AGRAVIO A LA SOCIEDAD

Carlos Montemayor

La violencia de Estado agravia a la sociedad. Es insultante que la policía y el ejército, que debían servir de custodios de la libertad, priven precisamente de la libertad a ciudadanos inocentes e inermes. Agravia que el Ministerio Público, que debe asegurar la procuración de la justicia, pisotee los derechos de los ciudadanos. Se agravia a la sociedad cuando los jueces encarcelan, procesan y condenan injustamente en vez de fungir como garantes de la justicia en la sociedad entera. Es el mayor agravio que las autoridades políticas repriman y dejen una estela sangrienta en la sociedad a la que debían servir, proteger y salvaguardar. Estos agravios son injustificables en la conducta del ejército, cuerpos policiacos, jueces y autoridades políticas en los casos aberrantes de desprecio a los derechos humanos y civiles de los campesinos, carpinteros, profesores y regidores Loxichas aprehendidos en el año 1996 y que en 2008 siguen defendiendo su dignidad e integridad moral y social. No hay justificación ni dignidad en ninguna autoridad cuando la violencia de Estado se vuelve contra la sociedad misma.

viernes, 24 de abril de 2009

LIBERTAD A PRESOS POLITICOS DE ATENCO

BOLETIN DE PRENSA
21 de abril de 2009
Campaña Nacional e Internacional
LIBERTAD y justicia para ATENCO

Traslado de Nacho, Héctor y Felipe a un penal estatal antes del 4 de mayo, demanda inmediata de la Campaña Nacional e internacional

Los obispos Samuel Ruiz García – obispo emérito de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas- Raúl Vera – obispo de la Diócesis de Saltillo, y el director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, el fraile Miguel Concha Malo, hemos visitado hoy a 3 de los 12 presos políticos que se encuentran en prisión a raíz de los hechos del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco. Además de nuestros propios comentarios deseamos declarar conjuntamente que:

1. Lamentamos que Ignacio del Valle, Héctor Galindo y Felipe Alvarez sigan a casi tres años de los hechos represivos, presos bajo acusaciones que no pueden ser comprobadas y bajo un estricto control carcelario. Estos tres integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra son parte de un movimiento social cuyas demandas son justas y legítimas. Es condenable el tratar como delincuentes a ciudadanos que se organizan y movilizan en defensa de sus derechos. Estas tres personas no son delincuentes. No han cometido delito alguno. Son presos políticos del Estado mexicano. A nombre de las 130 organizaciones nacionales e internacionales, así como de la treintena de personalidades que integran la campaña nacional e internacional que impulsamos conjuntamente, deseamos sumar nuestra voz a la exigencia que pide la libertad de los 12 presos políticos de Atenco. Demandamos su libertad, ya que es injusto que personas inocentes se encuentren en prisión. Son políticas y no jurídicas las razones por las que se encuentran todavía en reclusión. Su encierro en el penal de máxima seguridad del Altiplano constituye un castigo inusual y desproporcionado al considerarlos y otorgarles el tratamiento de reos de alta peligrosidad

2. Deseamos denunciar de nuevo, que las personas que hemos visitado el día de hoy, fueron detenidas con fuerte brutalidad policiaca, que han sido procesadas bajo numerosas irregularidades y que la justicia ha sido utilizada de manera facciosa contra ellos. En suma, los casos de estos tres integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, son escandalosos casos de violaciones a los derechos humanos. Por otro lado, las condiciones carcelarias a las que se encuentran sometidos son inaceptables. Permanecen en una celda reducida 23 horas al día con luz permanente, sin realizar ningún tipo de actividades. Les dan 3 minutos para ingerir sus alimentos e igual tiempo para ducharse además de ser sometidos a revisiones denigrantes. Se les prohíbe el ingreso de libros, de ropa de abrigo, así como de útiles de aseo personal. Se limita al máximo su contacto con el mundo exterior. Las cartas que envían y reciben son objeto de censura y de límites de extensión. En suma, las condiciones de encarcelamiento son inhumanas y deben detenerse y cambiar de inmediato. Cabe resaltar la suspensión del derecho de visita de Héctor Galindo Gochicoa que nos parece alarmante dadas las restricciones que sufren de por sí al permanecer en este penal. Solicitamos se reestablezcan las visitas de inmediato para Héctor.

3. Es por ello que ratificamos nuestro llamado al Gobierno Federal y al Gobierno del Estado de México a que trasladen antes del 4 de mayo a Ignacio, Héctor y Felipe a un penal estatal cercano a su domicilio como lo establece el artículo 18 de la Constitución mexicana. No existen argumentos para mantenerlos en este penal. La decisión de mantenerlos en este penal de máxima seguridad hace caso omiso de las opiniones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre la ilegalidad de su traslado y la opinión del Poder Judicial de la Federación sobre la ausencia de motivaciones para dicho traslado. Se debe recordar además que las condiciones carcelarias en el Penal del Altiplano contravienen La Declaración de Principios y Buenas prácticas sobre la protección de personas privadas de libertad asumida por la Comisión Interamericana de Derechos, de la cual México es parte. Pedimos su traslado considerando además que el Ministerio Público jamás pudo acreditar la supuesta “alta peligrosidad” que fue la causa invocada para internarlos en el penal de alta seguridad; también porque al paso del tiempo el Poder Judicial de la Federación ha determinado que no se configuró el delito de secuestro equiparado por el cual fueron procesados y sentenciados los compañeros; por esa razón el Tribunal Colegiado ha ordenado al Juez penal del fuero común que deje sin efecto las órdenes de aprehensión giradas en contra de otros dos compañeros acusados del citado delito. Hacemos un fuerte llamado al Gobierno Federal y Estatal a escuchar esta petición.

4. Deseamos hacer un llamado a la sociedad civil nacional e internacional a sumarse a la Campaña Libertad y justicia para Atenco que viene sumando las voces de quienes demandamos la libertad a los 12 presos políticos de Atenco. Invitamos a la ciudadanía en general a informarse de este terrible caso, a solidarizarse con los presos enviándoles mensajes a través del sitio web de la campaña y a participar en las acciones pacíficas del 3 y 4 de mayo próximos. Sabemos que juntos lograremos la libertad y la justicia para Atenco.

Samuel Ruiz García Obispo emérito de la Diócesis San Cristóbal de las Casas, Raúl Vera Obispo de la diócesis de Saltillo, Coahuila, Fray Miguel Concha Malo
director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, José Antonio Almazán. Integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
a nombre de la Campaña Nacional e Internacional Libertad y Justicia para Atenco integrada por:
Ofelia Medina actriz, Manu Chao músico, Julieta Egurrola actriz, Adolfo Gilly académico, Adriana Roel actriz, Ricardo Rocha periodista, Carlos Montemayor escritor, Francisco Toledo pintor, Diego Luna actor, Roco Pachukote vocalista de la banda de rock Maldita Vecindad y los hijos del Quinto Patio, Daniel Giménez Cacho actor, Luis Villoro filósofo, Marta Verduzco actriz, Rubén Albarrán vocalista de la banda de rock Café Tacaba, Luis Javier Garrido, académico, Bruno Bichir actor, Paco Ignacio Taibo II escritor, periodista, Luisa Huertas actriz, Miguel Angel Granados Chapa periodista, Demián Bichir actor, Verónica Langer actriz, Luis Hernández Navarro periodista, Jorge Zarate actor, Emma Dib actriz, Antonio Ramírez Chávez pintor, Gloria Domingo Manuel “Domi” pintora, Los de Abajo banda de ska y rock, Las Reinas Chulas actrices. Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Familiares de presos y perseguidos; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), Colectivo de Abogados Zapatistas (CAZ), Comité Cerezo, Comité Monseñor Romero, Consorcio para el diálogo parlamentario y la equidad; Mujeres Sin Miedo, La Voladora Radio, Servicios legales, Investigación y Asesoría Jurídica, Servicios y asesoría para la Paz (SERAPAZ)

y 130 organizaciones estudiantiles, sindicales, civiles, religiosas, de:
Baja California, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, estado de México, Guerrero, Jalisco, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Quintana Roo, Querétaro, Sinaloa, Yucatán y también de Argentina, Alemania, Australia, Bélgica, Brasil, Catalunya, Colombia, Estados Unidos, Francia y Uruguay.
www.atencolibertady justicia. com

miércoles, 1 de abril de 2009

CARTA A EDUARDO GALEANO

Carta a Eduardo Galeano
Grenoble, Atenco y el secuestro equiparado

Adolfo Gilly Eduardo Galeano, el lunes pasado, acompañado de Carmen Lira, directora general de La Jornada, Elena Gallegos, Blanche Petrich y Rosa Elvira VargasFoto José Núñez Querido Eduardo:Ahora que junto con Helena estás otra vez de paso en estas tierras nuestras, quiero contarles unas historias.Esta mañana, allá en Grenoble, Francia, los trabajadores de Caterpillar, empresa estadunidense que fabrica máquinas para construcción, retuvieron en las oficinas a cinco ejecutivos: el director general, Nicolas Poulnik, el de recursos humanos y tres cuadros más. La empresa ha decidido despedir a 733 trabajadores (sobre un total de 2 mil 500). El sindicato pide reanudar la negociación interrumpida por la empresa. “No puedo negociar mientras no tenga libertad de movimientos”, declaró a la prensa el director. “Tendrá libertad si acepta reabrir la negociación. Lo retenemos para discutir, sólo pedimos desbloquear las tratativas”, dice el delegado sindical de la Confederación General del Trabajo.Así se están poniendo las cosas en Europa y en Francia, y no sólo en Grenoble.Una retención similar de algunas horas, recurso poco habitual pero extremo cuando la desidia, la burla y la prepotencia de quienes tratan con el pueblo rebasan todo límite, según la reciente legislación penal mexicana y los jueces que la aplican es un secuestro, equiparable al secuestro de persona con fines de extorsión monetaria. La ley penal lo llama “secuestro equiparado”.Nuestro colega (tuyo y mío) Miguel Ángel Granados Chapa dice que esa figura penal es “una infamia”. En Proceso, 8 marzo 2009, la describió así: “Se le diseñó para castigar con fiereza a activistas solicitantes, gente con derechos a salvo, en suma ciudadanos en movimiento que, colmada su paciencia al exigir servicios o medidas que la ley les provee y al calor propio de las discusiones con funcionarios, los retienen por horas en sus propias oficinas o en locales donde se ventilaban asuntos de competencia de los retenidos”. A quienes con verdad o sin ella resultan acusados de acciones de ese tipo, agrega Miguel Ángel, “se les asestan castigos semejantes o aún mayores que los del secuestro mercenario”.*Dos historias entonces te cuento.
Una
La señora Jacinta Francisco Marcial, indígena del estado de Querétaro, ñahñú, apresada el 26 de marzo de 2006 durante un asalto brutal y pretextuoso de la policía contra los puestos de las vendedoras del mercado de Santiago Mexquititlán, ha sido condenada a 21 años de cárcel después de un proceso de tres años en el cual no contó siquiera con traductor a su idioma, el otomí. La señora Jacinta tiene 42 años de edad. Cometió, dice el juez, un “secuestro equiparado”, cuando ni siquiera participó en los hechos sino que sólo fue su víctima. Pero alguien tiene que pagárnoslas, dicen la policía y la justicia.
Dos
El 3 de mayo de 2006, rompiendo un acuerdo previo, el gobierno municipal de Texcoco impidió con su policía que los floristas del mercado local vendieran sus flores en lugares especiales en esa fecha, Día de la Santa Cruz, cuando los trabajadores de la construcción celebran y hacen bendecir sus trabajos. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), que años antes (2001) había frenado con su movilización la expropiación a precio vil de sus tierras en San Salvador Atenco para construir un nuevo aeropuerto (y frustrado así un gigantesco negocio de funcionarios y desarrolladores) , se movilizó ese día en apoyo de los floristas. Unos funcionarios del municipio, en el forcejeo, fueron retenidos breves horas.El gobernador del estado de México (Enrique Peña Nieto) y el gobierno federal (Vicente Fox) lanzaron entonces, el 4 de mayo de 2006, un operativo policial conjunto sobre el pueblo de San Salvador Atenco. Detuvieron a 207 personas con golpizas, fracturas, violencia de todo tipo, vejaciones y humillaciones. Entraron en las casas, rompieron los enseres y los recuerdos, mataron a dos muchachos, cometieron violación sexual en los camiones policiales que llevaban mujeres y hombres apresados, todo esto documentado con creces por organismos de defensa de los derechos humanos, internacionales y nacionales. Nadie fue castigado por estos delitos.

Salud y Saludos.