña. Reproducir ese error criminal en el caso de los zapatistas tendría consecuencias devastadoras. Necesitamos dejar clara constancia, sin reservas ni matices, de que los zapatistas no están solos. Lo empiezan a hacer numerosos grupos en una veintena de países. Debemos hacerlo más evidente en México.
Al mismo tiempo, hace falta concertarnos para la acción. Se multiplican las pruebas de que la ley o los derechos humanos no son referentes importantes para quienes ocupan actualmente las oficinas de gobierno, y que tampoco demuestran competencia política o sensatez en su obsesión por entregar el país a quienes presionan ya para la entrega de la mercancía.
Poco a poco, a lo largo y ancho del país, emergen las comunidades autónomas a las que se refirió Paz con Democracia. Se les encuentra a cada paso, en barrios y pueblos, en el México profundo. Pero no basta. Es preciso acelerar el paso y multiplicar las iniciativas públicas. Se necesitan diques de contención eficaces ante la ola irresponsable de decisiones e iniciativas que crearon la situación de emergencia y hoy nos acercan al despeñadero.
La guerra que está teniendo lugar no se concentra solamente en los zapatistas. Pero una variedad de factores y circunstancias los colocan nuevamente en el centro de la confrontación y asocian su destino con el del país. Sería suicida no tomarlo en cuenta.

miércoles, 25 de junio de 2008

EL OLFATO DEL SUB

El olfato del Subcomandante
Eugenia Gutiérrez

¿A qué huele la guerra? ¿Cuánto duele su olor? Ha pasado medio año desde que cerca de veinte humanistas de varios países se reunieron en la Universidad de la Tierra en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Respondían a una convocatoria de la Comisión Sexta del EZLN, la revista Contrahistorias y el CIDECI y participaban en un coloquio en memoria de un gran hombre: Andrés Aubry. Cuando el coloquio estaba a punto de terminar tomó la palabra el Subcomandante Insurgente Marcos para decir: "Quienes hemos hecho la guerra sabemos reconocer los caminos por los que se prepara y acerca. Las señales de la guerra en el horizonte son claras. La guerra, como el miedo, también tiene olor.
Y ahora se empieza ya a respirar su fétido olor en nuestras tierras" (16 de diciembre, 2007). Para entonces, las Juntas de Buen Gobierno (JBG) de los cinco Caracoles zapatistas llevaban meses denunciando un reguero de agresiones contra comunidades donde viven miles de hombres y mujeres Bases de Apoyo Zapatistas. Las JBG ya nos habían informado con claridad que los gobiernos federal, estatal y locales estaban recrudeciendo la batalla para despojar al zapatismo de los territorios que recuperó en 1994, durante aquellos días en que tantos murieron luchando. Las denuncias de las JBG eran continuas, cerca de cuarenta tan sólo para 2007. Sin embargo, la advertencia hecha desde la paz de un coloquio resultó estremecedora. No hablaba un intelectual progresista que advierte, honesto, lo que es la guerra. Hablaba el guerrero que lo sabe. Su voz no invitaba a contemplar cicatrices. Iba a lo más hondo y sonaba cruda y profunda, como cuando alguien te coloca sobre una herida para que la veas tal cual es: abierta y sangrante.
Durante 2007 se llevaron a cabo tres grandes encuentros de pueblos zapatistas con pueblos de México y del mundo. Miles de personas de países diversos pudimos escuchar en los Caracoles la historia del zapatismo contada por quienes la han escrito. Sabemos desde entonces que ahora, en la autonomía y a pesar de la constante presión militar, las comunidades en resistencia de Chiapas tienen proyectos de salud que priorizan la dignidad humana y que en varios lugares se han construido clínicas de medicina general y de especialidades, acondicionadas algunas para realizar cirugías o transportar pacientes en ambulancias. Sabemos también que la juventud zapatista cuenta con proyectos de educación autónoma que abarcan desde nivel básico hasta bachillerato, incluidos los Centros Culturales de Educación Tecnológica Autónoma Zapatista (CCETAZ), o que las muchachas y los jóvenes estudiarán ciencias y humanidades cuando echen a andar su universidad, ésa que ya planean. Sabemos porque nos lo contaron y porque lo vimos que no está permitido el consumo de alcohol, en respuesta a una exigencia de las mujeres; que las comunidades zapatistas, sin recibir un centavo de ningún gobierno, cuentan con medios de transporte, bodegas de almacenamiento de granos, prácticas de comercio justo, cooperativas de pan, ganado, bordados y pollos, talleres de herbolaria y medicina tradicional, sensibilidad que reconoce lo que falta, entusiasmo para conseguirlo, radios comunitarias, viveros, campañas de vacunación y prevención de enfermedades, sistemas de impartición de justicia que buscan ser justos, comedores autónomos, oficinas de comunicación, bibliotecas. Y sabemos, como quien distingue el agua del fuego, que en las comunidades zapatistas no se siembra droga.

Hace unos días, cerca de doscientos elementos del ejército federal y la policía estatal de Chiapas irrumpieron en comunidades del Caracol de La Garrucha, llamado "Resistencia Hacia un Nuevo Amanecer". De acuerdo a la denuncia hecha por la JBG "El Camino del Futuro", el miércoles 4 de junio de 2008 llegó hasta las puertas del Caracol un convoy formado por "2 carros grandes de soldado y 3 carros chicos de soldado y 2 carros de seguridad pública, 2 carros de policía municipal y una tanqueta y un carro de PGR", al que poquito después se unió otro convoy proveniente de Patihuitz. Los habitantes del Caracol los rechazaron. Los militares les tomaron fotografías y video. Decidieron rodear el Caracol y anduvieron el camino que lleva a las milpas para dirigirse a la comunidad Hermenegildo Galeana. Según señala la JBG, los militares llevaban el rostro pintado para combate y los guiaba un policía municipal de Ocosingo llamado Feliciano Román Ruiz. A medio camino se toparon con la población civil, hombres, mujeres y niños que los rechazaron a gritos. Los soldados respondieron: "Venimos aquí porque sabemos que hay marihuana y vamos a pasar a huevos". Entonces el pueblo zapatista recurrió a piedras, resorteras, hondas, machetes y todo lo que encontró para rechazarlos. Al no poder pasar, los militares respondieron: "esta vez no vamos a pasar, pero regresamos en 15 días y eso sí a huevos vamos a pasar". Luego se movieron hasta la comunidad de San Alejandro. En su camino los soldados "dejaron pisoteado el sembradillo de maíz, que es único alimento del pueblo para vivir". La comunidad de San Alejandro también los rechazó con lo que pudo y el convoy optó por retirarse.
En este Caracol se han redactado varias páginas de la Otra Campaña, pues fue aquí donde se realizó la primera reunión plenaria (septiembre 2005) y donde inició su recorrido la Comisión Sexta (enero 2006). Además, aquí se llevó a cabo el encuentro "La Comandanta Ramona y las Zapatistas" (diciembre 2007). Este Caracol vive hoy amenazado de incursión militar bajo la acusación de que en su tierra se siembra marihuana. Y no es desconfianza sino memoria: cuando el Aguascalientes que hospedó a la Convención Nacional Democrática en 1994 se volvió emblemático, el gobierno optó por destruirlo y establecer sobre sus restos una enorme base de operaciones militares. La comunidad cercana de Guadalupe Tepeyac fue severamente castigada y conoció el dolor del exilio. El ejército federal mexicano sabe aplastar a la población civil y se especializa en población indígena. Felipe Calderón Hinojosa, presidente por capricho, parece haber clavado una chincheta roja sobre el nombre "La Garrucha" en su mapa de lugares a reprimir, mapa que ya luce muy rojo. Juan Sabines Guerrero, gobernador perredista de Chiapas, lo anima y le sonríe. Hijo del responsable de la masacre de doce indígenas en Golonchán (junio de 1980), el Sabines actual ha gobernado un Chiapas donde no sólo paramilitares sino policías a su cargo no han dejado de lastimar a la población civil en actos de violencia patéticamente cobardes: niños torturados al ir por agua al río; padres e hijos encarcelados como quien caza una presa; campesinos solos golpeados en grupo o baleados a orillas de una carretera; cortes de agua; mujeres golpeadas, humilladas; familias que ven arder su milpa; familias que ven arder su casa; jóvenes perseguidos por veredas o espiados a la puerta de su hogar para clavarles un machete en el cráneo; cortes de luz; personas de cualquier edad desplazadas en cualquier momento.
Para saber a qué huele la guerra o imaginar qué tanto duele podríamos hablar con todos ellos. Podríamos preguntarles a ellas. Quizá responderían "depende". A veces la guerra huele a la casa que te incendiaron y su olor duele tanto como los años que viviste o pensabas vivir en ella. Otras veces huele a sangre en tu rostro golpeado y su olor te duele igual que las patadas de varias decenas de hombres contra ti solito. Depende. Tal vez la guerra huele al marido que te robó la policía y duele tanto como la sentencia que, sin motivo, le ha impuesto un juez brutal. Habría que hablar con ellos, preguntarles a ellas. Cada testimonio de la violencia estatal de los dos últimos años ha sido presentado con detalle por las JBG, documentado por organismos civiles, videograbado por brigadistas solidarios e incluso recogido en documentales. Los hechos están allí, al alcance de los sentidos de quien quiera conocerlos. Cuando el Subcomandante Marcos subrayó en San Cristóbal de las Casas que podía olerse la guerra, la comunidad de La Garrucha estaba lista para recibir a miles de mujeres de decenas de países. Seis meses después, la comunidad de La Garrucha está lista para recibir al ejército de Felipe Calderón con toda su violencia. La pareja que tenía planeado casarse el 20 de junio, pues se casa. Bueno, en realidad adelanta la fiesta, la comida y el baile porque la boda será después.
Las mujeres que ya echaron a andar la nueva "Clínica Comandanta Ramona" se reúnen en el piso superior de esta construcción sobresaliente para seguir tomando su curso de salud sexual y reproductiva. El comedor autónomo alimenta sin parar a los comensales citadinos con una cocina de gas donde el fogón es historia. Las niñas visten los mil colores de siempre y los niños hacen las diabluras de costumbre. La mujer anciana que vive sola no deja de preparar los panes de maíz. El auditorio generoso que nos ha alojado no cambia su fisonomía mientras en una esquina del templete central del pueblo sobresale la figura de una enorme vigilante que mira hacia la entrada del Caracol, que aguanta sol y lluvia y que es varias compañeras en una: Emiliana Digna Ramona, la muñeca regalo entregada al Encuentro de Mujeres en diciembre de 2007, la que bailaba sin parar.
Todo indica que esta comunidad, como cualquier comunidad zapatista, espera la ofensiva militar. Y en esa espera, la comunidad sigue viviendo. Como bien dice la Junta de Buen Gobierno en su comunicado del 4 de junio: "Somos lo que ya saben hermanos y hermanas de México y del mundo".
Caracol de La Garrucha,
junio 2008.
Cuando el Subcomandante Marcos subrayó en San Cristóbal de las Casas que podía olerse la guerra, la comunidad de La Garrucha estaba lista para recibir a miles de mujeres de decenas de países. Seis meses después, la comunidad de La Garrucha está lista para recibir al ejército de Felipe Calderón con toda su violencia. La pareja que tenía planeado casarse el 20 de junio, pues se casa. Bueno, en realidad adelanta la fiesta, la comida y el baile porque la boda será después.
Las mujeres que ya echaron a andar la nueva "Clínica Comandanta Ramona" se reúnen en el piso superior de esta construcción sobresaliente para seguir tomando su curso de salud sexual y reproductiva. El comedor autónomo alimenta sin parar a los comensales citadinos con una cocina de gas donde el fogón es historia. Las niñas visten los mil colores de siempre y los niños hacen las diabluras de costumbre. La mujer anciana que vive sola no deja de preparar los panes de maíz. El auditorio generoso que nos ha alojado no cambia su fisonomía mientras en una esquina del templete central del pueblo sobresale la figura de una enorme vigilante que mira hacia la entrada del Caracol, que aguanta sol y lluvia y que es varias compañeras en una: Emiliana Digna Ramona, la muñeca regalo entregada al Encuentro de Mujeres en diciembre de 2007, la que bailaba sin parar.
Todo indica que esta comunidad, como cualquier comunidad zapatista, espera la ofensiva militar. Y en esa espera, la comunidad sigue viviendo. Como bien dice la Junta de Buen Gobierno en su comunicado del 4 de junio: "Somos lo que ya saben hermanos y hermanas de México y del mundo".
Caracol de La Garrucha, junio 2008.


Campesinos y zapatistas: la estrategia del caracol
Silvia Ribeiro
Cuando los comuneros zapatistas se despiden de alguien que conocieron y estiman, le dicen: "que este encuentro no sea el primero ni el último". Así, efectivamente, fue la reunión entre las comunidades zapatistas y las organizaciones de Vía Campesina que tuvo lugar recientemente en Chiapas. Un encuentro que viene desde diversos tiempos y espacios y que, como arroyos que convergen desde el subsuelo, las montañas o los bosques, se encuentran para formar remansos, manantiales, ríos y mares y luego convertidos en lluvia, y recorren el mundo y vuelven a ser suelo, semillas, bosque, entrañas de la tierra.
El manantial esta vez surgió en el contexto del segundo Encuentro de los Pueblos Zapatistas con los Pueblos del Mundo, realizado a finales de julio en los caracoles zapatistas en Chiapas, donde organizaciones de Vía Campesina de Asia, América y Europa escucharon los testimonios de mujeres, hombres, niños, jóvenes y ancianos de los cinco caracoles zapatistas sobre las condiciones de extrema explotación en que vivían antes de su levantamiento en 1994, sobre la resistencia colectiva y los 13 años de construcción de la autonomía indígena.
Los convocantes abrieron un espacio especial en su programa para que se presentaran las organizaciones de Vía Campesina. Lo hicieron en el lenguaje de los anfitriones: compartiendo sus canciones, sueños, historias y realidades, desde Tailandia, India, Indonesia y Corea del Sur hasta Brasil, Canadá y otros países, sin olvidar a los trabajadores rurales migrantes, herida que sangra a México y tantas naciones más.
Las realidades y los testimonios de los zapatistas y los otros campesinos se fueron entretejiendo, rompiendo la ilusión de la fragmentación, mostrando cómo la opresión tiene caras similares y complementarias por todo el globo. En todas partes asuelan las mismas trasnacionales -como Monsanto, Cargill, ADM, Coca Cola, Nestlé, Wal-Mart y otras-, que expulsan campesinos e indígenas, engullendo tierra, agua y gente, con monocultivos de soya, eucalipto, caña de azúcar y transgénicos, ahora además con renovados apoyos estatales por el impulso a las empresas de agrocombustibles. A estos despojos se suma que los gobiernos, con la coartada de las grandes organizaciones no gubernamentales (ONG) "conservacionistas" , quieren expulsar a los campesinos e indígenas tanto de Tailandia como de México o Indonesia, convirtiendo sus territorios en supuestas "áreas protegidas". Para esas ONG y las trasnacionales eso es un gran negocio, desconociendo de paso que son los indígenas y campesinos quienes tienen no sólo el derecho, sino también el conocimiento y la experiencia milenaria para cuidar realmente bosques, tierras y agua.
Igual que se quiso hacer en San Salvador Atenco, a miembros de la Unión de Campesinos de India los expulsaron de su parcela para construir el aeropuerto de Nueva Delhi. También en Tailandia, como en Brasil, la construcción de grandes represas y los proyectos mineros son a costa de la vida de indígenas y campesinos. Las políticas de "reforma agraria de mercado" impuestas por el Banco Mundial -de las cuales el Procede es una versión mexicana- son otro recurso mañoso para despojar a los campesinos de sus tierras en muchas partes.
En Asia como en América Latina, los "programas de apoyo" a los campesinos son apenas limosnas para mantenerlos controlados y divididos, así como para introducir agrotóxicos y semillas industriales; los sistemas educativos desprecian lo campesino e indígena; los sistemas de salud los discriminan, y cuando requieren atención, muchas veces son maltratados o ni los asisten y mueren en la espera, como recientemente sucedió en Huejuquilla a una muchacha huichola.
Pero también y, sobre todo, se entretejen las historias de la resistencia. La contundencia de la autonomía zapatista marcó una huella profunda en los delegados y delegadas de Vía Campesina: desde las palabras de jóvenes y jóvenas que crecieron en los 13 años de "otro mundo" -no sólo "posible", sino real- y ahora son las encargadas de muchas tareas, el tejido de los trabajos colectivos, las autoridades que realmente "mandan obedeciendo" -porque el pueblo las puede revocar en cualquier momento-, los sistemas autogestionarios de salud y educación. También las luchas de Vía Campesina encontraron un reflejo de empatía y calor en las comunidades zapatistas: "sufrimos las mismas cosas, tenemos las mismas luchas, es mucho lo que podemos hacer", expresó un compañero del caracol de Morelia. El movimiento zapatista ha sido un gran espejo que ha provocado por todo el mundo que los movimientos entiendan la situación propia al reflejarse en la lucha de los otros. Ahora los campesinos de Tailandia, India, Brasil le devuelven la imagen.
Por todo esto, este encuentro no fue el primero: más allá de las personas y organizaciones concretas, lo que se encuentra a sí mismo en otras y otros son las formas de vida campesina e indígena, que desde su complejidad y sencillez, desde su estar en el mundo con la tierra, las semillas, el agua, la naturaleza, siempre han sido y siguen siendo la base fundamental de toda la vida humana en el planeta, incluyendo la bases de toda la alimentación y medicinas que luego las trasnacionales se apropian, industrializan y vomitan en el mercado.
Además, es un encuentro significativo, porque tanto el zapatismo como Vía Campesina, en diversas formas que pueden converger, plantean visiones y acciones que van más allá del discurso casi decorativo de muchos foros internacionales. Hay mucho camino por andar, pero sin duda este encuentro, que tampoco será el último, es un viento deesperanza."
Solidaridad desde el Pais Vasco con Zapatistas
Saludos desde el País Vasco. Como Bizilur (Asociación para la cooperación y el desarrollo de los pueblos del Norte y del Sur, nos sumamos al rechazo en contra del hostigamiento a las comunidades zapatistas.
Un saludo,
Ignacio Grossi Bizilur
Zabalbide 19. Entreplanta B
48006 Bilbao
Tel./fax.:94 433 88 17

Contra el hostigamiento en Chiapas
Por medio de la presente los abajo firmantes manifestamos nuestro rechazo a la presencia del Ejército Mexicano en comunidades Zapatistas, presencia que en últimos días ha ido en aumento.
El pasado 4 de junio más de 200 elementos del Ejército Mexicano, de la PGR , de la policía estatal y municipal incursionaron en parte del territorio Zapatista de La Garrucha bajo el argumento de buscar plantíos de marihuana (cabe recordar que la siembra y consumo de droga en territorio Zapatista esta prohibido pos sus mismas leyes). Dicha acción representa una provocación a las Juntas de Buen Gobierno, a los Municipios Autónomos, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y a las comunidades que los apoyan. Dos semanas después, el 18 de junio, 70 elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), apoyados por 30 personas vestidas de civil ingresaron en 4 camionetas de PEP, 3 vehículos de tres toneladas y 8 caballos, a la comunidad de Cruztón, Municipio de Venustiano Carranza, Chiapas. Los policías portaban armas y pistolas de alto poder, los civiles iban armados con palos y machetes. Manifestamos nuestra preocupación por estos actos de amenazas, hostigamiento, por las incursiones de civiles, policías y militares a las comunidades zapatistas y ante la posibilidad de que estas se repitan en las mismas comunidades o en otras dentro del Estado de Chiapas.
Rechazamos la salida militar que se pretende dar a las justas demandas del EZLN, solicitamos que se privilegie el dialogo y la negociación, evitando actos de violencia y el uso desproporcionado o indebido de la fuerza pública.
Exigimos:
¡Respeto a la autonomía de los pueblos indígenas!
¡Cese inmediato a todo tipo de agresiones contra las comunidades Zapatistas!
¡Retiro inmediato del Ejército Mexicano de las comunidades chiapanecas!
Firman: 156 personas y 28 organizaciones de México, Honduras, Argentina, España, Francia, Reino Unido, Bélgica, Chile, Guatemala, El Salvador, Colombia, Uruguay, Paraguay, Suecia, Dinamarca, Venezuela, Portugal, Suiza, Alemania, Austria y Estados Unidos. Firmas: Rodrigo Monroy Figueroa (México), Lourdes Argelia Rodríguez Lucero (México), Mario Bladimir Monroy Gómez (México), Paula Nallely de Juárez García Lemus Ramos (México), Roberto Barajas Amieva (México), Julián Salomón Chávez Rivera (México), María Mercedes Rivera Hernández (México), Mercedes Hernández Medina (México), Luis Dubón (Honduras), Jerónimo Monroy Figueroa (México), Mercedes Columba Figueroa Martínez (México), Aurora Tumanischwili Penelòn (Argentina), Guillermo López (Argentina), Sigfrido Miralles Argila (España), Braulio Moro (periodista) (Francia), Eukeni Sustaeta (España), Guillermo Castilla (España), Jess (Reino Unido), José Manuel López Collantes (España), Teresa González de Chávez (España), Iván Fox (Bélgica), Gema Fernández (España), Carmen morales (España), Tito Fernando Piñeda Verdugo (México), Juan Vigil (España), Javier Pérez (España), Joan Gil Oliveras (España), María José Duran Muñoz (PCE) (España), Luis Diego Pizarro Candalija (PCE) (España), Pedro Rodríguez (España), César García (España), Jesús Hernández Domingo (España), Alfredo Ortega López (España), David Montaño Vásquez (Chile), María (España), José Manuel Martínez palacios (España), Fabrice Pilo (Francia), Pierre Jeanneteau-Goalec (Francia), Rafael Lacalle Román (España), Mariana Ramírez García (México), Marcelo Speranza (Periodista) (Argentina), Susana del Rocío Garcías Rodríguez (México), Juan Carlos Pérez (Guatemala), Lorena Putero (Argentina), Carmen Arias Rodríguez (España), Delia Hermosí (Argentina), Martha Hermosí (Argentina), Andrea Padula Hermosí (Argentina), Claudia Padula Hermosí (Argentina), Andrés Padula Hermosí (Argentina), Paula Bosco Hermosí (Argentina), Gabriela Bosco Hermosí (Argentina), Walter Barboza (Argentina), Sandra Alaniz (Argentina), Elba Basile (Argentina), Patricia Rodríguez Jurado (Argentina), Ximena Gutiérrez Tututi (México), Hilda Nereida Ramírez Monjaraz (México), Nathanael Durand (Francia), Jimmy Gladiator (Francia), Oscar A. Romero (El Salvador), Sedira Boudjemaa (Francia), Luis Arturo Quiroz Lozano (México), Luis Ángel (Colombia), Juan Antonio Charneco (España), Aitor Otaduy Paz (España), Ignacio Labadie (Uruguay), Francisco Barranco López (España), Jérémie (CNT) (Francia), Aitor Fernández Arizmendi (España), Alfonso Moreira (Argentina), Moralejo María Cristina (Argentina), Alirio Andrés Mojica Montañez (Colombia), Roberto Barajas (México), Begoña García Santiago (España), Paula Lamedica (Argentina), Greta López D. (México), Suyai G. Gualda (México), Xabier Pin Vázquez (España), Mireia Gómez (España), José Luis Humanes Bautista (España), Perla Jiménez (México), Mireia Gutiérrez Ortega (España), Ximena Álvarez Heduan (Argentina), Mariana Díaz Soca Zamúz (Uruguay), María Luisa de la Garza (México), María Hilda Pérez Acosta (Argentina), Juan Pablo López (Francia), Annette Revret (México), Sara Guil (España), Maud Dampne (México), Iván prado (España), Álvaro Morales (Guatemala), Gladys Mardia (México), Marta Luz Olmedo (México), Rubén Esau García Meza (México), Patricia Pérez Ramírez (España), Alonso Macias (México), Carolina Olmedo (Argentina), Adolfo Martínez Catarino (México), Daiana Reina (Argentina), Deysi Del Carmen Roque (El Salvador), Artur Fuente Martínez (España), Bongiovanni Côme (Francia), Ana De León (Uruguay), Diego Gutiérrez Tututi (México), Lidia Ruiz Gómez (España), Miguel Valladares Herrera (México), María Hilda (Argentina), Christian Marchadier (México), Miguel Ordoñez Ortega (México), Clara Ferri (México), Roque de Pablo (Paraguay), Patricia Casanova Díaz (España), Bremond Jean-Marc (Francia), Lorena Garel Ventureira (España), Humberto Robles (México), Carmen Huete (México), Albert Marin González (España), Miguel Alberto Hidalgo D.(México), Bruno Gagliardi (Uruguay), Francisco Belmonte Sánchez (México), Viviana Vázquez (Argentina), Jennifer Rosado (México), Inés Núñez Vilaseco (España), Rocío Landi (Suecia), Graciela Parra (México), Maj-Britt Svendsen (Dinamarca), Maider Agirre Alberdi (España), Brenda Crowley Vázquez (México), Cristina Golobardes Viva (España), Askoa San Millán Insagurbe (España), Begoña Insagurbe Lauzurica (España), Patricia Soraya Arrigo (Argentina), Camilo Sierra (Colombia), Maider Agirre (México), Esteban Roa (México), Pablo Torrealba (Chile), Ainhoa Roca (México), Ofelia López Ocaña (México), Gorka Irazusta (España), José Arcadio López Gutiérrez (España), Tomaz Van Doosselaere (Alemania), Imanol Haro Solaberrieta (España), Nuria Martínez (España), Moisés Hernández López (México), Ofelia López Ocaña (México), Émilie Breton (México), Arlenin Aguillón (Venezuela), Eduardo Gaspar (Portugal), Miguel Ángel Valladares Herrera (México), Gaizka Rial Vazquez (España), María Orcasitas Vicandi (España), Carlos Roldán Ordóñez (España), Jorge Arche Fernández (España), Gerardo Monroy Gómez (México). Centro Independiente de Noticias (México), Colectivo de Izquierda Revolucionaria - Conciencia y Resistencia CIR-CR (México), Grupo de Acción Revolucionaria (México), Organización de colombianos en Europa: Polo sur del Exterior, Respuesta Alternativa, A.C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (México), Red De Solidaridad Con Chiapas De Vicente López (Argentina), Plataforma de Solidaridad con Chiapas, Oaxaca y Guatemala de Madrid (España), Colectivo Zapatista de Sevilla (España), Comité Atlantique de Solidarité avec le Chiapas (Francia), Espacio Social y Cultural de la Karakola (México), Sodepaz Balamil (España), Colectivo Votán Zapata (México), Colectivo "Caracol" (Francia), Colectivo Zapatista Marisol Lugano (Suiza), Unión Rebelde Zapatista (México), Gruppe B.A.S.T.A. (Alemania), Liga Agraria Revolucionaria Del Sur Emiliano Zapata LARSEZ (México), France Amérique Latine Bordeaux (Francia), Red de solidaridad con Chiapas de Mendoza, Plataforma Vasca de solidaridad con Chiapas (España), Colectivo Los Ángles, Collettivo Zapatista "Marisol" (Suiza), Confederación General del Trabajo (CGT) (España), Comisión de Solidaridad con Chiapas de la CGT (España), Caracol Mundo - eco de latido en solidaridad (Austria y otros países), Colectivo de apoyo a los zapatistas (Suecia), Colectivo Contraimpunidad (Uruguay – México), Movimiento de Cultura Popular (México)
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viernes, 20 de junio de 2008

NO LES DAREMOS CHANCE...

Se prepara JBG ante tambores de guerra de militares y policías. Se vence plazo de fuerzas armadas para entrar a La Garrucha. "No les daremos chance, los correremos del poblado", advierten.
Hermann Bellinghausen (Enviado)
La Garrucha, Chis. 18 de junio. "La decisión es no darles chance, sacarlos, correrlos del poblado", dice la junta de buen gobierno (JBG) El camino del futuro, en relación con las fuerzas militares y policiacas que podrían regresar a esta región e intentar incursionar en ésta u otras comunidades de la cañada.
Esto, a unas horas de que se cumpla el presunto plazo que dieran tropas federales y policías dos semanas atrás, durante una conato de incursión en La Garrucha, Hermenegildo Galeana y San Alejandro, poblados del municipio autónomo Francisco Gómez, donde la población les impidió el paso y los mandos castrenses amenazaron con volver. El plazo, por cierto, coincide con el tercer aniversario de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona.
"Hemos decidido esperar. No podemos alarmar a todo el pueblo. Nada más estamos vigilantes y hay aquí observadores civiles nacionales e internacionales", dice un portavoz, como de costumbre, rodeado por toda la JBG.
Aquí, la vida continúa a pesar de la alarma que provocaron tropas de Ejército federal el pasado 4 de junio, cuando pretextaron buscar sembradíos de droga para introducirse en las comunidades autónomas (precisamente el único territorio donde los pobladores y sus estructuras de gobierno prohíben la producción de drogas, así como su consumo y el de alcohol).
"Los promotores de educación siguieron sus tareas", añade la JBG. En días anteriores, La Jornada pudo apreciar la actividad de decenas de jóvenes en un curso para los docentes zapatistas en este mismo caracol. "Todas las oficinas de la junta y las comisiones, igual que nuestros consejos autónomos, están en su labor".
En cuanto a movimientos militares, la JBG confirma que siguen los patrullajes del Ejército federal todos los días en esta cañada, y ahora se han agregado inusuales recorridos de tropas, policías federales y estatales en el trayecto, transversal a las cañadas, entre San Miguel y Monte Líbano, con lo cual son patrullados los cuatro municipios autónomos de este caracol, especialmente San Manuel y Francisco Gómez, pero también Francisco Villa y Ricardo Flores Magón.
Acciones de solidaridad
En distintas latitudes del mundo se realizaron acciones de solidaridad con las comunidades zapatistas. En Wellington, Nueva Zelanda, un grupo de activistas se manifestó ante la embajada mexicana, demandando "justicia para los zapatistas y los pueblos indígenas". La embajadora María Angélica Arce de Jannet recibió un documento y aseguró que lo turnaría al gobierno de México. Cuestionada por la represión, tortura, cárcel y agresiones contra los movimientos sociales en nuestro país, la diplomática se escabulló a sus oficinas, protegida por los encargados de seguridad.
En Australia, colectivos de Sidney, Melbourne y Brisbane exigieron "el cese inmediato de las agresiones y el hostigamiento que la policía del estado ha realizado en contra de las comunidades zapatistas", y advirtieron que si el gobierno federal continúa atacando a estas comunidades "utilizaremos todos los medios a nuestro alcance para generar movilizaciones en solidaridad con nuestros compañeros zapatistas y de repudio a la política militar y represiva del Estado mexicano". Al llamado se sumaron colectivos del Estado español y Estados Unidos. Asimismo, en distintas naciones europeas de anunciaron protestas para este jueves.
En México, colectivos, organizaciones e individuos adherentes a la otra campaña respaldaron a las bases zapatistas, municipios autónomos y juntas de buen gobierno: "Es la hora de la movilización y la organización en defensa y apoyo del EZLN. Frente a los tambores de la guerra es necesario organizar ya la respuesta desde todos los rincones del país". Además, una coalición de medios libres nacionales se encadenó en una "denuncia radial" para informar a la población.

Colectivos Extranjeros se Solidarizan con Zapatistas por Regreso de Tropas
por Hermann Bellinghausen
Ocosingo, Chis.
Desde la primeras horas de este miércoles, en distintas latitudes del mundo se han realizado acciones de solidaridad con las comunidades zapatistas. Circulan ya diversas cartas de solidaridad y apoyo, en la víspera de que se cumpla el plazo para el "regreso" de tropas y policías al caracol de La Garrucha y otras localidades de la región.
En Wellington, capital de Nueva Zelanda, un grupo de activistas realizó un acto de difusión y protesta en las puertas de la embajada mexicana, demandando "justicia para los zapatistas y todos los pueblos indígenas".
La embajadora María Angélica Arce de Jannet recibió un documento escrito en ese tenor y aseguró que lo turnaría al gobierno de México. Cuestionada por la represión, tortura, cárcel y agresiones contra los movimientos sociales de nuestro país, la diplomática se escabulló hacia sus oficinas, protegida por los encargados de seguridad del inmueble.
En Australia, colectivos de Sidney, Melbourne y Brisbane exigieron al gobierno de Chiapas "el cese inmediato de las agresiones y el hostigamiento que la policía del estado ha realizado en contra de las comunidades zapatistas".
Advirtieron que si el gobierno federal continúa atacando a estas comunidades "utilizaremos todos los medios a nuestro alcance para generar movilizaciones en solidaridad con nuestros compañeros zapatistas y de repudio a la política militar y represiva del Estado mexicano".
Al avanzar el día se sumaron al llamado colectivos del Estado Español y Estados Unidos. Asimismo, en distintas naciones europeas de anunciaron acciones hoy y mañana.
En México los colectivos, organizaciones e individuos adherentes a La otra campaña respaldaron este miércoles a las bases de apoyo zapatistas, municipios autónomos y juntas de buen gobierno, así como al propio EZLN: "Es la hora de la movilización y la organización en defensa y apoyo del EZLN. Frente a los tambores de la guerra es necesario organizar ya la respuesta desde todos los rincones del país". Además, una coalición de medios libres nacionales se encadenó en una "denuncia radial" para hacer frente al cerco mediático e informar a la población". La transmisión inició a las 12 horas, y concluirá a las 22 horas.

lunes, 16 de junio de 2008

INTENSIFICAN OPERACIONES MILITARES CONTRA COMUNIDADES AUTÓNOMAS ZAPATISTAS

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas a 11 junio de 2008
boletín de Prensa 13

Se intensifican las operaciones de contrainsurgencia en contra de comunidades indígenas en resistencia.

Militares y policías acompañados de civiles incursionan en comunidades indígenas de Chiapas y Guerrero.
En las incursiones se reportan agresiones a pobladores y persecución a integrantes de organizaciones sociales disidentes.

En lo que va del año, este Centro de Derechos Humanos ha recibido denuncias de incursiones militares y policiales en distintas comunidades de Chiapas y Guerrero en una lógica de contrainsurgencia debido a que en dichos operativos operan de manera mixta fuerzas militares, policiales y actores civiles de las mismas comunidades, estableciendo despliegues tácticos sobre los territorios donde habita la población civil que se encuentra organizada en torno a justas demandas sociales. Son claros los testimonios de los pobladores agredidos que permiten documentar las acciones de hostigamiento a la población civil, por medio de allanamiento a propiedades, agresiones físicas y verbales, así como videograbaciones y fotografías a personas y lugares de las comunidades agredidas.
El establecimiento de operaciones del ejército mexicano se pretenden justificar so pretexto de “detectar plantíos de Marihuana, Armas y pistas de Aterrizaje Clandestinas” , sin embargo los ya numerosos operativos documentados dejan ver la agudización del plan de contrainsurgencia mediante el desprestigio de las comunidades y organizaciones frente a la opinión pública con el objetivo de “ganar para el gobierno el apoyo de la población civil” , estableciendo además un clima de hostigamiento psicológico por medio del despliegue territorial y de reconocimiento, que les permite también observar la respuesta de la población civil a tales operaciones.
Es de destacar que estas incursiones militares son asistidas por distintos actores federales, estatales y locales tales como: Agencia Federal de Investigaciones (AFI), Ministerios Públicos Federales y Estatales, Policía Estatal Preventiva (PEP) y Pobladores Civiles de la región.
Consideramos que la serie de acontecimientos no están aislados y responden a una lógica de ofensiva a poblaciones indígenas, particularmente las que están en resistencia, y de los que este Centro de Derechos Humanos ha recibido información son los siguientes:
• El pasado domingo 27 de abril de 2008 por la madrugada, de acuerdo con el testimonio directo de los habitantes de la Comunidad de Cruztón, Municipio de Venustiano Carranza, Chiapas se llevó a cabo un operativo policíaco por aproximadamente 500 elementos policiales, quienes fueron guiados por siete civiles armados originarios del municipio de Teopisca, y del Ejido Nuevo León del municipio de Venustiano Carranza; al parecer para ejecutar órdenes de aprehensión giradas en contra de pobladores de Cruztón.
• El pasado 19 y 20 de mayo, elementos del Ejército Mexicano en compañía de distintas corporaciones policíacas incursionaron en la comunidad de San Jerónimo Tulijá, Municipio oficial de Chilón y Municipio Autónomo Rebelde Zapatista Ricardo Flores Magón, en donde los pobladores fueron testigos del allanamiento de tres domicilios.
El operativo militar era compuesto por un convoy de lo menos por 11 vehículos, entre los cuáles se documentó la presencia de efectivos del 18 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano, de la Policía Estatal Preventiva (PEP) y de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), todos estos guiados por un poblador de la comunidad. Cabe destacar que resultó evidente que el movimiento táctico fue establecido para cercar las instalaciones comunitarias zapatistas donde se localizan los lugares de reunión y de asistencia a la salud, así también dirigido a la ubicación de las autoridades autónomas zapatistas de dicha comunidad.
• El 22 de mayo en las comunidades 28 de Junio y San José, municipio de Venustiano Carranza, integrantes de la Organización Campesina Emiliano Zapata-Región Carranza (OCEZ-RC) denunciaron presencia y al instalación de retenes del Ejército Mexicano en las inmediaciones de estas comunidades.
La información recibida refiere que ese día por la mañana miembros de las fuerzas armadas empezaron a patrullar en 11 comunidades donde la OCEZ-RC tiene presencia, mismas que son: Santa Rufina Las Perlas, 28 de junio, Nuevo San José La Grandeza, San José La Grandeza 3ra Ampliación, Guadalupe La Cuchilla, Mesa El Porvernir, Las Delicias, El Puerto, Nuevo Paraíso, Laguna Verde y San Caralampio Chavín.
• El 23 de mayo pobladores de las comunidades Cruz Palenque, Usipá, Retorno Miguel Alemán y Nuevo Limar, del municipio de Tila, expresaron su preocupación por la posible incursión armada del Ejército Mexicano ya que ubicaron por la tarde que el Ejército Mexicano comenzó a instalar retenes intermitentes en la zona tomando posiciones que alertan a la población.
• El 23 de mayo pobladores de las comunidades de Carrizal y Río Florido, del Municipio de Ocosingo, informaron sobre vuelos razantes de aeronaves de las Fuerzas Armadas de México y el 26 del mismo mes, nuevamente se presentaron sobrevuelos en estas comunidades y además en las comunidad de Chalam del Carmen. En estas tres comunidades hay integrantes de la organización OCEZ-FNLS.
• El 27 de mayo en las inmediaciones del ejido "Nuevo Chamizal, municipio de Ocosingo, se reportó la presencia de elementos del Ejército Méxicano, agentes de la Procuraduría General de la República (PGR), de la Policía Estatal Preventiva (PEP) y civiles, supuestamente para destruir plantíos de marihuana en territorio zapatista, sin embargo la información recibida en este Centro refiere que en la zona del operativo no hay presencia de integrantes del EZLN.
• El mismo 27 de mayo, una nota de prensa publicada en La Jornada del día siguiente, se informó del desalojo de los poblados El Semental y Nuevo Salvador Allende, ubicados en la Reserva de la Biosfera de Montes Azules, en el operativo se informa que participó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), apoyada por la Policía Federal, la Procuraduría General de la República (PGR) y elementos de la Armada de México, el operativo lo justificaron en el marco del programa Cero Tolerancia a la Tala Clandestina.
• El 29 de mayo pobladores de la Comunidad El Carrizal, municipio de Ocosingo, informaron a este Centro que un convoy integrado por 9 camiones del ejército federal y 3 camionetas de la Policía Estatal Preventiva (PEP), acompañados también por policías municipales de Ocosingo, pretendieron entrar a dicha comunidad. Sin embargo al percatarse de ello, las mujeres de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) formaron un cerco humano que les impidió el paso. Rio florido, Chulna.
Los integrantes del ejército se justificaron diciendo que iban de paso hacia terrenos del vecino municipio de Oxchuc, en donde supuestamente habían localizado sembradíos de marihuana, insistiendo que el operativo iba acompañado por integrantes del Ministerio Público, del Ayuntamiento de Ocosingo y personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), sin embargo ninguno de éstos aceptó identificarse ante la población.
• El 4 de junio la Junta de Buen Gobierno “El Camino del Futuro” con sede en el Caracol de la Garrucha, municipio de Ocosingo, denunció la incursión de un convoy militar que iba acompañado de policías municipales, de seguridad pública estatal y de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) en las comunidades de La Garrucha, Rancho Alegre (conocido como Chapuyil), Hermenegildo Galeana y San Alejandro.
En este acto, calificado de provocación al EZLN, participaron soldados adscritos a los cuarteles de Toniná, Patiwitz y San Quintín. Sin embargo tras el rechazo de la incursión militar, los elementos del Ejército Mexicano advirtieron regresar en un periodo de 15 días para entrar a las comunidades que está vez opusieron resistencia.
Esta incursión militar establecida simultáneamente en diferentes comunidades en el perímetro del caracol III “Resistencia Hacia un Nuevo Amanecer” nos parece particularmente grave toda vez que pone en grave riesgo a la paz dado que es una provocación del Estado Mexicano hacia el EZLN con quien supuestamente mantiene una pacto de cese al fuego en el que se comprometió a no realizar acciones militares en contra de dicha organización insurgente, siendo que la comunidad de la Garrucha es la sede de la Junta de Buen Gobierno “El Camino del futuro”, así como un espacio emblemático de la lucha zapatista. Lo que nuevamente aseguramos que dichas operaciones militares están enmarcadas en el Plan de Contrainsurgencia.
Por otra parte es también importante observar y atender las denuncias que distintas organizaciones y comunidades del Estado de Guerrero han hecho para denunciar la incursión del Ejército Mexicano bajo patrones de actuación similares a los que hemos registrado en Chiapas.
• Al respecto el Centro de Derechos Humanos de La Montaña “Tlachinollan” denunció en Agosto del 2007 que efectivos del Ejército Mexicano, presuntos agentes de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y de la Policía Investigadora Ministerial (PIM), permanecían activos en las comunidades indígenas nahuas de Temalacatzingo y Tlaquilcingo, en la región de La Montaña, advirtiendo a la población que realizarían cateos en sus casas.
El 11 de agosto del 2007, diez vehículos de la PIM ingresaron a Tlaquilcingo y el 15 de agosto, unos cien militares instalaron un retén muy cerca de Temalacatzingo; después, aproximadamente a las once de la mañana, arribaron en sus vehículos a la comunidad y sin consultar a las autoridades comunitarias, asentaron un campamento a la orilla del pueblo, dentro del territorio de Bienes Comunales. Ahí permanecieron durante tres días, revisando e interrogando a los vecinos en un retén que instalaron en el camino que comunica a Temalacatzingo con Ixcamilpa.
• El 28 de abril de 2008, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) exigió al Ejército mexicano, a la Agencia Federal de Investigación (AFI) y a la Policía Investigadora Ministerial (PIM) que salgan de las comunidades de pidieron la salida del Ejército y las policías que desde hace semanas instalaron retenes en las entradas de El Limón, El Camalote, Té Cruz, Lomotepec y Barranca de Guadalupe, en Ayutla.
En ese sentido varios comandantes regionales de la Policia Comunitaria (de la Costa Chica y Montaña de Guerrero) anunciaron que también apoyarán a los integrantes de los pueblos me’phaa y que seguirán de cerca los pasos del Ejército y la AFI, pues ambas corporaciones también han hecho operativos en Colombia de Guadalupe, municipio de Malinaltepec, en busca de supuestos secuestradores.
En lo que va del 2008, las denuncias sobre incursiones militares en la Sierra de Guerrero han sido constantes, ante ello el clima de polarización que se vive en las entidades del sureste del país semeja a la de décadas pasadas en donde la persecución a organizaciones y comunidades en resistencia se agudizó al punto de provocar confrontación para reactivar el conflicto armado interno no resuelto.
Este Centro de Derechos Humanos expresa su preocupación por la evidente intensificació n del Plan de Contrainsurgencia en contra de comunidades indígenas, particularmente en las que existe presencia de militantes de organizaciones campesinas e indígenas, organizadas en torno a demandas justas. Lo anterior pone en grave riesgo la estabilidad social y respeto a los Derechos Humanos y de los Pueblos.
Como Centro de Derechos Humanos recordamos al Estado Mexicano que la Democracia exige el pleno respeto a los Derechos Humanos en general y en este caso al Derecho de los Pueblos Indígenas, y no como se está manifestando en el que la atención a las demandas de sus pobladores se responde con la implementació n de operaciones militares tendientes a destruir su voluntad de exigencia de justicia social.
Como ha quedado demostrado desde 1994, la movilización de la sociedad civil ha sido una pieza fundamental en la defensa de las comunidades frente a los intentos de incursión militar. Por este motivo hacemos un llamado a estar atentos frente a este recrudecimiento del Plan de Contrainsurgencia contra las comunidades indígenas organizadas.

ALTO A LA REPRESIÓN CONTRA AMBIENTALISTAS

No a la Represión en Contra de Ciudadanos y Ambientalistas Morelenses que se Oponen al Relleno Sanitario en Loma de Mejía

Cuernavaca, Morelos 11 de mayo de 2008

C. Felipe Calderón HinojosaPresidente de los Estados Unidos Mexicanos
C. Marco Antonio Adame CastilloGobernador del Estado de Morelos
C. Jesús Giles Sánchez Presidente Municipal de Cuernavaca

Quienes nos adherimos a este comunicado, expresamos nuestra más profunda indignación y preocupación por el hecho represivo en contra del Ayudante Municipal de San Antón, Municipio de Cuernavaca, Morelos, Cristóbal Martínez Ortega, quien ha manifestado junto con una gran cantidad de ciudadanos morelenses, ONGs ambientalistas, e investigadores académicos, su desacuerdo en la construcción de un relleno sanitario en los ejidos del poblado de San Antón, Municipio de Cuernavaca.

El miércoles 11 de junio, a las 13:00 horas, cuando circulaba a bordo de su vehículo, Cristóbal Martínez Ortega fue interceptado por una camioneta tipo Commander color blanca sin placas, de donde se bajaron cuatro sujetos que se identificaron con una credencial de la AFI, inmediatamente lo subieron por la fuerza a la camioneta. Más tarde, Cristobal fue encontrado cerca de la carretera a Ocuilan, Estado de México, gravemente herido con fracturas en un brazo, rodilla, y tobillo, fue brutalmente golpeado con un tubo en el rostro, del que empezó a sangrar abundantemente perdiendo el conocimiento, por lo que los agresores, creyendo que estaba muerto, se dieron a la fuga. Hasta el momento de la redacción de este comunicado, Cristóbal Martínez Ortega se encontraba en terapia intensiva en el Hospital Parres de la Ciudad de Cuernavaca.

Hace más de un año que el Presidente Municipal de Cuernavaca, Lic. Jesús Giles Sánchez, pretende imponer un proyecto de relleno sanitario en Loma de Mejía, a pesar de que ciudadanos de los municipios de Cuernavaca y Temixco se oponen, por la afectación ambiental que éste causaría a los ecosistemas de barrancas aledañas a Loma de Mejía que se encuentran en buen estado de conservación, como también a sus propias comunidades. Esto ha sido comprobado fehacientemente por investigadores académicos especialistas en el tema, quienes han aportado fundamentos técnicos y científicos a través de varios estudios y evaluación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto del relleno sanitario, llegando a la conclusión de que, éste no cumple con la NORMA 083 de la Semarnat.

Nos consta que este movimiento ciudadano, en todo momento, ha actuado dentro del marco legal, con acciones no violentas, haciendo valer su derecho a opinar y decidir sobre el futuro de su ciudad y asegurar un medio ambiente sano para las futuras generaciones. Sin embargo, la respuesta ha sido constantes actos de intimidación y agresión por parte del Ayuntamiento de Cuernavaca. Estamos convencidos de que no es por la vía de la violencia que se podrá encontrar una solución al descontento generado por el proyecto del relleno sanitario en Loma de Mejía, sino a través del diálogo y el respeto del gobierno hacia el sentir ciudadano.

Por lo antes expuesto demandamos:

1.- Se investigue a fondo sobre los agresores materiales e intelectuales de Ayudante Municipal, Cristóbal Martínez Ortega, sean aprehendidos y se les aplique todo el rigor de la Ley.

2.- Que el Presidente Municipal de Cuernavaca, Lic. Jesús Giles Sánchez, garantice la integridad física y libertad de expresión de todos quienes participan en el movimiento ciudadano en contra del relleno sanitario en Loma de Mejía, de lo contrario, lo hacemos responsable de cualquier otra agresión que sufran integrantes de dicho movimiento.

3.- Cancelación definitiva del proyecto del relleno sanitario en Loma de Mejía, por no cumplir con la NORMA 083 de la Semarnat.

Atentamente,

Héctor David Magallón LarsonCampaña de Bosques y Selvas
Greenpeace México

Edgar Cortez, Secretario Ejecutivo de la
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos

"TODOS LOS DERECHOS PARA TODAS Y TODOS"
México D.F.

Lic. Gustavo Alanis Ortega, Presidente del
Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA)
México D.F.

Dr. Ramon Ojeda Mestre, Presidente
de la Academia Mexicana de Derecho Ambiental
México D.F.

Luis Bustamante, Presidente de la
Unión de Grupos Ambientalistas
México D.F.

Lic. Larisa de Orbe
Acción Ecológica
Cuernavaca, Morelos

Flora Guerrero Goff
Guardianes de los Arboles
Cuernavaca, Morelos

Miguel Angel Garcia Aguirre
MADERAS DEL PUEBLO DEL SURESTE, AC
San Cristobal de las Casas, Chiapas

Marcela Alvarez Pérez DuarteConsultora en Educación Ambiental
México D.F.

José Eugenio Cabrera Camargo, Presidente
Rubén Treviño Friederichsen, Secretario
Cooperativa por un Ambiente Biodiverso y
Sustentable, CAMBIOS, S.C. de R.L.


Más las adhesiones que se vayan sumando.
Favor de nviarla a: madretierra7@ gmail.com

POLICIA ASESINA CAMPESINO DE EL CEBADAL, MORELOS.

La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C., recibió la solicitud de intervención para documentar la queja que familiares de JUAN GUTIERREZ BERNAL levantaron por el asesinato que el día 13 de junio de 2008 sufrió a manos de elementos de la policía estatal y elementos de la AFI en el paraje "Los Cajetes", ubicado en los montes de El Cebadal, pertenecientes al Ejido de Santa María Ahuacatitlán, Cuernavaca, Morelos y el Ejido de Cuentepec, municipio de Temixco, de acuerdo a los siguientes hechos:
El día 13 de junio a las 5 de la tarde un grupo de 8 campesinos, entre quienes se encontraba JUAN GUTIERREZ BERNAL se dirigieron a cazar conejos, en un día de intensa lluvia. De acuerdo al testimonio rendido por un menor de 13 años de edad, cuyo nombre es del conocimiento de la PGJ, habían estado descansando en la camioneta pelando un conejo que habían matado con unas escopetas (calibre 16 que usan con licencia otorgada por la SEDENA en base al artículo 9 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos que faculta a los campesinos a usarlas en el monte), cuando cerca de las 8 de la noche llegaron varias camionetas de policías disparando más de 100 balazos, por lo que ellos se espantaron y corrieron por el monte hacia las barrancas, y que sus familiares y tios no dispararon sino que fueron unicamente los policías los que lo hicieron, alcanzando a escuchar como se comunicaban por la radio diciendo que los iban a matar. El alcanzó a ver como a su tio le dieron un balazo y ahí se quedó tirado. Un tio del niño alcanzó a los cuatro que estaban en la barranca y se entregó a los policías. Ellos corrieron y se fueron por las barrancas espantados de los balazos.
Alguno se pudo comunicar con sus familiares que se encontraban en su casa ubicado en EL CEBADAL, distante unos 13 kilómetros del lugar, por lo que se reunieron varias mujeres y un chofer que se trasladaron al sitio de "Los Cajetes", de acuerdo a testimonio rendido por la hermana de Juan, NORMA CATALINA GUTIERREZ BERNAL, a donde llegaron cerca de las 22:30 de la noche. Ahí fueron detenidas por un nutrido grupo de elementos de la AFI que portaban uniforme negro con pantalón camuflado, tres de los cuales tenían en el suelo al señor TRINIDAD GUTIERREZ MENDOZA, por lo que les pidieron que lo dejaran, pero al bajarse de la camioneta el tio MAURICIO CHAVEZ GUTIERREZ, un elemento policiaco lo golpeó en el rostro con la cacha de una pistola y les grito que se largaran de ahí. Con groserías y apuntándoles con las armas, los policías los amenazaron diciéndoles que se largaran porque "ya habían matado a toda la bola de indios" y que les iba a pasar igual. "Cuando les dijimos que éramos varias mujeres, nos gritaron que les valía madre que fuéramos mujeres. Que nos largáramos de ahí. Fue entonces cuando aventaron a la camioneta a mi tío Trinidad y nos dimos cuenta que se habían llevado a mi hermano JUAN GUTIERREZ BERNAL, JOSE REFUGIO GUTIERREZ BERNAL y SERGIO GUTIERREZ GONZALEZ. Posteriormente mis familiares se trasladaron al MP de Tetecala y de ahí al hospital que habían trasladado a JUAN, JOSE Y SERGIO, y que mi hermano JUAN ya estaba muerto."
Al llegar a EL CEBADAL, nuestra Comisión e integrantes del Frente Ciudadano Subida a Chalma y de CODEP, pudimos recabar una serie de testimonios de familiares que en esos momentos recibieron el cadáver de JUAN GUTIERREZ BERNAL, como el de Don Gabriel Gutiérrez Mendoza, quien acompañaba a su esposa, mamá de Juan, quien llorando por el dolor de la pérdida de su hijo nos decía que sus hijos son campesinos, trabajadores, y que siendo pobres no se dedican ni a robar ni a ser talamontes o abigeos, como el boletín del gobierno los calificó, que no les gusta pelear, que no hacen males a nadie, que todo lo tienen con el propio sudor de su frente.
Ahí, en medio de la humilde vivienda, estaba el cadáver de JUAN, a quien le encontraron dos orificios de bala que le perforó riñón, vesícula e hígado según el reporte que el médico le dio a sus familiares. Antes de vestirlo con un sudario de San José, con tristeza vieron muchos moretones en su cuerpo, como si lo hubieran golpeado antes de matarlo.
Las versiones del gobierno, en el sentido de que se trató de un enfrentamiento con abigeos, es rechazada fuertemente por los campesinos, quienes tienen, y exhiben, documentos legales de sus escopetas debidamente registradas ante SEDENA, y dicen que su ganado pastorea en el monte y lo van a cuidar regularmente.
También rechazan la versión de que hubieran retenido a un policía, como están utilizando de pretexto para tratar de justificar el operativo, ya que esta falsa acusación fue la que se utilizó para consignar a los dos detenidos que se encuentran en la PGJ, JOSE REFUGIO y SERGIO, pero han tratado de justificar su criminal proceder diciendo que los campesinos estaban cometiendo un delito ambiental al cazar conejos en esa área.
Ante esta situación, nos comunicamos con el Procurador General de Justicia y exigimos inmediatamente una investigación a fondo de este artero homicidio cometido por policías en contra de JUAN GUTIERREZ BERNAL, y demandamos inmediatamente la libertad de los campesinos JOSE y REFUGIO, a quienes se les está deteniendo injustificadamente, además de que fueron presentados ante la autoridad competente del MP más de 12 horas después de los hechos.
Por todo lo anterior, nos sumamos al reclamo del PUEBLO DE EL CEBADAL de que se haga justicia inmediata y se castigue a los policías que asesinaron a JUAN GUTIERREZ BERNAL y cese la impunidad con que se actúa por parte de la policía en contra de los campesinos en esta zona que actualmente está en conflicto latente por la pretensión de utilizar sus caminos para acceder a Lomas de Mejía para pretender instalar un relleno sanitario que ha sido repudiado socialmente en las calles de Cuernavaca en estos días y en la zona donde fue arteramente golpeado días antes CRISTOBAL MARTINEZ Ayudante Municipal de San Antón, cuya camisa ensangrentada fue localizada el día de hoy precisamente en el camino por el que han entrado las máquinas que están trabajando en el predio de Lomas de Mejía, y que está ubicado en esta misma región.

Atentamente.
COMISION INDEPENDIENTE DE DERECHOS HUMANOS DE MORELOS


www.codepmorelos. blogspot. Com
Cuernavaca

Debe PGJ resolver el caso: Pacheco I.
Foto: El Sol de Cuernavaca
El Sol de Cuernavaca
13 de junio de 2008

Israel Mariano
Cuernavaca, Morelos.-
Luego de comprometerse con los opositores al relleno sanitario en Loma de Mejía a presionar al Procurador de Justicia para acelerar las investigaciones entorno a las agresiones que sufrió el ayudante municipal de San Antón, Cristóbal Martínez Robles, el diputado panista René Pacheco Inclán acudió a la PGJ para presentar un escrito al subprocurador Metropolitano, antes los legisladores perredístas dieron su respaldo a la exigencia de los manifestantes de llevar a juicio político al alcalde Jesús Giles Sánchez.

La marcha de distintos grupos sociales que se oponen a la construcción del relleno sanitario en Loma de Mejía llegó hasta las afueras del Congreso del Estado, donde el diputado René Pacheco Inclán, se vio obligado a firmar el compromiso de presionar a la Procuraduría de Justicia. De hecho, por la tarde de ayer se traslado hasta las oficinas de la dependencia a presentar un escrito.

Bajo el número de oficio CJDH/115/08, presentado al subprocurador metropolitano, Enrique Vázquez Rojas, el legislador panista exigió ir a fondo en las investigaciones, castigar a los responsables de las agresiones y resolver de inmediato el asunto.

Antes en la marcha de los grupos sociales que salieron a manifestarse en contra de la violencia de la que fue objeto el ayudante municipal de San Antón, se generaron distintos escenarios con los diputados, pues mientras uno intentó de manera protagónica ser intermediario en el asunto, los perredistas aprovecharon el tema para promoverse, y manifestar su "rechazo a la violencia gubernamental en contra de los ciudadanos de Cuernavaca, y en particular, del movimiento que ha manifestado su rechazo a la instalación del relleno sanitario de Loma de Mejía".

Sobre la calle, a las afueras del Congreso estatal, escucharon a la gente solicitar la intervención de los diputados para acelerar las investigaciones en el caso de la agresión sufrida por el ayudante municipal, Cristóbal Martínez.

De igual forma, el diputado René Gabriel Pacheco, como presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, manifestó su rechazo por el uso de la violencia que, señala, no se justifica en ningún caso, y obligado, firmó frente a los pobladores un compromiso para interceder ante las autoridades correspondientes, primero, para que aceleren y lleven a fondo las investigaciones sobre la agresión a Cristóbal Martínez, y luego, para garantizar la seguridad de los ciudadanos que participan en este movimiento de protesta, y evitar que vuelvan a ver pisoteados sus derechos.

El legislador local tuvo que ser rescatado por elementos de seguridad del recinto legislativo ante los fuertes reclamos. Tras observar la escena a los lejos, los legisladores del Grupo Parlamentario del PRD, aprovecharon la escena así: Pedro Delgado Salgado, Matías Quiroz Medina, y David Irazoque Trejo, en voz del líder parlamentario, Víctor Nájera Medina, dieron lectura a un comunicado en el que exigen a la PGJ, dar celeridad a la integración de la investigación en la agresión al ayudante municipal, y derivar responsabilidad en contra de los actores intelectuales y materiales del caso.

Al final de cuentas, los diputados del GPPRD, también firmaron ante los manifestantes su compromiso para acelerar las investigaciones, destacando que durante la sesión del día de mañana, se emitirá un pronunciamiento en donde rechaza la agresión que han sufrido los vecinos del ayuntamiento de Cuernavaca, por el asunto del relleno sanitario.

miércoles, 11 de junio de 2008

NUEVA PROVOCACIÓN GUBERNAMENTAL

Luis Hernández Navarro
Zapatismo: la nueva provocación gubernamental

Desde la insurrección de enero de 1994 los distintos gobiernos federales han querido asociar al EZLN con el narcotráfico. Nunca han podido demostrarlo, pero de cuando en cuando lo intentan.
Apenas el pasado 4 de junio el gastado guión volvió a repetirse. Sólo que ahora la amenaza es mayor que en el pasado. En esa fecha más de 200 elementos del Ejército federal, de la Procuraduría General de la República y de la policía estatal y municipal, con el rostro pintado, incursionaron en parte del territorio zapatista de La Garrucha con el pretexto de buscar plantíos de mariguana. Centenares de pobladores de las comunidades de Hermenegildo Galeana y San Alejandro los rechazaron con machetes, palos, hondas y resorteras.
Los poblados zapatistas prohíben la siembra, el tráfico y el consumo de drogas. Ni siquiera se permite beber o vender alcohol en ellos. No es un hecho nuevo. Desde el inicio del levantamiento armado la comandancia rebelde hizo pública esta disposición. La medida sigue en vigor con las autoridades civiles que se hacen cargo de los municipios autónomos y las juntas de buen gobierno. No sucede lo mismo con las comunidades priístas, donde se cultivan enervantes en contubernio con la fuerza pública.
En un comunicado dirigido al entonces presidente Ernesto Zedillo, con fecha 10 de febrero de 1995, un día después de la ofensiva militar que pretendió detener, por medio de una traición, al subcomandante Marcos, los alzados señalaron: “queremos decirle la verdad, si es que usted no la sabe: los delincuentes, terroristas, narcotraficantes son ustedes, son los mismos que forman su gabinete, son sus mismos soldados quienes trafican con drogas, quienes obligan a los campesinos indígenas a sembrar mariguana y otros estupefacientes. ¿Acaso no se ha dado cuenta de esto, señor Zedillo? Nosotros los zapatistas sí, porque vivimos con nuestro pueblo, somos los mismos que hemos combatido contra la siembra de drogas, contra el tráfico de drogas que sus mismos soldados hacen y han hecho dentro de los territorios que hemos controlado”.
Sin fundamento, la acusación se ha repetido año tras año. En 2004, el diario Reforma publicó la noticia de que “en promedio, cada dos días, efectivos del Ejército Mexicano ingresan a territorio zapatista para destruir plantíos de mariguana y amapola que en el último año se han incrementado considerablemente” . Días después, el general Jorge Isaac Jiménez García, mando del operativo militar en la zona, rechazó que los sembradíos de mariguana pertenecieran a simpatizantes del EZLN.
La provocación policiaco-militar del pasado 4 de junio contra los rebeldes no es un hecho aislado. Forma parte de una agresión de más largo aliento. El hostigamiento gubernamental contra los alzados ha sido una constante desde la llegada del gobernador Juan Sabines en 2006.
Diversos grupos campesinos cercanos al gobierno del estado pretenden posesionarse de las tierras que bases de apoyo zapatista ocupan y trabajan desde 1994. Grupos paramilitares como la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC) acosan a los municipios autónomos. El Ejército ha establecido nuevas posiciones, cualificado su presencia en la entidad y realizado movimientos inusuales de carácter claramente intimidatorio.
Jaime Martínez Veloz, representante del gobierno de Chiapas ante la Comisión para la Concordia y Pacificación (Cocopa), ha explicado con mucha claridad la dimensión agraria de la actual ofensiva antizapatista. “El gobierno mexicano –dijo a la CCIODH–, yo estoy convencido que en actitud de intentar confrontar al EZLN con campesinos e indígenas de la zona, habilitó a personas con necesidades de tierra, pero los habilitó como ejidatarios de las mismas zonas que los zapatistas ocupaban esas tierras. Los hace ejidatarios y evidentemente genera un conflicto. En una misma superficie hay quien ocupa la tierra y hay quien tiene un título. Esto se produjo ya por los primeros años, 95, 96... y las repercusiones de eso, pues hoy aparecen.”
Curiosamente, los responsables de la política agraria, rural y turística del gobierno de Juan Sabines son personajes como Jorge Constantino Kanter, representante de los latifundistas y ganaderos afectados por la irrupción del zapatismo, o Roberto Albores Gleason, hijo del ex gobernador Roberto Albores, ejecutor de innumerables violaciones a los derechos humanos.
El operativo del pasado 4 de junio se realizó en el lugar donde hace poco tiempo estuvo el subcomandante Marcos. Por lo visto, su presencia en La Garrucha inquietó a las autoridades gubernamentales. Hace ya meses que el vocero del grupo rebelde casi no aparece ante la opinión pública y sus silencios ponen nerviosos a los servicios de inteligencia. Pero los focos rojos que advierten la creciente intolerancia gubernamental ante la iniciativa civil pacífica de los rebeldes se habían prendido desde tiempo atrás. Camino al primer Encuentro Continental de Pueblos de América, realizado en Vicam, Sonora, entre el 11 y el 14 de octubre de 2007, retenes policiacos y militares detuvieron al convoy en el que se trasladaban los delegados zapatistas, obligando a que la comandancia indígena que asistía al evento regresara a Chiapas.
Una encuesta recientemente realizada sobre la administració n de Felipe Calderón muestra que, además de la amplia simpatía de la población a la campaña antidrogas, a pesar del paso de los años, 26 por ciento de los sondeados apoyan a los zapatistas. Un porcentaje nada despreciable en las actuales circunstancias.
El nuevo intento gubernamental de mostrar al EZLN como cómplice del crimen organizado pretende montarse en la ola de sentimientos antinarco para tratar de erosionar la corriente de opinión favorable a los rebeldes y propinarle un golpe represivo. Un golpe decidido desde tiempo atrás. ¿Acaso no tiene el gobierno federal suficientes conflictos sin solución abiertos como para hacer más grande uno que no ha podido resolver en años?
http://www.jornada. unam.mx/2008/ 06/10/index. php?section= opinion&article=023a1pol
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
07-VI-2008
Informe
La SEDENA: Operación Garrucha
Frente a un escandaloso silencio mediático, la ofensiva contra los pueblos zapatistas dentro de su territorio no sólo se mantiene, sino en forma por demás alarmante, se incrementa.
El pasado día 4 de junio, la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) ordenó una de las más abiertas provocaciones contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y contra los pueblos zapatistas. Elementos de la SEDENA realizaron una incursión militar dentro del poblado de La Garrucha, corazón del Caracol del mismo nombre. La incursión no sólo paró ahí, se desplegó e intensificó en otros poblados comprendidos dentro del mismo Caracol de La Garrucha.
El Ejército en la Selva Lacandona
La Séptima Región militar comprende 5 zonas militares, una de ellas es la 39ª. Zona Militar y es en esta donde las incursiones, hostigamientos y provocaciones militares han marcado un tiempo distinto de las fuerzas castrenses de afrontar uno de los “enemigos internos” más insistentes que tiene el gobierno Federal, uno que ha planteado la conformación de un movimiento nacional y, el único que presenta un proyecto integral alternativo aplicado en los hechos dentro de su territorio: El EZLN y los pueblos zapatistas.
Del 1º al 4 de este mes de junio, miembros del CAPISE realizábamos un recorrido dentro de la Selva Lacandona, particularmente en el interior de la 39ª Zona Militar, uno de los propósitos de este recorrido era precisamente la actualización de las posiciones y operaciones militares dentro del territorio indígena.
En lo que toca al Ejército Federal mexicano, las incursiones y las amenazas perpetradas contra el EZLN, las autoridades civiles zapatistas y los pobladores bases de apoyo zapatistas del caracol de La Garrucha, Hermenegildo Galeana y San Alejandro fueron realizadas principalmente por el 38º Batallón de Infantería (38º BI), pero no sólo por esa Unidad militar.
Hoy día, el 38º Batallón de Infantería (38º BI) esta destacamentado en:
Cañada de Taniperla: Monte Líbano y Taniperla.
Cañada de las Tacitas: Racho Península[1] y Río Jordán.
Cañada de La Garrucha hasta San Quintín: Patihuitz, La Sultana y San Quintín.
El Cuartel General del 38º Batallón de Infantería es San Quintín.
Las posiciones militares de Monte Líbano y Taniperla se alternan entre el 38º Batallón de Infantería (38º BI) y el 31º Batallón de Infantería (31º BI) cada 4 meses.
El 31º Batallón de Infantería (31º BI) tiene su Cuartel General en el predio Tonina, Ocosingo, a su vez, Cuartel General de toda la 39ª Zona militar.
Las posiciones militares de Racho Península, Río Jordán, Patihuitz, La Sultana y San Quintín son permanentemente operadas por el 38º. Batallón de Infantería (38º BI).
El 38º Batallón de Infantería no actuó sólo, él día tres de junio, esto es, un día antes de los operativos, en medio de una pertinaz lluvia, el CAPISE topó con tanquetas en el tramo de terracería entre La Sultana y San Quintín, las tanquetas iban en dirección a La Garrucha. La Unidad militar era el 15º Regimiento de Caballería Motorizada (15º RCM), esta Unidad militar ya ha sido vista en distintos momentos en la cañada de La Garrucha, en los operativos militares del día 4 de Junio pasado en la Garrucha, Hermenegildo Galeana y San Alejandro, esta Unidad castrense también participó.
El caso de la participación del 15º Regimiento de Caballería Motorizada (15º RCM) es muy particular, esta Unidad tiene su Cuartel General en la Guarnición Militar de Comitán, teniendo también posición permanente desde hace varios años en zonas fronterizas con Guatemala y en la Base de Operaciones destacamentada en Amparo Aguatinta, municipio Maravilla Tenejapa, es desde esta base donde salen las Unidades militares que transitan e incursionan hasta el territorio de La Garrucha (entrando por Poza Rica, pasando por un costado de Guadalupe Tepeyac, atravesando La Realidad), incluyendo el operativo y las amenazas perpetradas contra las bases zapatistas el pasado día 4 de Junio.
A pesar de su aparente distancia geográfica, la Guarnición Militar de Comitán y el 15º Regimiento de Caballería Motorizada (15º RCM) pertenecen a la 39ª Zona Militar, cuyo Cuartel General esta establecido en el predio Tonina, municipio de Ocosingo.
Las incursiones militares
Las incursiones y operaciones militares realizadas en el mes de mayo pasado y en estos primeros días de junio dentro del territorio indígena de La Garrucha intentan justificar su hostilidad con el argumento de combate al narcotráfico y la búsqueda y destrucción de plantíos de marihuana u otros estupefacientes.
Si se revisa el operativo militar realizado el pasado 19 y 20 de mayo pasado en San Jerónimo Tulijá, se podrá mirar que el operativo militar fue coordinado por 18º Batallón de Infantería (18º BI), esta Unidad Militar tiene su Cuartel General en la Guarnición militar de Palenque, municipio de Palenque, pero no pertenece a la 39ª Zona Militar, pertenece a la 38ª Zona Militar, cuyo Cuartel General tiene su sede en Tenosique, Tabasco.
Si se revisa el operativo militar realizado el pasado día 26 de mayo (6 días después del operativo de San Jerónimo Tulijá) en el ejido Nuevo Chamizal, se podrá mirar que también fue coordinado por 18º Batallón de Infantería (18º BI). La operación tiene el mismo tenor, “búsqueda, ubicación y destrucción de marihuana y otros enervantes”, en esta ocasión, el Ejército montó todo el escenario, llevó prensa y señaló que habían detectado y destruido plantíos de marihuana haciendo mención que los sembradíos habrían sido sembrados por bases de apoyo zapatista, señalando que ese terreno era de ellos.
Lo pobladores de Nuevo Chamizal, Nueva Palestina y San Antonio Escobar (vecinos todos), no son bases de apoyo zapatistas, son miembros de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos A. C. (OPDDIC), por años se articularon con la Unidad militar destacamentada en la vecina Cintalapa, esa posición militar fue ocupada y controlada por el 18º Batallón de Infantería (18º BI) por muchos años. Este campamento se retiró en mayo de 2007 y meses después reconsideró su retiro. Dos poblaciones zapatistas amenazadas en esta región son La Culebra y 6 de Octubre, esta última dentro de Montes Azules y uno de los poblados más fuertemente amenazados de desalojo forzoso.
(Nota: Sobre la ubicación, identificació n y operación del 31º Batallón de Infantería y el 91º Batallón de Infantería pertenecientes también a la 39ª Zona militar hablaremos próximamente).
Los operativos y amenazas del Ejército Federal mexicano en la incursión militar dentro del poblado de La Garrucha, Hermenegildo Galeana y San Alejandro, no son de ninguna manera un asunto menor. Se ha presupuesto que el subcomandante Marcos y otros mando militares operan por esa región o algunas veces tienen presencia por ahí, fuese cierto o no, la advertencia y el nivel de la amenaza quedó registrada.
Hay un caso donde no hay registro de la participación del Ejército Federal mexicano. El 22 de mayo pasado, dos o tres días después del operativo en San Jerónimo Tulijá contra bases de apoyo zapatista, se sucedió otro hecho no menos alarmante. Agresiones y enfrentamientos en la comunidad de Morelia, poblado sede del Caracol de Morelia. Personajes de filiación priísta, algunos miembros de la OPDDIC, que se articulan con el Campo militar de Altamirano, Cuartel General de la 11ª Compañía de Infantería no Encuadrada (11ª CINE) eran los agresores. Por increíble que parezca, los priístas exigían el terreno que ocupa la sede del Caracol de Morelia.
La retaguardia
El 22 de septiembre pasado, la Comisión Sexta del EZLN se vio obligada a cancelar su gira de trabajo por el centro y sur de México, como miembro del movimiento nacional en construcción de La Otra Campaña, debido a las agresiones que había contra los pueblos zapatistas y debido también a distintas acciones realizadas por el Ejército popular Revolucionario (EPR). Golpear y agredir a las bases de apoyo zapatistas y sus autoridades civiles es golpear la retaguardia de la Comisión Sexta en su iniciativa y propuesta de conformación de un movimiento nacional, eso el gobierno mexicano lo tiene claro.
A finales del año pasado, el subcomandante Marcos concedió una entrevista a la reportera y escritora Laura Castellanos en la comunidad de La Garrucha, la entrevista paseo sobre distintos tópicos y en algún momento se pregunta y se responde lo siguiente:
Laura Castellanos: “Entonces, en enero de 2008 no entran a la fase de agitación y movilización, como lo tenían planeado anteriormente”.
Subcomandante Marcos: “No, porque se supone que terminábamos en diciembre de 2007. Todavía nos falta recorrer el centro y el sur sureste del país. Nosotros pensamos que en junio de 2008 hay que trabajar sobre la estructuració n de ese programa nacional de lucha para pasar entonces a la agitación y difusión. En junio, cuando se cumplen tres años e la Sexta Declaración, es cuando se hará el cierre”[2].
Algo se hace evidente, no quieren que salgan. Si supuestamente el EZLN, su gobiernos autónomos, sus pueblos y el movimiento nacional en construcción de la Otra Campaña no son un peligro ¿por qué no quieren?
Los operativos militares y policíacos (PGR, PFP, AFI) de mayo y junio marcan señales y amenazas alarmantes de represión, prisión, despojo, desalojo o muerte contra el EZLN, los pueblos zapatistas y contra miembros de La Otra Campaña.
Si se miran las intervenciones militares dentro de la Selva Lacandona, se podrá mirar un involucramiento mucho más hostil y activo no sólo de las Unidades militares ubicadas dentro del territorio de La Garrucha, también las que están fuera de él, sea Comitán o sea Palenque. Las fuerzas castrenses empiezan a cerrar pinzas.
El Ejército Federal mexicano acecha, las señales están muy claras.
Mientras pasa lo que pasa, el CAPISE ha enviado una Brigada Especial de Observación Tierra y Territorio (BEOTT) al Caracol de La Garrucha, estas Brigadas estarán de forma permanente.
En el CAPISE pensamos que es tiempo de replantearse una gigantesca campaña contra la militarizació n en el territorio indígena de Chiapas y de México.
Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas A.C.
(CAPISE)
[1] La Base de Operaciones de Rancho Península está a menos de un kilómetro del acceso a la cañada de Las Tacitas.
[2] Corte de Caja. Laura Castellanos, Ricardo Trabulsi, Alejandro Magallanes. Primera edición 2008. Pág. 73.

URBANIZACIÓN SALVAJE EN CUERNAVACA

URBANIZACION SALVAJE EN CUAUHNAHUAC

Dos noticias llaman la atención. La renuncia del hasta ayer titular del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SAPAC), la llegada de su relevo, el ahora ex delegado en Morelos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y la queja tardía de un regidor del Verde Ecologista, que “a toro pasado” pide la renuncia del secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Cuernavaca, y se percata de la negligencia del funcionario para atender las denuncias y quejas de la población respecto a las autorizaciones de construcción expedidas por el antecesor del alcalde Jesús Giles Sánchez, el hoy senador Adrián Rivera Pérez.
Las dos notas están estrechamente relacionadas y su vínculo reside en la depredación, fraccionamiento, despojo de tierra, venta ilegal, construcciones irregulares, destrucción del patrimonio ambiental y cultural en la otrora “ciudad de la eterna primavera”, que han perpetrado a fondo y sin respiro las últimas tres administraciones panistas en la capital del estado.
Jesús Valle Romero entregó ayer su renuncia irrevocable a la dirección del SAPAC, y aprovechó para acusar que la edil perredista Nuvia Castañeda Salas orquestó una campaña en su contra. El caso es que la Auditoría Superior Gubernamental investiga el presunto uso irregular que el ahora ex funcionario hiciera de un crédito bancario por 60 millones de pesos negociado y solicitado por el Congreso morelense al aplicarlo a acciones ajenas a las que estaba destinado. El alcalde cuernavacense, si bien despide a Romero celebrando que en su gestión nunca faltó el agua, sugiere la posibilidad de que aquél pudiera ser objeto de sanción administrativa por haber sustituido obras hidráulicas, pero lo alcanza a disculpar diciendo que esos cambios al programa obedecieron a la “problemática social, lo que no representa un mal uso de los recursos”. Al relevo llega Arturo Gómez Mancilla, quien en 1997 ocupó diversos cargos en el Sistema bajo las órdenes de Sergio Estrada. Después fue subsecretario de Ecología y de la Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, en la época de Bolaños Aguilar. Durante su gestión autorizó la construcción de dos megatiendas en el predio del ex hotel Casino de la Selva, lo que generó uno de los movimientos de resistencia civil más importantes de los últimos años, que culminó con la detención de dos decenas de ambientalistas y la destrucción de los murales del edificio, en el que ahora se hallan Costco y Comercial Mexicana. Más adelante regresa con plaza federal como delegado de Semarnat.
Cabe recordar que el pasado día 21, funcionarios de SAPAC reconocieron que la construcción del complejo residencial Punta Diamante Vista Hermosa, mejor conocido como Altitude, sí podría afectar el suministro de agua potable para casi 10 mil familias de El Empleado y Lomas de la Selva. A su vez, colonos denunciaron que el ahora ex titular del Sistema pretendía iniciar obras de rehabilitación de las redes a sabiendas de que en cuanto entrara en operación el pozo que se perforó en el complejo Altitude disminuiría considerablemente la distribución del vital líquido. Y que realmente la obra consistía en cambiar la tubería en mal estado que abastecería al mencionado conjunto residencial. Y justo en este vértice se halla la queja del regidor pevemista Alfredo Gutiérrez Trueheart, quien hasta ahora alza la voz para denunciar que Carlos Infanzón Sánchez, titular de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Cuernavaca, oculta al cabildo información sobre la expedición de permisos autorizados por la administración anterior, que atentan contra el medio y el suministro de agua potable. Justamente, a Infanzón se le atribuye la manipulación de la información sobre las “condiciones” en que se expidieron los permisos de construcción de Altitud, el lote de automóviles ubicado en contra esquina a Casa Morelos, la terminal de Ruta 9 en Amate Redondo y de las residencias en Tetela del Monte.


Alto a la corrupcion en Cuernavaca

La sociedad de Cuernavaca manifiesta su consternación por la destrucción de los valores de la ciudad.
Bajo un clima privilegiado se han establecido culturas milenarias en torno a sus manantiales y vegetación y fauna particular. Incluso es cierto que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha solicitado salvaguardar 60 sitios arqueológicos en el municipio. A pesar de lo anterior, las administraciones recientes del ayuntamiento han permitido un aumento de flujo vehicular y el establecimiento de comercios incluso en áreas verdes inscritas en la carta urbana como es el parque Melchor Ocampo. También pretenden aumentar la densidad poblacional e incluso han violado la ley y el reglamiento de de la ciudad, permitiendo la construcción de edificios de más de cuatro niveles. Pensando que nuestra ciudad de requiere de un control estricto y apego absoluto a la legislación - para garantizar el patrimonio mundial que ofrece y la calidad de vida de sus residentes, nos oponemos a que se mantenga la misma política de desarrollo urbano de las últimos trienios. Esperamos que el Sr. Jesús Giles, quien se ha pronunciado a favor de recuperar la vocación turística de Cuernavaca reconsidere la asignación del arquitecto Infanzón a la secretaría de obras públicas. Independientemente de ello, afirmamos que con el apoyo, de los residentes de Cuernavaca, mantendremos nuestro esfuerzo por defender al calidad de vida de vida de la ciudad procurando que disminuya la contaminación del aire, de nuestros suelos, la auditiva y la visual.

SI A UN CAMBIO EN LAS POLITICAS DE DESARROLLO URBANO
Cuernavaca
Viola Ayuntamiento de Cuernavaca los derechos ambientales
Integrantes de los Trece Pueblos sostuvieron ayer una reunión con legisladores para tratar el caso de los desarrollos desmedidos de unidades habitacionales. Foto: Raúl Brito / El Sol de Cuernavaca
* Lanza CEDH recomendación al alcalde capitalino
El Sol de Cuernavaca
16 de abril de 2008
Israel Mariano
Cuernavaca, Morelos.- A más de un año de la queja presentada por un particular, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Morelos, basada en la Carta Urbana, la legislación respecto al Medio Ambiente, y el artículo cuarto de la Constitución Política, emitió una resolución en la que advierte al ayuntamiento panista de Cuernavaca que ha violentado la legalidad y el derecho humano a un entorno natural sano y ecológicamente equilibrado en la capital.
El organismo resolvió que Jaime Lagunez Otero, en su calidad de ciudadano de Cuernavaca, acredita el acto reclamado exp 444/2006-4, donde solicita al presidente municipal Jesús Giles re-evalué la expedición de licencia de uso de suelo en la colonia Lomas de la Selva, o que inicie un procedimiento administrativo en contra del secretario de Obras Públicas y de seguimiento al acto delictivo de daño a un arbolado de 78 ejemplares en el predio denominado Cuexcontitlán, donde se construyen 13 casas sin estar debidamente regularizado ni aprobado.
El organismo concluye que la situación jurídica del asunto, da como resultado que la actuación de los servidores públicos de la SDUOP, y la Secretaría de Servicios Públicos municipales y Medio Ambiente de Cuernavaca, omitieron vigilar y evitar el desarrollo urbano y regular, con ello se causó daño ecológico y se afectó al ambiente, conductas que se encuentran en diversos ordenamientos jurídicos, en consecuencia se violenta el estado de derecho encontrándose acreditado el acto reclamado.
Este acto se atribuye a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Cuernavaca, así como a la propia comuna panista. Recuerda la CEDH, que la licencia de construcción para las 13 casas en un lugar inadecuado, de la calle Cuexcontitlán de la colonia Lomas de la Selva contravino lo dispuesto por el Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de la capital del estado.
Por todo lo anterior, se solicita a la comuna, realice una revaloración de la licencia de suelo otorgada a los propietarios del predio del fraccionamiento las "Piedras" en Lomas de la Selva, inicie procedimiento administrativo en contra del titular de la SDUOP, toda vez que al autorizar la licencia de uso de suelo y construcción ha causado alteración a la zona H05 de esa demarcación, y se integre el procedimiento administrativo en contra de la Dirección de Ecología relativo al daño ecológico ocasionado al área arbórea del sitio mencionado.
Una vez recibida la queja, los ciudadanos inconformes con la construcción de casas en este lugar, dejaron la responsabilidad en el alcalde Jesús Giles Sánchez y al procurador de Justicia, Francisco Coronato Rodríguez contestar y hacer valer la resolución emitida.
Por una Ciudad en Harmonía con el Entorno Natural.

En los últimos años los residentes de Cuernavaca, nos hemos visto afectados por la construcción excesiva de comercios y desarrollos habitacionales, con la autorización de autoridades estatales y municipales. Los habitantes de la ciudad profundamente consternados por el continuo deterioro de la calidad del aire y la vida en Cuernavaca, solicitan al cabildo de manera urgente la aplicación de políticas de sustentabilidad y frenar los proyectos inmobiliarios como es Altitude-Sare.

En Cuernavaca, se ha dado licencia para la construcción a un sinnúmero de gasolineras, plazas comerciales, lotes de autos y mega tiendas como Liverpool, además de las mega bodegas en el Casino de la Selva reconocido como un escándalo internacional. El crecimiento anárquico, ausente de una planeación urbana como lo marcan nuestras leyes, ha generado grandes problemas como lo es el aumento desproporcionado de tráfico en sus avenidas Plan de Ayala, Morelos, Zapata, Universidad y otras vialidades que la gente de la ciudad usa para trasladarse y que ahora cotidianamente padecen insufribles congestionamientos. Con esta tendencia, autorizando todo tipo de comercios, podrían tener este mismo destino las avenidas San Diego, Río Mayo, Alta Tensión, Gobernadores y lo que debería de ser el “corredor cultural” Teopanzolco, que ya cuenta con contaminación visual de espectaculares a nivel de banqueta.
Desafortunadamente, el discurso oficial del ayuntamiento y el gobierno del estado, insiste en "las ventajas" de los proyectos inmobiliarios y comerciales en pro de la inversión y "modernidad" es el mismo discurso obsoleto que se utilizaba hace varias décadas en la ciudad de México. Es bien sabido que ha sido el resultado del mismo: contaminación del aire, auditiva y visual, basura, tráfico, y delincuencia, en corto una ciudad desequilibrada e inhumana.
Los ciudadanos de Morelos NO queremos lo mismo para Cuernavaca. Podemos propiciar una ciudad armónica y digna , donde se respeta la calidad de vida de los que aquí habitan - Es imperante aplicar las políticas de sustentabilidad urbana para responder a esta exigencia ciudadana - dando término a las licitaciones de plazas comerciales, gasolineras, megatiendas, y a grandes proyectos inmobiliarios como Altitude-SARE con múltiples edificios, de más de diez pisos cada uno.

Paralelamente, es indispensable frenar las contaminaciones ambientales por ruido, exceso de tráfico, espectaculares y publicidad en general. El turismo extranjero, que es una importante fuente de ingresos para la economía local y nacional, ha disminuido en Cuernavaca debido a la incapacidad de los órganos competentes para limpiar y ordenar nuestra ciudad.
Al detener la deforestación, aumentar el número de áreas verdes y mantener la densidad habitacional y comercial dentro de los límites que la topografía y vialidades permiten, estaremos manteniendo la sustentabilidad y así evitando el deterioro irreversible del entorno donde residimos.
La ciudadanía exige que se restaure la esencia de Cuernavaca reconocida internacionalmente por su clima, vegetación, historia y arqueología. No más mega-proyectos ajenos a la fisonomía de Cuernavaca.

martes, 10 de junio de 2008

DEL COLOR DE LA TIERRA

Del Color de la Tierra

Cuenta la historia
que entre el río Euseba
y la Garrucha
había un niño
había un padre
una madre, un tío
una abuela indígenas
que nunca fueron vistos
por ser del color de la tierra

Cuentan los viejos
que cuando gritaron
¡Ya básta!
¡Nunca más una patria
sin nosotros!
Comenzó andar
la dignidad rebelde

Nos cuentan
que esos indigenas
son como un espejo
donde las injusticias
reproducen las heridas
de nuestros pueblos

Nos cuentan
que ellos son la raíz
que se hizo árbol
y sus ramas
dieron frutos
dúlces y suaves
cariñosos y amantes

Hoy entre el río Euseba
y la Garrucha
hay militares
que los amenazan
y que han hecho
que el niño sea hombre
que el indígena sea rebelde
que la dignidad sea
del color de la tierra

Lorenzo Vargas Sánchez
Colectivo Los Ángeles

lunes, 9 de junio de 2008

REVOLUCIÓN Y CONTRAREVOLUCIÓN

InteligenCIA y ContrainteligenCIA, Revolución y Contrarrevolución
Divagues y dudas sobre el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley del Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia
07-06-2008

Keymer Avila y Patricia Parra

"Y ustedes y yo sabemos que nuestra principal responsabilidad es, la principal responsabilidad, (…) la seguridad de nuestros ciudadanos. Ese es un deber solemne que tenemos; trabajar juntos para asegurarnos de que nuestra nación esté lo más protegida posible. (…) Hay personas aquí en este mundo que desean hacernos daño. ¿Ven? No nos toleran porque amamos ciertas cosas y no vamos a cambiar. (…) Amamos nuestro proceso político (…) y rehusamos cambiar. (Aplausos.) Estos terroristas no serán detenidos por sus propias conciencias; no tienen conciencia. Pero serán detenidos. Serán detenidos porque nuestra gran nación actúa con determinación (…), estamos alerta dentro del país y estamos absolutamente decididos a prevalecer. (Aplausos.) (…) Pero la verdadera razón por la que somos fuertes se debe a los corazones y almas de los ciudadanos. Por eso somos fuertes. (…) los ciudadanos enfrentaron la maldad, embistieron a sus atacantes y comenzaron la primera contraofensiva en la guerra contra el terrorismo (…) lección muy importante sobre el 11 (…) que nunca debemos olvidar, y es que ya no podemos descartar las amenazas que puedan existir en el extranjero. En otras palabras, cuando el Presidente y /o cualquier otra persona en poder ve una amenaza, debemos tomarla en serio. Ahora, eso no quiere decir que se debe lidiar con cada amenaza con la opción militar, pero cada amenaza debe verse como un problema potencial (…) Miles (…) prestan servicios en la guerra contra el terrorismo, entre ellos, más de 6,000 miembros de la Guardia Nacional y Reserva en servicio activo actualmente (…) Quiero agradecerles a los hombres y mujeres que llevan el uniforme. Nuestra nación está agradecida por su sacrificio (…)El enemigo aún está activo (…) Los terroristas usan la violencia para diseminar el temor y desbaratar las elecciones. Quieren que entremos en pánico. Esa es su intención. Su intención es decir, creemos pánico en el mundo civilizado. Quieren que las naciones se pongan unas en contra de otras, que las naciones civilizadas disputen y debatan sobre la misión. ¿Saben? No van a debilitar nuestra voluntad (…) Pero desde que estamos en guerra, y ya que este es un gran país libre, la prioridad del gobierno ahora es la prevención de otro atentado (…) Después del 11 (…), dimos otro paso vital para combatir el terrorismo, y de eso deseo hablar hoy. Deseo hablar sobre la Ley Patriota. Es una ley que promulgué. Es una ley que fue aprobada abrumadoramente en la Cámara de Representantes y el Senado. Es una ley que está haciendo que Estados Unidos sea más seguro. Es una ley importante. (…) Deseo que tengan en mente lo que acabo de decir sobre la Ley Patriota la próxima vez que escuchen a alguien atacar la Ley Patriota. La Ley Patriota defiende nuestra libertad. La Ley Patriota hace que sea posible que aquellos de nosotros en puestos de responsabilidad defiendan la libertad del pueblo estadounidense. Es una ley esencial. (Aplausos.) Que Dios bendiga su trabajo. Que Dios continúe bendiciendo a nuestro país. (Aplausos.) Gracias a todos. (Aplausos.)" W. Bush, 19 de abril de 2004 http://www.whitehouse.gov/news/releases/2004/04/20040419-4.es.html

Escribimos estas líneas más desde las dudas que desde las certezas, más desde la preocupación que desde el dominio de la verdad, de la cual no nos consideramos dueños. Es una invitación a reflexionar sobre lo que se gana y/o se pierde con una ley de Inteligencia y Cotrainteligencia, como la publicada el 28 de mayo de este año.
Para el debate sobre esta ley consideramos necesario:
1. Abordarla desde la razón, desde la historia (especialmente la de Nuestra América), y desde una perspectiva ideológica antiautoritaria, en la que -desde el lente de la izquierda- el individuo no se suprime, ni se considera una pieza-órgano del sistema; lo que no quiere decir que se deje de pensar en los intereses colectivos ni en un proyecto popular de emancipación, todo lo contrario, solo con sujetos políticos revolucionarios y críticos podrá hacerse una verdadera revolución.
2. Alejarse de la usual reacción de la derecha nacional e internacional que celebran el Plan Colombia, que aplauden las violaciones de la soberanía territorial y genocidios realizados por EEUU, Colombia o Israel, que le otorga una credibilidad enorme y validez probatoria absoluta al súper computador de Raúl Reyes, que nunca condenan la pena de muerte y las violaciones a los DDHH que lleva a cabo el gobierno de EEUU (en Guantánamo y muchas otras prisiones clandestinas que tienen esparcidas en todo el mundo).
3. Abandonar la idea de que todo lo que hace el gobierno es progresista, revolucionario, socialista, oportuno, pertinente, correcto o positivo. La cualidad de revolucionario no puede estar condicionada al número y volumen de los aplausos y ovaciones que se le propinen a todas las decisiones gubernamentales; tampoco la memoria para la repetición (ya sea exacta o parafraseada) del discurso oficial deben ser consideradas como las características más relevantes de un cuadro revolucionario. Es importante resaltar que en estas líneas trataremos de irnos a las ideas de fondo, razón por la cual no abordaremos el análisis situacional-contextual de la promulgación de la ley, como por ejemplo, la impertinencia de la misma en un año electoral, en una fecha coincidente con el aniversario de la no renovación de la concesión a RCTV, aunado a la propaganda rancia heredera de la guerra fría en contra del gobierno supuestamente autoritario (pero que le da libertad plena a la oposición y a los medios de comunicación para que hagan y deshagan, digan y desdigan) etc, etc…
4. Recordar que los que se opusieron y criticaron a la Patriotic Act o Ley Patriota (promulgada el 15 de octubre de 2001) fueron señalados de terroristas por el gobierno de los EEUU. Esta ley para muchos es una reedición de la Ermächtigungsgesetz (1933) de Hitler, lo que vincula estrechamente los principios del gobierno de EEUU con los del régimen nazi.
5. Que el miedo construido a partir del 11-S se extendió y el mandato de Washington lo siguieron las Leyes de Inteligencia de Argentina (diciembre de 2001, durante los últimos días de De La Rúa), España (aupada por Aznar en 2002), Chile (2004) y México (aupada por Fox en 2005). Sin embargo, en la ley argentina se establece un su segundo título la "Protección de los Derechos y Garantías de los Habitantes de la Nación" en la que se garantiza el respeto a la persona, a su dignidad, privacidad, así como la prohibición de ser investigado o perseguido por sus creencias o afiliación política (artículos 3 al 5; la ley mexicana establece algo similar en sus artículos 61-64); también se establecen controles externos a estos organismos por parte del Poder Judicial (no pueden afectarse derechos sin orden judicial previa: artículos 18 al 22, la ley chilena establece lo mismo en su artículo 25, la mexicana en su artículo 34 y de una forma mucho más amplia la española en su artículo 12) y del Poder Legislativo (Control Parlamentario: artículos 31 -37, la ley mexicana en sus artículos 56-60, y la española en su artículo 11); además de sancionar penalmente la interceptación de comunicaciones sin autorización judicial previa. La ley chilena le agrega a los controles externos la Contraloría General de la República (artículo 33). La ley mexicana establece en su artículo 36 que los procedimientos judiciales que se instauren para autorizar las solicitudes de intervención en materia de Seguridad Nacional no tendrán naturaleza contenciosa y sus constancias procesales carecerán de valor probatorio en procedimientos judiciales o administrativos. En ninguna de las leyes mencionadas se consideran a las organizaciones populares, ni a los particulares como órganos de apoyo a las actividades de inteligencia.
Es de advertir que todo país, todo gobierno, sin importar su ideología, necesita de un sistema de inteligencia que busque la estabilidad de su sistema político y le asegure un dominio pacífico de la población y de las instituciones. Esto no tiene discusión alguna. Así como tampoco se discute la necesaria reestructuración de los organismos de inteligencia nacionales, que así como sucedió con las policías, necesita que sus actividades estén reguladas y controladas por ley. Sin embargo, no hay que perder de vista que las leyes no son varitas mágicas para cambiar estructuras, culturas y vicios. Lo importante de todo esto es la protección de las personas, de su vida e integridad, de la dignidad humana y de los DDHH, si esto está garantizado se justificará la defensa del sistema, ese debe ser el orden de las cosas en un estado democrático, ese debe ser el orden de las cosas en una construcción socialista distinta a las experiencias de la URSS y de la Alemania del Este. Los caballos deben ir delante de la carreta y no al revés.

Abordaremos a vuelo de pájaro sólo 11 artículos (de 29 que tiene la ley) que consideramos de especial atención.


1. Problemas de forma: la reserva legal
En el caso particular del Decreto con fuerza de Ley de Inteligencia y Contrainteligencia, se están tocando materias que forman parte de la reserva legal,[1] es decir, materias que por su trascendencia (las relacionadas con la regulación del ejercicio de garantías constitucionales, la organización de los Poderes Públicos y las de carácter penal), requieren ser legisladas en el seno del parlamento bajo un proceso de deliberación y consulta amplio, mucho más en nuestro país donde se consagró la democracia participativa y protagónica como uno de los principios fundantes del Estado, por lo que no se comprende, que una materia tan importante como ésta (inteligencia y contrainteligencia) haya sido delegada cuando para su regulación, debe ser consultada con la sociedad o en su defecto por el órgano que tiene (al menos desde el deber ser) la mayor legitimidad y pluralidad para representarla: la Asamblea Nacional. Vale recordar además, que la reserva legal nació como una garantía de protección de los derechos de las personas, en especial los llamados derechos de primera generación (integridad, vida, libertad personal, etc). Al reconocerse estas materias y otras de trascendental importancia que fueron luego incluyéndose (como los derechos sociales y económicos) se planteó que su modificación legal requería de la consulta de la sociedad en su totalidad y no sólo de un grupo que detente el poder o un grupo de "expertos" que decida por el resto. Esto, pese a parecer algo sumamente "liberal burgués" es una conquista importantísima en la construcción de la democracia; de lo que se trata es de que en tiempos de revolución y cambio hagamos valer estas premisas y que no sólo sean garantías formales: que la gente pueda participar de estas decisiones no sólo legitimándolas cuando las toman desde arriba los operadores políticos, sino que tengan voz en el proceso de formulación de las propuestas que luego afectarán a la sociedad completa.
Como se desprende de los anteriores párrafos, pareciera que la Asamblea Nacional en enero de 2007, ni siquiera se paseó por estos supuestos doctrinarios bases del Estado democrático y social de derecho. No sólo le otorgó un conjunto de competencias bastante amplias al Ejecutivo para que legislara (quedándose el parlamento sin ningún trabajo que hacer), sino que además colocó un plazo muy extenso (18 meses) contrariando la excepcionalidad de una figura como los Decretos-Leyes que por su origen e historia nacen para especiales circunstancias de urgencia bien específicas que para ese momento en que fue sancionada la Habilitante no parecían estar dadas.
Aun suponiendo que desechemos todos estos criterios por considerarlos típicamente "liberales-burgueses" y le intentemos dar una explicación de real politik a la forma como se sancionó esta Habilitante, pareciera que tampoco tendríamos buenos argumentos que la sustente. ¿Podríamos afirmar que era extremadamente necesaria porque el parlamento es muy lento para la aprobación de las leyes o no se contaba con la mayoría de los parlamentarios para sancionar todas las leyes que necesitaba el gobierno para profundizar los cambios? Pues pareciera que no podemos mantener esta afirmación, porque se sabe que desde que la vieja derecha de este país se dedicó a suicidarse políticamente no participando en las elecciones, la Asamblea Nacional quedó totalmente a favor del gobierno, lo cual a nuestro criterio hizo innecesario una Ley Habilitante tan amplia. ¿O acaso se hizo así porque no existía capacidad desde el parlamento para aprobar -con la urgencia y calidad necesaria- las leyes que requería el proyecto bolivariano? ¿A qué se ha dedicado nuestra Asamblea Nacional en los últimos meses?

2. Problemas conceptuales

"Actividad de Inteligencia. Artículo 8.- La actividad de inteligencia comprende la planificación y ejecución de acciones tendientes a la obtención, procesamiento y difusión del conjunto de informaciones y documentos que se produzcan sobre las formas de actuación de personas naturales y jurídicas en países, naciones y bloques de naciones, a objeto de detectar de manera preventiva las posibles amenazas y vulnerabilidades que pudieran afectar la seguridad, defensa y desarrollo integral de la Nación.
La actividad de inteligencia civil es aquella que se desarrolla en los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico y ambiental, y la actividad de inteligencia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es aquella que se desarrolla en el ámbito militar.
Actividad de Contrainteligencia. Artículo 9.- La actividad de contrainteligencia comprende la planificación y ejecución de acciones tendientes a la obtención, procesamiento y difusión del conjunto de informaciones y documentos que se produzcan sobre las formas de actuación, dentro del territorio nacional, ejecutadas por personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, que atenten contra la estabilidad de las instituciones democráticas y el orden constitucional, a objeto de detectar de manera preventiva las posibles amenazas y vulnerabilidades que pudieran afectar la seguridad, defensa y desarrollo integral de la Nación.
La actividad de contrainteligencia civil es aquella que se desarrolla en los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico y ambiental, y la actividad de contrainteligencia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es aquella que se desarrolla en el ámbito militar."

En estos artículos cuya redacción es casi idéntica, se define –palabras más, palabras menos- a la Inteligencia como las actividades internacionales tendientes a la obtención, procesamiento y difusión de información y la Contrainteligencia serían estas mismas actuaciones pero realizadas dentro del territorio nacional. Lo que conceptualmente es incorrecto. Y si partimos mal desde la idea, el desenlace no será más feliz.
Por Inteligencia debe entenderse el proceso sistemático de recolección, evaluación y análisis de información (hechos, amenazas, riesgos y conflictos), que afecten la seguridad exterior e interior de la Nación o Estado, cuya finalidad es producir conocimiento útil para la toma de decisiones (Ley 19.974, sobre el Sistema de Inteligencia del Estado de Chile; Ley 25.520 de Inteligencia Nacional de Argentina; Ley de Seguridad Nacional de México Ley 27.479 del Sistema de Inteligencia Nacional de Perú).
La Contrainteligencia sería aquella parte de la actividad de Inteligencia cuya finalidad es detectar, localizar, neutralizar o evitar las acciones de inteligencia desarrolladas por actores (nacionales o extranjeros) que representen amenazas o riesgos para los derechos y libertades de los ciudadanos, la soberanía, integridad y seguridad del Estado o Nación, la gobernabilidad democrática, el ordenamiento constitucional, o el Estado de Derecho (Ley 19.974, sobre el Sistema de Inteligencia del Estado de Chile; Ley 25.520 de Inteligencia Nacional de Argentina; Ley de Seguridad Nacional de México y Ley 11/2002, del Centro Nacional de Inteligencia de España).
Como puede apreciarse la actual ley está bien lejos de definir claramente ambas actividades, al contrario las confunde y sólo las identifica con un ámbito espacial de acción; posiblemente la premura en su promulgación fue un factor importante para esta carencia. Así que desde el punto de vista conceptual y técnico, al menos en estos dos artículos (bases), esta ley no tiene asidero.

"CAPÍTULO III. DE LOS SUBSISTEMAS
Subsistema de Inteligencia. Artículo 11.- El Subsistema de Inteligencia es aquel conjunto de informaciones y documentos obtenidos y procesados por los órganos y entes que realicen actividades de inteligencia tanto en el ámbito civil como militar, de acuerdo a los principios, organización y funcionamiento establecidos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, y en los actos de rango sublegal que se dicten en ejecución de éste. Subsistema de Contrainteligencia. Artículo 12.- El Subsistema de Contrainteligencia es aquel conjunto de informaciones y documentos obtenidos y procesados por los órganos y entes que realicen actividades de contrainteligencia tanto en el ámbito civil como el militar, de acuerdo a los principios, organización y funcionamiento establecidos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, y en los actos de rango sublegal que se dicten en ejecución de éste. Subsistema Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia Civil
Artículo 13.- El Subsistema Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia Civil es el conjunto de órganos, entes, actividades, informaciones y documentos que se produzcan en los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico y ambiental; en los sectores públicos y privados, nacional e internacional, los cuales por su carácter y repercusión, son de vital importancia a los fines de determinar las vulnerabilidades o fortalezas, tanto internas como externas que afecten la seguridad, defensa y desarrollo integral de la Nación, de acuerdo a los principios, organización y funcionamiento establecidos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, y en los actos de rango sublegal que se dicten en ejecución de éste.
Subsistema Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Artículo 14.- El Subsistema Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es el conjunto de órganos, entes, actividades, informaciones y documentos que se produzcan en el ámbito militar; en los sectores públicos y privados, nacional e internacional, los cuales por su carácter y repercusión, son de vital importancia a los fines de determinar las vulnerabilidades o fortalezas, tanto internas como externas que afecten la seguridad, defensa y desarrollo integral de la Nación, de acuerdo a los principios, organización y funcionamiento establecidos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, y en los actos de rango sublegal que se dicten en ejecución de éste."

En estos 04 artículos persisten las debilidades conceptuales, confunden el objeto de análisis (las informaciones y documentos) con las actividades (búsqueda, procesamiento, análisis) y con los órganos. Aparece entonces la información, el trabajo que sobre ella se ejerce y los actores que realizan tal actividad como la misma cosa en toda una maraña que pareciera denotar improvisación, prisa o quien sabe qué…

3. Debilitamiento de los lazos comunitarios y del tejido social: Del sujeto político revolucionario al funcionario delator

"Órganos de Apoyo. Artículo 16.- Son Órganos de Apoyo a las actividades de inteligencia y contrainteligencia, las personas naturales y jurídicas, de derecho público y privado, nacionales o extranjeras, así como los órganos y entes de la administración pública nacional, estadal, municipal, las redes sociales, organizaciones de participación popular y comunidades organizadas, cuando le sea solicitada su cooperación para la obtención de información o el apoyo técnico, por parte de los órganos con competencia especial.
Las personas que incumplan con las obligaciones establecidas en el presente artículo son responsables de conformidad con la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, y demás actos de rango legal y sublegal aplicables a la materia, en virtud de que dicha conducta atenta contra la seguridad, defensa y desarrollo integral de la Nación."

En este artículo continúan las confusiones de aspectos que pertenecen a ámbitos distintos. Una cosa es un órgano de apoyo en labores de inteligencia y otra los deberes constitucionales que tiene todo ciudadano (artículos 130 al 135 CRBV); una cosa es el convencimiento que tiene una persona por la defensa de sus ideales y otra es una amenaza de penas de prisión que van de 2 a 4 años para particulares y de 4 a 6 para funcionarios públicos (artículo 54 de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación); una cosa es un sujeto político revolucionario y otra es un funcionario que vigila y delata.
En los últimos tiempos han surgido sectores que de buena o mala fe, o simplemente por no quedar desactualizados en los temas y terminología de la política y las ciencias sociales, colocan en el tapete el tema de la participación de las comunidades en la elaboración, seguimiento y control de las políticas públicas (más allá de que muchos de sus voceros en la práctica obstaculicen el empoderamiento real de estos sectores). Pero ¿cómo debería ser la participación de la comunidad en materia de política criminal, de seguridad o de "Inteligencia"? Ya que en esta materia no se busca directamente la satisfacción de derechos básicos (alimentación, educación, vivienda), ni se limita a la contraloría social de las instituciones, si bien pudiera relacionarse con éstas, se diferencia en que la política criminal, la seguridad y la Inteligencia están relacionadas con la restricción de derechos fundamentales.
La participación comunitaria y social nunca debe significar convertir a los ciudadanos en policías, vigilantes o "sapos", ni convertirse ella misma en una táctica para la delación, la desconfianza y la sospecha. No debe deteriorar las relaciones entre los vecinos, ni permitir que los Organismos de Inteligencia se apropien de estas instancias. El Estado en estos espacios debe asegurar que se respeten los derechos humanos y la Constitución; así como la construcción y el fortalecimiento de los vínculos de solidaridad, confianza, respeto y tolerancia entre los miembros de la comunidad. Y este artículo, promueve todo lo contrario, sembrando desconfianza intraclase, poco se fortalecerían los vínculos comunitarios, poco avanzará un movimiento popular si se subordina a las necesidades de los Organismos de Inteligencia, así una verdadera revolución de abajo hacia arriba no se materializaría.

4. Retrocesos en materia de DDHH: "hasta la virtud necesita de límites"
"Competencias. Artículo 6.- Corresponde al Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia: (…)
2. Identificar, prevenir y neutralizar toda actividad interna o externa ejecutada por cualquier factor que pretenda atentar contra la seguridad, la soberanía nacional, el orden constitucional y las instituciones democráticas.
3. Actuar de manera coordinada en el ámbito de sus competencias, para garantizar la seguridad ciudadana y la seguridad de la Nación(…)"

Hay doctrinarios que dicen que no hay nada más peligroso que el concepto de peligrosidad, por la gran discrecionalidad y subjetividad que implica el mismo. Algo idéntico sucede con la idea de seguridad. Lo que puede definirse como seguridad puede resultar ser muy peligroso y causar mucha inseguridad.
En este particular es bueno refrescar la memoria y aclarar algunas cosas: la conjunción del concepto de orden público con el de seguridad nacional, alimentó la cultura del autoritarismo, a la cual se sumó el adiestramiento policial a la imagen y semejanza del militarismo latinoamericano conducido por la ideología de la tristemente célebre Escuela de las Américas, secuelas que –lamentablemente- todavía perviven.
En los últimos años, en correspondencia con la tendencia en otros países iberoamericanos la vieja opción de "orden público", que enfatizaría la preservación y defensa del orden legal y las instituciones, se fue transformando en el concepto de "seguridad ciudadana", de contenido más progresista, que supone la protección de los ciudadanos y del libre ejercicio de sus derechos.
Este cambio conceptual de "orden público" a "seguridad ciudadana" se cristaliza en la Constitución de 1999, estableciendo en su artículo 55 que "toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes".
Hasta acá con esta idea de la seguridad como garantía y no como derecho, la cosa va bien, el error de origen que viene de la propia Constitución y que lamentablemente en esta legislación se reproduce, es la confusión de seguridad ciudadana con seguridad de la nación. Enmarcar el capítulo de la seguridad ciudadana (artículo 332) dentro del Título VII que establece el sistema de "seguridad de la nación" confunde la seguridad como garantía de derechos con la seguridad referida al resguardo de la soberanía e integridad territorial. Este planteamiento constitucional concibe a la seguridad como un sistema por demás complejo, y que deja un margen de dudas en relación con la consagración del estado democrático, pues la seguridad ciudadana no es un tema que atañe a la Seguridad de la Nación, salvo la aplicación del Derecho Internacional Humanitario, en el contexto de conflictos armados. La opción política ante este error conceptual es la obligada concordancia que debe hacerse con el artículo 55 el cual ubica a la seguridad ciudadana dentro del capítulo de los derechos civiles.
Desde esta perspectiva es importante separar no sólo conceptual, sino legal y operativamente las labores de los órganos de seguridad ciudadana de los organismos de inteligencia, lo que no quiere decir que no colaboren entre sí en casos específicos. Una cosa es el trabajo conjunto y otra es fusionarse, una cosa es la función de policía administrativa y otra las de investigación, una cosa es realizar labores de seguridad ciudadana y otra realizar labores de inteligencia.

"Obligación Especial. Artículo 17.- Todos los funcionarios o funcionarias que forman parte del Sistema de Justicia deberán coadyuvar en el ejercicio de las actividades de inteligencia y contrainteligencia, en cada una de sus fases, con el fin de salvaguardar la seguridad, defensa y desarrollo integral de la Nación, conforme a las disposiciones contenidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, y la normativa vigente."

Este artículo es uno de los más graves, subordina el Poder Judicial al Poder Policial, el derecho de los ciudadanos al criterio de "seguridad" y "peligro" del ejecutivo (hay que recordar que se debe legislar para sistemas y no para administraciones específicas y coyunturales, legislar para instituciones y no para personajes). En esta ley nunca se establece ni el control judicial ni el parlamentario, controles comunes en la legislación comparada (como ya señalamos).
El origen inmediato de los "atajos" policiales al control de la justicia y de la legalidad lo encontramos en 1949 cuando se le otorgan plenos poderes a la CIA para investigar sin necesidad de autorización judicial, expedientes administrativos y fiscales. Esta organización no sólo se caracteriza por inmiscuirse en los asuntos internos de otros países y en derrocar a través de golpes de Estado a gobiernos democráticos, sino que también se mezcla con otros ámbitos ilegales como la mafia italiana, asiática y los colaboradores del Tercer Reich. Cuando no se controla al poder, se la da un cheque en blanco a la arbitrariedad.
Este descontrol de los Órganos de Inteligencia debe verse en un contexto regional en el que la violencia policial es grande, no de ahorita, no de los últimos años, sino de las últimas 3 décadas. El Ministerio Público, en un trabajo encomiable (que ojalá se mantenga y profundice en las nuevas gestiones) sistematizó las cifras de violaciones de DDHH de los últimos 7 años, los datos son aterradores: violaciones de derechos humanos (lesiones, violación de domicilio, privación de libertad, acoso u hostigamiento, tortura, desaparición forzada) 33.268 casos, con un número de víctimas de 32.552; en el caso de ejecuciones extrajudiciales hubo 6.364 casos con un total de 7.187 víctimas. ¿Qué nos indica esto? Que la policía necesita de límites, de controles, de un Poder Moral y un Poder Judicial fuertes, que ejerzan su autoridad ante el Poder Ejecutivo, en especial sobre sus poderes de policía.
Cuando el ámbito de las labores de Inteligencia llegan al terreno delictivo (ya sea por la comisión de los investigados o de los investigadores), se deben activar todos los controles del Ministerio Público y del Poder Judicial no sólo para garantizar los derechos de los involucrados, sino que consecuencialmente esto garantizaría también el castigo de los responsables.
En la práctica diaria se observa la arbitrariedad y exceso de los cuerpos de seguridad del Estado y el escaso control que las instituciones ejercen sobre estos. ¿Se imaginan ahora como este artículo puede afectar esta situación?
Este artículo abre las puertas para el abuso policial o de los "órganos de Inteligencia"; coloca la carreta delante de los caballos, y las ovejas a perseguir a los lobos.

"DE LA ACTIVIDAD PROBATORIA. Principio de legalidad de la prueba.
Artículo 20.- Todas las informaciones, documentos y objetos inherentes a la seguridad, defensa y desarrollo integral de la Nación, obtenidos en la actividad operativa y de investigación ejecutadas por los Órganos con Competencia Especial, tendrán el carácter procesal penal de diligencias necesarias y urgentes, sin estar sujetas a otras condiciones temporales o materiales establecidas en la ley.
En el supuesto que las diligencias recaigan sobre hechos definitivos o irreproducibles, o exista temor fundado de su extinción o desaparición, o resulte inminente la comisión de un delito, dichas diligencias serán ejecutadas por los Órganos con Competencia Especial sin requerir orden judicial o fiscal alguna, a tal fin esta situación excepcional deberá ser justificada mediante acto motivado, en donde se exprese la presencia de alguna de las condiciones antes establecidas y que las referidas actividades operativas y de investigación son ejecutadas en resguardo de la seguridad y defensa de la Nación. Las resultas de las diligencias en referencias tendrán el carácter de prueba técnica y serán libremente incorporadas al proceso judicial pertinente, permitiéndose posteriormente la materialización del derecho a la defensa, en todas sus formas de expresión y específicamente al control de la prueba y al controvertido."

Este artículo violenta: el debido proceso (49 CRBV), el derecho a la defensa, el derecho al juez natural, la inviolabilidad del hogar doméstico (47 CRBV) y de las comunicaciones (48 CRBV). Irrespeta los principios de la prueba en materia procesal penal que constituyen una garantía para el ciudadano, tales como: el de contradicción, carga de la prueba, inmediación, concentración, imparcialidad, licitud y de publicidad; íntimamente relacionados con los principios del proceso penal venezolano, artículos 15, 16, 17, 18, 197, 198 y 199 del COPP.

"Confidencialidad o secreto de la prueba. Artículo 21.- Cuando la integridad de la actividad operativa y de investigación de inteligencia y contrainteligencia requiera el mantenimiento de la confidencialidad o secreto sobre los indicios y pruebas preconstituidas, las mismas se mantendrán en tal estado y solo podrá ser levantada tal clasificación cuando la finalidad inherente a la seguridad, defensa y desarrollo integral de la Nación objeto de la investigación no se vea comprometida, procediéndose a su incorporación sobrevenida en la fase procesal oportuna y correspondiente, garantizando siempre el derecho a la defensa de los procesados."

Este artículo estrechamente relacionado con al anterior, viola el derecho y acción de habeas data (artículo 28 CRBV).

Bush en 2004 en la presentación de la Ley Patriota celebró la misma diciendo:
"La Ley Patriota autoriza lo que se denomina las órdenes de registro con notificación retrasada. Yo tampoco soy abogado. (Risas.) Éstas permiten que el personal de cumplimiento de la ley, con la aprobación de los tribunales, realicen registros sin darles indicios de ello a los sospechosos y darles la oportunidad de huir ni destruir pruebas. Es un aspecto importante de realizar operaciones contra los grupos organizados (…) es que la Ley Patriota hizo que las cosas fueran más fáciles para las personas a quienes les hemos encargado que protejan a los Estados Unidos. Eso es lo que queremos. Queremos que la gente tenga las herramientas necesarias para hacer la labor que esperamos que hagan (…) Estas son razones prácticas. Estas son maneras de darles a nuestros agentes de cumplimiento la ley las herramientas necesarias para realizar su labor para que puedan proteger mejor a los Estados Unidos. Y estamos alcanzando logros."[2]

Estas inconsistencias y retrocesos en materia de derechos humanos tienen el mismo "aire de familia" (como dice Ernesto Villegas) de la reforma regresiva del Código Penal de 2005, en la que, por ejemplo, se creo el delito de invasión, gracias al cual muchos inquilinos y otras familias necesitadas y de escasos recursos son perseguidas y criminalizadas (sin contar el aumento de penas en los delitos contra la propiedad); las subsecuentes reformas del COPP que cada vez lo asemejan más al inquisitivo Código de Enjuiciamiento Criminal; la promulgación de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada (LODO), Ley Orgánica de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y su última reforma (Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Sicotrópicas), la merma del debido proceso en el proyecto de reforma constitucional en caso de estados de excepción, etc... Todas con un sello Made in USA.[3] Es por ello que pensamos que un proceso revolucionario que quiera marcar distancia de los procesos de la antigua Unión Soviética y de la Alemania del Este, no necesita de una "Inteligencia" del estilo CEJAP.

http://mx.groups.yahoo.com/group/espaciocritico/
www.sinnombres.org.ve

Referencias:
Antillano, A. y Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la UCV. "Características de la policía venezolana". La policía venezolana: desarrollo institucional y perspectivas de reforma al inicio del tercer milenio. Tomo I: 66-158. Caracas, Venezuela. CONAREPOL, 2007.
Avila, K. "Estudio de la participación comunitaria o ciudadana como modalidad de una política criminal." Memorias del XVIII Congreso Latinoamericano, X Iberoamericano y I Nacional de Derecho Penal y Criminología. "Hacia la construcción de un Derecho Penal Latinoamericano":105-119. Bogotá, Colombia. Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional de Colombia y Editorial Leyer, 2006. Este artículo también está disponible por la web en: http://www.derechopenalonline.com/index.php?id=27,348,0,0,1,0 ; www.pensamientopenal.com.ar ; y en: http://www.cejamericas.org/doc/documentos/Estudioparticipacionciudadana_modalidadpoliticacriminal.pdf
Borrego. C. "Marco jurídico de los cuerpos policiales en Venezuela" La policía venezolana: desarrollo institucional y perspectivas de reforma al inicio del tercer milenio. Tomo I: 159-265. Caracas, Venezuela. CONAREPOL, 2007.
Peña S., J. "Manual de Derecho Administrativo". Tomo I: 419-525. Quinta Reimpresión, Colección de Estudios Jurídicos, TSJ, Caracas, 2006.
Ley 11/2002 del Centro Nacional de Inteligencia de España
Ley 19.974 sobre el Sistema de Inteligencia del Estado de Chile
Ley 25.520 de Inteligencia Nacional de Argentina
Ley de Seguridad Nacional de México
What's Intelligence? http://www.intelpage.info/quees.htm