NO ESPERAMOS MUCHO DEL MÁXIMO TRIBUNAL, PERO EXIGIMOS JUSTICIA

■ Pesquisa del máximo tribunal plantea conclusiones, pero omite responsabilidades concretas
SCJN: graves violaciones de los gobiernos nacional y mexiquense en el caso Atenco
■ El reporte del ministro Gudiño Pelayo fue entregado a sus colegas para discutirlo en febrero
Jesús Aranda.

La Jornada 21 de enero de 2009.

Mitin por la liberación de atenquenses presos, el 7 de enero pasado, ante la Corte Foto: José Antonio López
Los gobiernos federal y del estado de México violaron gravemente las garantías individuales de los pobladores de San Salvador Atenco los días 3 y 4 de mayo de 2006, determina la investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En el informe, elaborado por el ministro instructor José de Jesús Gudiño Pelayo, se concluye lo anterior, aunque el documento no emite ninguna recomendación ni atribuye responsabilidad directa, con nombre y apellido, a los funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública federal o de la Agencia de Seguridad Estatal mexiquense que actuaron en esos hechos.
De acuerdo con información recabada por este diario, en el documento de 940 cuartillas Gudiño Pelayo pone especial énfasis en el uso de la fuerza pública, y en los parámetros que deben cumplir las corporaciones policiacas en determinadas situaciones en las que sea necesaria su participación.
El texto pone énfasis, se dijo, en que los funcionarios públicos pueden ser responsables de violar las garantías individuales, no sólo por ordenar indiscriminadamente la actuación de los cuerpos policiacos, sino también por “omisión”, es decir, por no atender a tiempo conflictos o problemas sociales que pueden derivar en hechos violentos.
Será trascendental el criterio que adopte la Corte en materia del uso de la fuerza pública, porque la idea de los ministros es que el pleno fije criterios que sirvan en un futuro para que las autoridades de todos los niveles utilicen los cuerpos policiacos con base en catálogos o recomendaciones de organismos internacionales en la materia.
Fuentes judiciales comentaron, por otra parte, que el ministro Gudiño Pelayo subirá a Internet una versión “pública” de su dictamen, en la que se omitirán los nombres, datos personales y confidenciales de las víctimas y de los funcionarios y policías involucrados.
Especial atención se pondrá en proteger los nombres y declaraciones de las mujeres que denunciaron haber sido agredidas sexualmente por policías mexiquenses durante el trayecto de San Salvador Atenco hacia el penal de Santiaguito, donde fueron recluidas.
El informe del caso Atenco ya fue distribuido desde el pasado lunes a los ministros, quienes de inmediato designaron a uno o dos secretarios para que se aboquen al estudio del material, a efecto de iniciar la discusión pública del caso el próximo 9 de febrero.
Cabe señalar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos –cuya investigación fue la base para la de la Suprema Corte– emitió en su momento una recomendación a la Secretaría de Seguridad Pública. En aquel entonces el titular de ésta era el actual procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, quien la rechazó con el argumento de que los elementos policiacos no incurrieron en uso excesivo de la fuerza ni en tortura.
Medina Mora sostuvo, todavía en su calidad de funcionario de la administración de Vicente Fox, que los policías federales sólo reaccionaron “en legítima defensa para repeler agresiones infligidas por manifestantes en contra de bienes de terceros ajenos al conflicto, bienes de la nación, seguridad de personas privadas de su libertad, de la población en general y de la seguridad de los elementos de la propia corporación”.
De los más de 2 mil agentes federales, estatales y municipales que participaron en los hechos violentos, sólo 21 uniformados estatales se encuentran sujetos a proceso penal por “abuso de autoridad”, y uno por “actos libidinosos”. Ninguno ha pisado la cárcel, debido a que fueron acusados de delitos no graves.
En el ámbito administrativo fueron sancionados 25 elementos de la Agencia de Seguridad Estatal y cuatro fueron dados de baja por haber golpeado a un camarógrafo de Televisa el día de los hechos.
Cabe señalar que desde finales del año pasado el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, se reunió por separado con Gudiño y con otros ministros, a quienes aseguró haber cumplido en tiempo y forma la recomendación que en su momento le hizo la CNDH para que investigara la actuación de los policías que arremetieron con violencia contra pobladores de San Salvador Atenco.

LIBERTAD A IGNACIO, FELIPE Y HÉCTOR DEL FPDT.

■ Aplaude director de la organización que la Corte haya subido a Internet el proyecto del caso
Exhorta el Centro Prodh a la SCJN a analizar el origen de los abusos en Atenco
■ Urge saber si fue una estrategia de Estado o falta de capacitación de los policías: Luis Arriaga
Emir Olivares Alonso
El análisis que realice la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el proyecto de dictamen del caso de San Salvador Atenco no sólo se debe centrar en si existieron o no violaciones a las garantías fundamentales, sino determinar por qué se originaron los abusos, quién los ordenó y si fue una estrategia planeada por el Estado o sólo se presentó por la falta de capacitación de los policías, señaló el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Luis Arriaga, director de esa organización, celebró la decisión de la Corte de subir a Internet el proyecto elaborado por el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, que en los próximos días será analizado por el pleno del máximo tribunal, pues con ello “los ciudadanos podrán acceder a la información y estar enterados de lo que realiza el Poder Judicial”.
En entrevista, el activista subrayó que con la resolución sobre el caso la Corte “tiene la posibilidad histórica de sentar un precedente que inhiba la repetición de hechos similares, si los ministros acuerdan establecer un protocolo sobre uso de la fuerza”.
Arriaga recordó que el año pasado la comisión creada por la SCJN para investigar los hechos ocurridos el 3 y 4 de mayo de 2006 en Atenco acreditó la “posible violación grave” de garantías fundamentales y la coordinación de mandos policiacos “del más alto nivel” de la Agencia de Seguridad Estatal y la Policía Federal Preventiva en la planeación del operativo que derivó en la muerte de dos jóvenes, la detención de 207 personas, de las cuales “sólo nueve resultaron ilesas”, y abusos sexuales contra varias mujeres.
“En esa primera resolución ya se establecen las violaciones graves a derechos humanos cometidas por las autoridades policiacas; por tanto, la discusión en este momento no debe centrarse sólo en ello pues ya están demostradas, sino que hay que completar la investigación y dictaminar por qué se originaron las violaciones a garantías individuales, quién las ordenó, si se trató de una estrategia de Estado, si la situación fue rebasada o producto de una deficiente capacitación de los policías”, afirmó el director del Centro Prodh, organización que apoya jurídicamente a muchas de las víctimas de los hechos, sobre todo a las mujeres que sufrieron violaciones y abuso sexual.
Confió en que tras la decisión de los ministros las víctimas accedan a la justicia, pues a casi tres años de los hechos éstos “permanecen en la impunidad”. Recordó que hubo abusos sexuales contra las mujeres; torturas y malos tratos a decenas de detenidos, dos muertos, y varias personas, entre ellas el líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Ignacio del Valle, “sentenciadas a penas de prisión injustas y excesivas”, aunque destacó que la resolución no tendrá carácter vinculante.
Mencionó que al inicio de las indagatorias de la comisión de la Corte, varias ONG presentaron a los magistrados la solicitud de comparecer bajo la figura jurídica de amicus curiae, que de acuerdo con el derecho internacional presenta reflexiones sobre algún tema específico que puedan ayudar a dirimir un asunto jurídico.
En el documento las organizaciones plantean que el máximo tribunal establezca un protocolo de uso de la fuerza para las corporaciones policiacas basado en los principios de legalidad, estricta necesidad, proporcionalidad, diferenciación, preservación de la vida e integridad física de los ciudadanos y en la constante capacitación de los policías, a fin de que “la fuerza sólo se use cuando sea estrictamente necesaria, y no como en los casos de Atenco y Oaxaca, que se pudieron resolver de manera diferente y sin abusos”.