A DIEZ AÑOS DE ACTEAL (CONTINUACIÓN)

REPORTAJE /A DIEZ AÑOS DE ACTEAL
Paramilitares a escena; falsedades del Libro blanco, la otra historia
“Sabemos que nos están apuntando, anden disparen, estamos sin armas”
El 26 de septiembre de 1997 La Jornada reportó el primer retorno de desplazados zapatistas y perredistas de Chenalhó; 5 mil indígenas se dirigieron a Polhó
Hermann Bellinghausen / VIII

Miles de desplazados recorrieron el 27 de diciembre de 1997 el tramo Acteal-Polhó Foto: Carlos Cisneros /Archivo
El 23 de septiembre de 1997, un grupo de reporteros llegamos a Polhó, cabecera municipal de los autónomos zapatistas. Una comunidad de un millar de pobladores, a quienes se agregaban centenares de desplazados de todos los parajes donde la ley paramilitar quemaba casas, emboscaba y asesinaba a simpatizantes del EZLN y priístas por igual. A los segundos se les castigaba si no respaldaban la aventura armada de los ya entonces llamados paramilitares.
El panorama era desolador. No había nadie. Ni perros. Sólo pollos. Las casas estaban cerradas; las calles y edificios comunitarios, desiertos. Tras el ataque a Majomut por los priístas y frentecardenistas de Los Chorros, el día 21, ya ni siquiera Polhó era un lugar seguro. Al amanecer el 21, comunidades como Yibeljoj habían sido evacuadas; sólo permanecieron algunos hombres. Mujeres y niños, incluso priístas, buscaron refugio en las montañas. Sabían del ataque paramilitar.
El 26 de septiembre, La Jornada reportó el primer retorno de desplazados zapatistas y perredistas de Chenalhó, en una marcha de 5 mil indígenas y 70 camiones con destino a Polhó. El episodio fue relatado con falsedades e inexactitudes palmarias en el informe de la PGR llamado Libro blanco de Acteal (1998), y esa versión ha sido repetida de oficio por diversos autores que han querido contarnos “otra historia” de aquellos acontecimientos. El lector interesado puede comparar la versión oficial, o sus transcripciones posteriores, de Gustavo Hirales (1998) a Héctor Aguilar Camín (2007), con el relato presencial que a continuación se transcribe.
El fracotirador del tinaco: cazador cazado
La movilización de las bases de apoyo del EZLN, el día 25, fue pacífica. Había durado casi toda la jornada. Antes de las 17 horas llegó a Yabteclum. Un orador encapuchado arriba de una camioneta, señalando las laderas circundantes, dijo:
–Sabemos que nos están apuntando. Anden, disparen, aquí estamos, sin armas.
Empezaba el mitin de miles de zapatistas de 15 municipios en la cancha y plaza central del “pueblo viejo” de Chenalhó, cuya mayoría priísta expulsó meses atrás a los simpatizantes del EZLN. Una hora después, cuando el acto estaba por concluir, una veintena de zapatistas trepó a la azotea de la escuela con gran aspaviento. Corrieron al tinaco, lo escalaron y se metieron en él precipitadamente. Segundos después brotó un rifle Máuser, que fue pasado de mano en mano. La multitud se agitó, y más cuando sacaron del tinaco a un hombre que, de mano en mano, saltó al suelo, cayó como gato y echó a correr. Tras él salieron varios zapatistas. Del tinaco salió, por último, una caja llena de balas Remington 410.
Nada más sobrecogedor que una multitud airada. La ira se apoderó de todos al descubrir que todo ese tiempo los acechó un francotirador. Muchos decían haber visto gente armada en las casas de arriba, en las laderas. Las bases de apoyo del EZLN provenían de Pantelhó, Mitontic, San Juan Chamula, San Andrés Sakamchén, Zinacantán, San Juan de la Libertad, Bochil, Simojovel, Sitalá, Ixtapa, Tenejapa, San Juan Cancuc y Chenalhó. Habían salido de Tzabaló a la cabecera oficial. En la descubierta, el conductor del acto decía al megáfono:
–Somos misma carne, misma sangre, mismo pueblo. No venimos a lastimar a nadie. No queremos matarnos entre hermanos. Los hermanos priístas quemaron su casa de nuestros compañeros. Los hermanos priístas no entienden lo que pasa. Venimos a explicar.
En tzotzil, otro orador invita a la gente a unirse a la marcha, que a las 12 del día alcanza la plaza pedrana y se forma en caracol, dejando en el centro a los desplazados de Yabteclum, Los Chorros y otros poblados.
–Venimos a demostrarles que los compañeros zapatistas en el municipio no están solos. No queremos tomar venganza. Venimos a decirles de buena manera que entiendan. No traemos armas. Vamos a ir a entregar a sus comunidades a los compañeros perredistas y zapatistas que corrieron ustedes –dice el orador ante las oficinas del municipio oficial.
Los mensajes insisten en decir a los priístas: “Nuestro enemigo no son ustedes, sino el gobierno”. No faltan mueras e improperios contra el alcalde Jacinto Arias Cruz, los caciques, las guardias blancas y la policía; contra Zedillo, Ruiz Perro (los tzotziles pronuncian la letra F como P, pues en su lengua no existe el sonido fricativo) y contra el funcionario priísta Antonio Pérez Hernández, a quien acusan de armar las nuevas guardias blancas.
Los municipios rebeldes advirtieron en un comunicado: “Los compañeros desalojados van a regresar a sus comunidades. Nadie lo va a impedir”. El mitin terminó pacíficamente. La radio estatal, encadenada al noticiero de las 14:30, informaba del acto tal como queda dicho. Unos anuncios comerciales. Y entonces la voz de un locutor, distinto del que daba las noticias, relató una versión contrapuesta a la que se acababa de radiar, y totalmente falsa, según la cual “grupos de zapatistas habían ido a amenazar a la cabecera municipal armados de palos”, “encabezados por Alianza Cívica” (sic).
Horas más tarde, durante el juicio popular que se hizo al hombre del tinaco, éste confesaría que en Yabteclum se reunieron para esperar a los zapatistas y le indicaron ponerse donde se puso “porque pensaban que los zapatistas venían armados y enojados”.
A las 18 horas, los periodistas acaban de recorrer las casas destruidas y saqueadas de los desplazados. Ese horror de muebles rotos, ropa rasgada, robos, muñecas decapitadas, papeles quemados, mazorcas regadas. El mitin está por concluir cuando descubren al hombre del Máuser, José Pérez Gómez, a quien apodan El Morral, y a otros dos que al parecer lo intentaron defender. Pérez Gómez viene severamente golpeado. Sus captores lo arrastran entre la multitud que parece a punto de írsele encima. Lo suben a la camioneta que preside el mitin. Y el hombre golpeado, sin camisa, es objeto de una especie de juicio popular.
La gente de Yabteclum lo identifica con un grupo de cinco personas que introducen armas a la comunidad. Micrófono en mano, entre el tzotzil y el castellano, transcurre un interrogatorio urgente. El hombre del rifle, con voz doliente, va hilando:
–Fue un acuerdo de toda la comunidad. Lo estamos organizando todos.
–¿Para matar los zapatistas?
–Noombre, pensamos que son ustedes que van a venir a matarnos. Estábamos ahí, preparados.
–¿Cuántas armas hay?
–No sé. No hay armas. Puro .22 de un tiro.
Sorprende verlo entero y firme, en el predicamento en que está. Pérez Gómez, sofocado, aguantando el sollozo, casi de rodillas, dice que “el arma es de Chamula” y que no sabe esto, ni aquello.
–Di “que mueran los asesinos”.
–No hay asesinos.
Lo interrogan sobre quién asesinó a los zapatistas, quién quemó las casas, quién robó a los desplazados. “No sé, no sé”.
La multitud rodea la camioneta. Se aproximan los responsables de las regiones para decidir qué harán con el detenido. Las laderas empiezan a mostrar grupos inquietos de hombres que observan la escena. Finalmente, los zapatistas dejan ir a Pérez Gómez, “a que informe a sus compañeros”. Como por ensalmo, la multitud se desentiende de él, que baja de la caja de la camioneta y arrastra sus pasos hacia las casas más próximas. Se sienta en un escalón. Le duele el cuerpo. Nadie se le acerca. La multitud se dispersa rumbo a los camiones que conducirán la marcha a Polhó. El hombre se ha vuelto invisible.
Días de balas en Chenalhó
El 27 de septiembre, La Jornada describe “las aguas revueltas de Chenalhó”, donde “es abierta la existencia de grupos paramilitares auspiciados por la policía y el Ejército federal”. A la vez que aparecen armas en Santa Martha, Puebla se convierte en un campo de tiro, se expulsa a familias enteras por apoyar al municipio autónomo o no dar dinero para las obras de los priístas y la compra de balas. Cada día, la vida de las comunidades se descompone más.
Santa Martha está prácticamente incomunicado con la cabecera de Chenalhó, su salida natural es San Andrés. Allí, el fiel de la balanza es el gobernador tradicional. Y sobre él viene la presión. Un día llega un teniente del Ejército federal, oriundo de Zacatecas. Se presenta al gobernador y el maestro de la escuela. Los convence de que los zapatistas, abundantes en la comunidad, representan un peligro y hay que combatirlos.
Después, el gobernador se arrepiente. Le dan dolores de cabeza y lo aquejan dudas de conciencia. Como quiera, las armas ya llegaron, y de noche “brillan como plata” cuando se adiestra a los hombres. “Primero, instrucciones para el manejo de armas. Luego películas pornográficas. Para rematar, baile con mujeres en bikini. Terminan con ejercicios militares. Los hombres llegan muy tarde a sus casas”, revelan alarmadas las mujeres del pueblo.

REPORTAJE /A DIEZ AÑOS DE ACTEAL
El francotirador de Yabteclum y los muertos de Los Chorros, sus razones
Priístas de Chenalhó pidieron a Zedillo permiso para armarse
El mandatario habría dicho a los alcaldes del tricolor que las razones del alzamiento zapatista ya no eran “legítimas”, lo que fue interpretado por algunos como “luz verde” para combatir a los pueblos autónomos
Hermann Bellinghausen IX

Para la organización indígena Las Abejas, las autoridades municipales, estatales y federales “no tienen voluntad de resolver la mortandad; parece que quieren acabar con nuestra raza”. En la fotografía de archivo, misa en memoria de las víctimas de la matanza de Acteal Foto: José Carlo González
El 2 de octubre de 1997, en un encuentro con el presidente Ernesto Zedillo en San Cristóbal de las Casas, el alcalde oficial de Chenalhó, Jacinto Arias Cruz, entregó al mandatario una carta donde el ayuntamiento pedía “permiso” para que sus seguidores pudieran tener armas de fuego en sus casas, para “defenderse”, invocando el artículo 10 de la Constitución. A raíz del episodio del francotirador en Yabteclum, el 25 de septiembre, las autoridades priístas acordaron lo anterior y demandaron una investigación sobre la muerte de sus compañeros de Los Chorros, el 22 de septiembre, “luego de que éstos quemaron 14 casas –según cifras oficiales– de los zapatistas” (La Jornada, 3 de octubre).
Según versiones recogidas por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC), en esa misma reunión el presidente de la República habría dicho a los alcaldes priístas de los Altos que las razones del levantamiento zapatista ya no eran “legítimas”, lo cual fue interpretado por algunos como “luz verde” para combatir a los pueblos autónomos.
Con el presidente Zedillo de vuelta de su gira por Chiapas, el 3 de octubre el secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, se manifestó por “reanudar el diálogo” y expuso con optimismo que “el gobierno ha desplegado acciones importantes” en la entidad, “por lo que la situación es muy distinta a la que imperaba en 1994” (LJ, 4 de julio), en una frase que a esas alturas ya admitía diversas interpretaciones.
Las víctimas de Las Limas
Al mismo tiempo, cuatro integrantes de una familia eran asesinados en Las Limas Chitanucum, municipio de Pantelhó, vecino de Chenalhó. Una niña de seis años estaba entre las víctimas. También hubo seis heridos. Todos priístas. Los atacantes fueron unos 25 hombres encapuchados que “llegaron tirando piedras y balazos en las puertas de las casas” y saquearon la tienda de uno de los heridos, Francisco Gutiérrez Maldonado, quien aseguró haber conocido “por la voz” a varios de los atacantes, pero no dio los nombres (LJ, 4 de octubre) ni los vinculó con algún grupo. Curiosamente, ni siquiera los priístas dijeron en ese momento que los agresores, a quienes reconocieron, fueran zapatistas.
En ese mismo pueblo habían sido quemadas varias casas de zapatistas (y éstos expulsados) el 23 de mayo, “aunque luego fueron reparadas porque las partes y el ayuntamiento priísta llegaron a un acuerdo para resolver sus diferencias”, añade la nota de La Jornada, que registra también el retorno a sus casas de cien militantes priístas de Polhó, “de donde salieron hace más de una semana después de que dos de sus compañeros de Los Chorros fueron asesinados”.
En octubre y noviembre se incrementa el número de muertos, heridos y desplazados. El 4 de octubre, Sebastián López López resultó lesionado en una “emboscada” cuando iba a su milpa en el ejido La Esperanza, a un lado de Los Chorros. Las autoridades priístas dijeron temer “nuevos ataques de los contrarios (LJ, 5 de octubre)”. Sin embargo, son ellos los que atacan: el mismo día 4, el concejo autónomo de Polhó denuncia que la comunidad La Esperanza fue agredida por un grupo armado proveniente de Los Chorros, con un saldo de varias casas quemadas y el desplazamiento de 52 familias.
Ese mismo día, 2 mil miembros de Las Abejas marcharon “por la paz y la reconciliación” en la cabecera municipal de Chenalhó, con banderas blancas y pancartas, demandando que “termine la violencia entre hermanos”. Los manifestantes expresaron “dolor por esta gran desgracia de los enfrentamientos entre hermanos, con armas de alto calibre usadas por paramilitares y militantes del partido oficial”. Las Abejas aseveraron que las autoridades municipales estatales y federales “no tienen voluntad de resolver las mortandades ocurridas en nuestro municipio: parece que quieren acabar con nuestra raza (LJ, 5 de octubre)”.
El día 8, la comunidad de Yibeljoj acordó no participar de ninguna manera en hechos violentos. El acuerdo fue suscrito por 329 habitantes, según informó el CDHFBC.
El 10 de octubre el concejo autónomo declaró: “Nosotros los zapatistas no queremos mancharnos las manos con sangre indígena, pues son nuestros hermanos, son nuestra misma gente, nuestra misma sangre”. En un comunicado, los autónomos ratificaron su voluntad para el diálogo, afirmaron que las amenazas provenían de los ejidos Los Chorros y Puebla, y exigieron: “Primero, que los priístas creen condiciones necesarias para el diálogo, es decir, retirar la policía de Seguridad Pública. Son las autoridades priístas las que deben comprometerse a la reconstrucción de las casas quemadas. Queremos que regresen todos los desplazados, pero ¿dónde llegarán los que tienen sus casas quemadas?”
El banco de arena, insistían los autónomos, “es un pretexto”. El ayuntamiento de Polhó “tiene en su poder los planos límites del predio que ocupa el banco de grava” y lo explota “para beneficio del municipio”.
En La Realidad, el subcomandante Marcos se reúne el 11 de octubre con los poetas chiapanecos Óscar Oliva y Juan Bañuelos, miembros de la Comisión Nacional de Intermediación, y responde a las presiones declarativas del gobierno sobre la reanudación del diálogo. Según Marcos, la “confusión” al respecto “la está creando el gobierno”. Los poetas transmiten: “Los zapatistas pidieron el cumplimiento de las cinco condiciones mínimas expresadas el 7 de septiembre de 1996, cuando el EZLN se retiró de las negociaciones (LJ, 12 de octubre)”.
Oliva manifestó su preocupación porque el incumplimiento de dichas condiciones “está generando problemas cada día más graves”, pues “todos los días hay desalojos, represión e injusticia hacia las comunidades zapatistas”. Bañuelos, a su vez, considera que ésta es “una política bien meditada del caos”.
En la zona norte, donde los elementos de la contrainsurgencia no son los mismos de Chenalhó, la situación es grave. La presencia del Ejército federal es directa, y los conflictos comunitarios que se explotan para la confrontación poseen un hipertrofiado componente religioso. La Comisión Episcopal para la Reconciliación y la Pacificación en Chiapas denuncia ataques y amenazas contra catequistas y sacerdotes. Los paramilitares han quemado ermitas e iglesias. El párroco de Tila, Heriberto Cruz Vera, “ha tenido que esconderse, pues lo quieren matar, al parecer los de Paz y Justicia”. La situación se repite en Tumbalá y Salto de Agua (LJ, 14 de octubre). Para entonces hay 4 mil 112 indígenas desplazados en esa zona; desde 1995 han muerto unas 40 personas de la “sociedad civil perredista” y bases zapatistas, así como “varias decenas” de priístas de Paz y Justicia (LJ, 17 de octubre).
Llamado al diálogo
El día 14, el concejo autónomo de Polhó llama al diálogo al municipio oficial, con la condición de que se retiren la policía de Seguridad Pública y el Ejército federal (LJ, 17 de octubre). El 16, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informa de la muerte de Gabriel Gómez Guillén y Romeo Hernández Gómez, priístas, en Tzanembolom. Además hay tres heridos. La Jornada sólo da la versión de la PGJE y los priístas, quienes aseguran que todo comenzó con una discusión “por diferencias políticas” dos días atrás, cuando los zapatistas “detuvieron” varias horas a cinco priístas. Horas después “un grupo de aproximadamente 20 perredistas-zapatistas… acribilló” a los priístas (LJ, 17 de octubre).
En sus informes posteriores, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolemé de las Casas documentó también la versión de las bases de apoyo zapatistas, según la cual “un grupo de priístas llegó a la comunidad, amenazándolos y disparando contra la población, y por ello 475 personas salieron huyendo a las montañas para protegerse. El grupo de invasores saqueó sus propiedades y mató muchos de sus animales”.
Para entonces, 20 por ciento de la población de Chenalhó se encuentra desplazada, especialmente de las localidades de Yaxjemel, Los Chorros, Takiukum, Acteal, Canolal, Puebla, Tzanembolom y Cruztón. Antonio Gutiérrez Pérez, representante de Las Abejas, asegura que en los últimos días se ha incrementado el tráfico de armas, y los grupos armados controlan el acceso a las comunidades donde habitan simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (LJ, 21 de octubre). Esos grupos “recorren las comunidades, roban animales y las milpas de las personas que han huido y amenazan a los que se niegan a tomar las armas”.