AGRAVIO A LA SOCIEDAD

Carlos Montemayor

La violencia de Estado agravia a la sociedad. Es insultante que la policía y el ejército, que debían servir de custodios de la libertad, priven precisamente de la libertad a ciudadanos inocentes e inermes. Agravia que el Ministerio Público, que debe asegurar la procuración de la justicia, pisotee los derechos de los ciudadanos. Se agravia a la sociedad cuando los jueces encarcelan, procesan y condenan injustamente en vez de fungir como garantes de la justicia en la sociedad entera. Es el mayor agravio que las autoridades políticas repriman y dejen una estela sangrienta en la sociedad a la que debían servir, proteger y salvaguardar. Estos agravios son injustificables en la conducta del ejército, cuerpos policiacos, jueces y autoridades políticas en los casos aberrantes de desprecio a los derechos humanos y civiles de los campesinos, carpinteros, profesores y regidores Loxichas aprehendidos en el año 1996 y que en 2008 siguen defendiendo su dignidad e integridad moral y social. No hay justificación ni dignidad en ninguna autoridad cuando la violencia de Estado se vuelve contra la sociedad misma.

miércoles, 11 de junio de 2008

NUEVA PROVOCACIÓN GUBERNAMENTAL

Luis Hernández Navarro
Zapatismo: la nueva provocación gubernamental

Desde la insurrección de enero de 1994 los distintos gobiernos federales han querido asociar al EZLN con el narcotráfico. Nunca han podido demostrarlo, pero de cuando en cuando lo intentan.
Apenas el pasado 4 de junio el gastado guión volvió a repetirse. Sólo que ahora la amenaza es mayor que en el pasado. En esa fecha más de 200 elementos del Ejército federal, de la Procuraduría General de la República y de la policía estatal y municipal, con el rostro pintado, incursionaron en parte del territorio zapatista de La Garrucha con el pretexto de buscar plantíos de mariguana. Centenares de pobladores de las comunidades de Hermenegildo Galeana y San Alejandro los rechazaron con machetes, palos, hondas y resorteras.
Los poblados zapatistas prohíben la siembra, el tráfico y el consumo de drogas. Ni siquiera se permite beber o vender alcohol en ellos. No es un hecho nuevo. Desde el inicio del levantamiento armado la comandancia rebelde hizo pública esta disposición. La medida sigue en vigor con las autoridades civiles que se hacen cargo de los municipios autónomos y las juntas de buen gobierno. No sucede lo mismo con las comunidades priístas, donde se cultivan enervantes en contubernio con la fuerza pública.
En un comunicado dirigido al entonces presidente Ernesto Zedillo, con fecha 10 de febrero de 1995, un día después de la ofensiva militar que pretendió detener, por medio de una traición, al subcomandante Marcos, los alzados señalaron: “queremos decirle la verdad, si es que usted no la sabe: los delincuentes, terroristas, narcotraficantes son ustedes, son los mismos que forman su gabinete, son sus mismos soldados quienes trafican con drogas, quienes obligan a los campesinos indígenas a sembrar mariguana y otros estupefacientes. ¿Acaso no se ha dado cuenta de esto, señor Zedillo? Nosotros los zapatistas sí, porque vivimos con nuestro pueblo, somos los mismos que hemos combatido contra la siembra de drogas, contra el tráfico de drogas que sus mismos soldados hacen y han hecho dentro de los territorios que hemos controlado”.
Sin fundamento, la acusación se ha repetido año tras año. En 2004, el diario Reforma publicó la noticia de que “en promedio, cada dos días, efectivos del Ejército Mexicano ingresan a territorio zapatista para destruir plantíos de mariguana y amapola que en el último año se han incrementado considerablemente” . Días después, el general Jorge Isaac Jiménez García, mando del operativo militar en la zona, rechazó que los sembradíos de mariguana pertenecieran a simpatizantes del EZLN.
La provocación policiaco-militar del pasado 4 de junio contra los rebeldes no es un hecho aislado. Forma parte de una agresión de más largo aliento. El hostigamiento gubernamental contra los alzados ha sido una constante desde la llegada del gobernador Juan Sabines en 2006.
Diversos grupos campesinos cercanos al gobierno del estado pretenden posesionarse de las tierras que bases de apoyo zapatista ocupan y trabajan desde 1994. Grupos paramilitares como la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC) acosan a los municipios autónomos. El Ejército ha establecido nuevas posiciones, cualificado su presencia en la entidad y realizado movimientos inusuales de carácter claramente intimidatorio.
Jaime Martínez Veloz, representante del gobierno de Chiapas ante la Comisión para la Concordia y Pacificación (Cocopa), ha explicado con mucha claridad la dimensión agraria de la actual ofensiva antizapatista. “El gobierno mexicano –dijo a la CCIODH–, yo estoy convencido que en actitud de intentar confrontar al EZLN con campesinos e indígenas de la zona, habilitó a personas con necesidades de tierra, pero los habilitó como ejidatarios de las mismas zonas que los zapatistas ocupaban esas tierras. Los hace ejidatarios y evidentemente genera un conflicto. En una misma superficie hay quien ocupa la tierra y hay quien tiene un título. Esto se produjo ya por los primeros años, 95, 96... y las repercusiones de eso, pues hoy aparecen.”
Curiosamente, los responsables de la política agraria, rural y turística del gobierno de Juan Sabines son personajes como Jorge Constantino Kanter, representante de los latifundistas y ganaderos afectados por la irrupción del zapatismo, o Roberto Albores Gleason, hijo del ex gobernador Roberto Albores, ejecutor de innumerables violaciones a los derechos humanos.
El operativo del pasado 4 de junio se realizó en el lugar donde hace poco tiempo estuvo el subcomandante Marcos. Por lo visto, su presencia en La Garrucha inquietó a las autoridades gubernamentales. Hace ya meses que el vocero del grupo rebelde casi no aparece ante la opinión pública y sus silencios ponen nerviosos a los servicios de inteligencia. Pero los focos rojos que advierten la creciente intolerancia gubernamental ante la iniciativa civil pacífica de los rebeldes se habían prendido desde tiempo atrás. Camino al primer Encuentro Continental de Pueblos de América, realizado en Vicam, Sonora, entre el 11 y el 14 de octubre de 2007, retenes policiacos y militares detuvieron al convoy en el que se trasladaban los delegados zapatistas, obligando a que la comandancia indígena que asistía al evento regresara a Chiapas.
Una encuesta recientemente realizada sobre la administració n de Felipe Calderón muestra que, además de la amplia simpatía de la población a la campaña antidrogas, a pesar del paso de los años, 26 por ciento de los sondeados apoyan a los zapatistas. Un porcentaje nada despreciable en las actuales circunstancias.
El nuevo intento gubernamental de mostrar al EZLN como cómplice del crimen organizado pretende montarse en la ola de sentimientos antinarco para tratar de erosionar la corriente de opinión favorable a los rebeldes y propinarle un golpe represivo. Un golpe decidido desde tiempo atrás. ¿Acaso no tiene el gobierno federal suficientes conflictos sin solución abiertos como para hacer más grande uno que no ha podido resolver en años?
http://www.jornada. unam.mx/2008/ 06/10/index. php?section= opinion&article=023a1pol
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
07-VI-2008
Informe
La SEDENA: Operación Garrucha
Frente a un escandaloso silencio mediático, la ofensiva contra los pueblos zapatistas dentro de su territorio no sólo se mantiene, sino en forma por demás alarmante, se incrementa.
El pasado día 4 de junio, la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) ordenó una de las más abiertas provocaciones contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y contra los pueblos zapatistas. Elementos de la SEDENA realizaron una incursión militar dentro del poblado de La Garrucha, corazón del Caracol del mismo nombre. La incursión no sólo paró ahí, se desplegó e intensificó en otros poblados comprendidos dentro del mismo Caracol de La Garrucha.
El Ejército en la Selva Lacandona
La Séptima Región militar comprende 5 zonas militares, una de ellas es la 39ª. Zona Militar y es en esta donde las incursiones, hostigamientos y provocaciones militares han marcado un tiempo distinto de las fuerzas castrenses de afrontar uno de los “enemigos internos” más insistentes que tiene el gobierno Federal, uno que ha planteado la conformación de un movimiento nacional y, el único que presenta un proyecto integral alternativo aplicado en los hechos dentro de su territorio: El EZLN y los pueblos zapatistas.
Del 1º al 4 de este mes de junio, miembros del CAPISE realizábamos un recorrido dentro de la Selva Lacandona, particularmente en el interior de la 39ª Zona Militar, uno de los propósitos de este recorrido era precisamente la actualización de las posiciones y operaciones militares dentro del territorio indígena.
En lo que toca al Ejército Federal mexicano, las incursiones y las amenazas perpetradas contra el EZLN, las autoridades civiles zapatistas y los pobladores bases de apoyo zapatistas del caracol de La Garrucha, Hermenegildo Galeana y San Alejandro fueron realizadas principalmente por el 38º Batallón de Infantería (38º BI), pero no sólo por esa Unidad militar.
Hoy día, el 38º Batallón de Infantería (38º BI) esta destacamentado en:
Cañada de Taniperla: Monte Líbano y Taniperla.
Cañada de las Tacitas: Racho Península[1] y Río Jordán.
Cañada de La Garrucha hasta San Quintín: Patihuitz, La Sultana y San Quintín.
El Cuartel General del 38º Batallón de Infantería es San Quintín.
Las posiciones militares de Monte Líbano y Taniperla se alternan entre el 38º Batallón de Infantería (38º BI) y el 31º Batallón de Infantería (31º BI) cada 4 meses.
El 31º Batallón de Infantería (31º BI) tiene su Cuartel General en el predio Tonina, Ocosingo, a su vez, Cuartel General de toda la 39ª Zona militar.
Las posiciones militares de Racho Península, Río Jordán, Patihuitz, La Sultana y San Quintín son permanentemente operadas por el 38º. Batallón de Infantería (38º BI).
El 38º Batallón de Infantería no actuó sólo, él día tres de junio, esto es, un día antes de los operativos, en medio de una pertinaz lluvia, el CAPISE topó con tanquetas en el tramo de terracería entre La Sultana y San Quintín, las tanquetas iban en dirección a La Garrucha. La Unidad militar era el 15º Regimiento de Caballería Motorizada (15º RCM), esta Unidad militar ya ha sido vista en distintos momentos en la cañada de La Garrucha, en los operativos militares del día 4 de Junio pasado en la Garrucha, Hermenegildo Galeana y San Alejandro, esta Unidad castrense también participó.
El caso de la participación del 15º Regimiento de Caballería Motorizada (15º RCM) es muy particular, esta Unidad tiene su Cuartel General en la Guarnición Militar de Comitán, teniendo también posición permanente desde hace varios años en zonas fronterizas con Guatemala y en la Base de Operaciones destacamentada en Amparo Aguatinta, municipio Maravilla Tenejapa, es desde esta base donde salen las Unidades militares que transitan e incursionan hasta el territorio de La Garrucha (entrando por Poza Rica, pasando por un costado de Guadalupe Tepeyac, atravesando La Realidad), incluyendo el operativo y las amenazas perpetradas contra las bases zapatistas el pasado día 4 de Junio.
A pesar de su aparente distancia geográfica, la Guarnición Militar de Comitán y el 15º Regimiento de Caballería Motorizada (15º RCM) pertenecen a la 39ª Zona Militar, cuyo Cuartel General esta establecido en el predio Tonina, municipio de Ocosingo.
Las incursiones militares
Las incursiones y operaciones militares realizadas en el mes de mayo pasado y en estos primeros días de junio dentro del territorio indígena de La Garrucha intentan justificar su hostilidad con el argumento de combate al narcotráfico y la búsqueda y destrucción de plantíos de marihuana u otros estupefacientes.
Si se revisa el operativo militar realizado el pasado 19 y 20 de mayo pasado en San Jerónimo Tulijá, se podrá mirar que el operativo militar fue coordinado por 18º Batallón de Infantería (18º BI), esta Unidad Militar tiene su Cuartel General en la Guarnición militar de Palenque, municipio de Palenque, pero no pertenece a la 39ª Zona Militar, pertenece a la 38ª Zona Militar, cuyo Cuartel General tiene su sede en Tenosique, Tabasco.
Si se revisa el operativo militar realizado el pasado día 26 de mayo (6 días después del operativo de San Jerónimo Tulijá) en el ejido Nuevo Chamizal, se podrá mirar que también fue coordinado por 18º Batallón de Infantería (18º BI). La operación tiene el mismo tenor, “búsqueda, ubicación y destrucción de marihuana y otros enervantes”, en esta ocasión, el Ejército montó todo el escenario, llevó prensa y señaló que habían detectado y destruido plantíos de marihuana haciendo mención que los sembradíos habrían sido sembrados por bases de apoyo zapatista, señalando que ese terreno era de ellos.
Lo pobladores de Nuevo Chamizal, Nueva Palestina y San Antonio Escobar (vecinos todos), no son bases de apoyo zapatistas, son miembros de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos A. C. (OPDDIC), por años se articularon con la Unidad militar destacamentada en la vecina Cintalapa, esa posición militar fue ocupada y controlada por el 18º Batallón de Infantería (18º BI) por muchos años. Este campamento se retiró en mayo de 2007 y meses después reconsideró su retiro. Dos poblaciones zapatistas amenazadas en esta región son La Culebra y 6 de Octubre, esta última dentro de Montes Azules y uno de los poblados más fuertemente amenazados de desalojo forzoso.
(Nota: Sobre la ubicación, identificació n y operación del 31º Batallón de Infantería y el 91º Batallón de Infantería pertenecientes también a la 39ª Zona militar hablaremos próximamente).
Los operativos y amenazas del Ejército Federal mexicano en la incursión militar dentro del poblado de La Garrucha, Hermenegildo Galeana y San Alejandro, no son de ninguna manera un asunto menor. Se ha presupuesto que el subcomandante Marcos y otros mando militares operan por esa región o algunas veces tienen presencia por ahí, fuese cierto o no, la advertencia y el nivel de la amenaza quedó registrada.
Hay un caso donde no hay registro de la participación del Ejército Federal mexicano. El 22 de mayo pasado, dos o tres días después del operativo en San Jerónimo Tulijá contra bases de apoyo zapatista, se sucedió otro hecho no menos alarmante. Agresiones y enfrentamientos en la comunidad de Morelia, poblado sede del Caracol de Morelia. Personajes de filiación priísta, algunos miembros de la OPDDIC, que se articulan con el Campo militar de Altamirano, Cuartel General de la 11ª Compañía de Infantería no Encuadrada (11ª CINE) eran los agresores. Por increíble que parezca, los priístas exigían el terreno que ocupa la sede del Caracol de Morelia.
La retaguardia
El 22 de septiembre pasado, la Comisión Sexta del EZLN se vio obligada a cancelar su gira de trabajo por el centro y sur de México, como miembro del movimiento nacional en construcción de La Otra Campaña, debido a las agresiones que había contra los pueblos zapatistas y debido también a distintas acciones realizadas por el Ejército popular Revolucionario (EPR). Golpear y agredir a las bases de apoyo zapatistas y sus autoridades civiles es golpear la retaguardia de la Comisión Sexta en su iniciativa y propuesta de conformación de un movimiento nacional, eso el gobierno mexicano lo tiene claro.
A finales del año pasado, el subcomandante Marcos concedió una entrevista a la reportera y escritora Laura Castellanos en la comunidad de La Garrucha, la entrevista paseo sobre distintos tópicos y en algún momento se pregunta y se responde lo siguiente:
Laura Castellanos: “Entonces, en enero de 2008 no entran a la fase de agitación y movilización, como lo tenían planeado anteriormente”.
Subcomandante Marcos: “No, porque se supone que terminábamos en diciembre de 2007. Todavía nos falta recorrer el centro y el sur sureste del país. Nosotros pensamos que en junio de 2008 hay que trabajar sobre la estructuració n de ese programa nacional de lucha para pasar entonces a la agitación y difusión. En junio, cuando se cumplen tres años e la Sexta Declaración, es cuando se hará el cierre”[2].
Algo se hace evidente, no quieren que salgan. Si supuestamente el EZLN, su gobiernos autónomos, sus pueblos y el movimiento nacional en construcción de la Otra Campaña no son un peligro ¿por qué no quieren?
Los operativos militares y policíacos (PGR, PFP, AFI) de mayo y junio marcan señales y amenazas alarmantes de represión, prisión, despojo, desalojo o muerte contra el EZLN, los pueblos zapatistas y contra miembros de La Otra Campaña.
Si se miran las intervenciones militares dentro de la Selva Lacandona, se podrá mirar un involucramiento mucho más hostil y activo no sólo de las Unidades militares ubicadas dentro del territorio de La Garrucha, también las que están fuera de él, sea Comitán o sea Palenque. Las fuerzas castrenses empiezan a cerrar pinzas.
El Ejército Federal mexicano acecha, las señales están muy claras.
Mientras pasa lo que pasa, el CAPISE ha enviado una Brigada Especial de Observación Tierra y Territorio (BEOTT) al Caracol de La Garrucha, estas Brigadas estarán de forma permanente.
En el CAPISE pensamos que es tiempo de replantearse una gigantesca campaña contra la militarizació n en el territorio indígena de Chiapas y de México.
Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas A.C.
(CAPISE)
[1] La Base de Operaciones de Rancho Península está a menos de un kilómetro del acceso a la cañada de Las Tacitas.
[2] Corte de Caja. Laura Castellanos, Ricardo Trabulsi, Alejandro Magallanes. Primera edición 2008. Pág. 73.

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