AGRAVIO A LA SOCIEDAD

Carlos Montemayor

La violencia de Estado agravia a la sociedad. Es insultante que la policía y el ejército, que debían servir de custodios de la libertad, priven precisamente de la libertad a ciudadanos inocentes e inermes. Agravia que el Ministerio Público, que debe asegurar la procuración de la justicia, pisotee los derechos de los ciudadanos. Se agravia a la sociedad cuando los jueces encarcelan, procesan y condenan injustamente en vez de fungir como garantes de la justicia en la sociedad entera. Es el mayor agravio que las autoridades políticas repriman y dejen una estela sangrienta en la sociedad a la que debían servir, proteger y salvaguardar. Estos agravios son injustificables en la conducta del ejército, cuerpos policiacos, jueces y autoridades políticas en los casos aberrantes de desprecio a los derechos humanos y civiles de los campesinos, carpinteros, profesores y regidores Loxichas aprehendidos en el año 1996 y que en 2008 siguen defendiendo su dignidad e integridad moral y social. No hay justificación ni dignidad en ninguna autoridad cuando la violencia de Estado se vuelve contra la sociedad misma.

miércoles, 1 de abril de 2009

CARTA A EDUARDO GALEANO

Carta a Eduardo Galeano
Grenoble, Atenco y el secuestro equiparado

Adolfo Gilly Eduardo Galeano, el lunes pasado, acompañado de Carmen Lira, directora general de La Jornada, Elena Gallegos, Blanche Petrich y Rosa Elvira VargasFoto José Núñez Querido Eduardo:Ahora que junto con Helena estás otra vez de paso en estas tierras nuestras, quiero contarles unas historias.Esta mañana, allá en Grenoble, Francia, los trabajadores de Caterpillar, empresa estadunidense que fabrica máquinas para construcción, retuvieron en las oficinas a cinco ejecutivos: el director general, Nicolas Poulnik, el de recursos humanos y tres cuadros más. La empresa ha decidido despedir a 733 trabajadores (sobre un total de 2 mil 500). El sindicato pide reanudar la negociación interrumpida por la empresa. “No puedo negociar mientras no tenga libertad de movimientos”, declaró a la prensa el director. “Tendrá libertad si acepta reabrir la negociación. Lo retenemos para discutir, sólo pedimos desbloquear las tratativas”, dice el delegado sindical de la Confederación General del Trabajo.Así se están poniendo las cosas en Europa y en Francia, y no sólo en Grenoble.Una retención similar de algunas horas, recurso poco habitual pero extremo cuando la desidia, la burla y la prepotencia de quienes tratan con el pueblo rebasan todo límite, según la reciente legislación penal mexicana y los jueces que la aplican es un secuestro, equiparable al secuestro de persona con fines de extorsión monetaria. La ley penal lo llama “secuestro equiparado”.Nuestro colega (tuyo y mío) Miguel Ángel Granados Chapa dice que esa figura penal es “una infamia”. En Proceso, 8 marzo 2009, la describió así: “Se le diseñó para castigar con fiereza a activistas solicitantes, gente con derechos a salvo, en suma ciudadanos en movimiento que, colmada su paciencia al exigir servicios o medidas que la ley les provee y al calor propio de las discusiones con funcionarios, los retienen por horas en sus propias oficinas o en locales donde se ventilaban asuntos de competencia de los retenidos”. A quienes con verdad o sin ella resultan acusados de acciones de ese tipo, agrega Miguel Ángel, “se les asestan castigos semejantes o aún mayores que los del secuestro mercenario”.*Dos historias entonces te cuento.
Una
La señora Jacinta Francisco Marcial, indígena del estado de Querétaro, ñahñú, apresada el 26 de marzo de 2006 durante un asalto brutal y pretextuoso de la policía contra los puestos de las vendedoras del mercado de Santiago Mexquititlán, ha sido condenada a 21 años de cárcel después de un proceso de tres años en el cual no contó siquiera con traductor a su idioma, el otomí. La señora Jacinta tiene 42 años de edad. Cometió, dice el juez, un “secuestro equiparado”, cuando ni siquiera participó en los hechos sino que sólo fue su víctima. Pero alguien tiene que pagárnoslas, dicen la policía y la justicia.
Dos
El 3 de mayo de 2006, rompiendo un acuerdo previo, el gobierno municipal de Texcoco impidió con su policía que los floristas del mercado local vendieran sus flores en lugares especiales en esa fecha, Día de la Santa Cruz, cuando los trabajadores de la construcción celebran y hacen bendecir sus trabajos. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), que años antes (2001) había frenado con su movilización la expropiación a precio vil de sus tierras en San Salvador Atenco para construir un nuevo aeropuerto (y frustrado así un gigantesco negocio de funcionarios y desarrolladores) , se movilizó ese día en apoyo de los floristas. Unos funcionarios del municipio, en el forcejeo, fueron retenidos breves horas.El gobernador del estado de México (Enrique Peña Nieto) y el gobierno federal (Vicente Fox) lanzaron entonces, el 4 de mayo de 2006, un operativo policial conjunto sobre el pueblo de San Salvador Atenco. Detuvieron a 207 personas con golpizas, fracturas, violencia de todo tipo, vejaciones y humillaciones. Entraron en las casas, rompieron los enseres y los recuerdos, mataron a dos muchachos, cometieron violación sexual en los camiones policiales que llevaban mujeres y hombres apresados, todo esto documentado con creces por organismos de defensa de los derechos humanos, internacionales y nacionales. Nadie fue castigado por estos delitos.

Salud y Saludos.

No hay comentarios: