AGRAVIO A LA SOCIEDAD

Carlos Montemayor

La violencia de Estado agravia a la sociedad. Es insultante que la policía y el ejército, que debían servir de custodios de la libertad, priven precisamente de la libertad a ciudadanos inocentes e inermes. Agravia que el Ministerio Público, que debe asegurar la procuración de la justicia, pisotee los derechos de los ciudadanos. Se agravia a la sociedad cuando los jueces encarcelan, procesan y condenan injustamente en vez de fungir como garantes de la justicia en la sociedad entera. Es el mayor agravio que las autoridades políticas repriman y dejen una estela sangrienta en la sociedad a la que debían servir, proteger y salvaguardar. Estos agravios son injustificables en la conducta del ejército, cuerpos policiacos, jueces y autoridades políticas en los casos aberrantes de desprecio a los derechos humanos y civiles de los campesinos, carpinteros, profesores y regidores Loxichas aprehendidos en el año 1996 y que en 2008 siguen defendiendo su dignidad e integridad moral y social. No hay justificación ni dignidad en ninguna autoridad cuando la violencia de Estado se vuelve contra la sociedad misma.

lunes, 2 de junio de 2008

SIGUE LA AGRESIÓN A COMUNIDADES BASES DE APOYO ZAPATISTAS

Sigue agresión: Perredistas han incrementado el hostigamiento a zapatistas.
En Sok'on los caciques quitaron el agua a bases de apoyo.

Hermann Bellinghausen (Enviado)

San Cristóbal de las Casas, Chis. 31 de mayo. La junta de buen gobierno (JBG) Corazón céntrico de los zapatistas delante del mundo denunció el incremento de hostigamientos y agresiones contra bases de apoyo zapatistas de Elambó Alto y Sok'on, en el municipio tzotzil de Zinacantán.
"Todas las agresiones que han recibido nuestros compañeros las hemos soportado porque sabemos que los hermanos perredistas están engañados por el mal gobierno, pero ya sentimos que se están pasando y no podemos seguir permitiendo estos tratos indignos", manifestaron las autoridades autónomas tras el reciente secuestro de Manuel Hilario Gómez Hernández, zapatista de Elambó Alto.
En una "advertencia al mal gobierno", la JBG de Oventic expresó: "Si no controlan a su gente perredista, pueden suceder hechos que después todos lamentaremos. Nosotros los zapatistas ya soportamos mucho y ya no nos dejan otros camino más que recuperar nuestros derechos".
El 17 de mayo, refiere la JBG, "en Elambó Alto fue capturado nuestro compañero base de apoyo, y trasladado a Chactoj, donde fue privado de su libertad arbitrariamente durante 34 horas, y poniéndolo en libertad una vez que mediante amenaza y presión lo obligaron a firmar una acta en la que se comprometió a pagar una multa de 2 mil pesos a más tardar el 5 de junio de 2008". Con la amenaza de que, "si no cumple o se queja ante alguna instancia, va a volver a ser detenido".
La JBG responsabiliza de la agresión a los caciques perredistas de Chactoj, e identifica como los secuestradores a Juan López Hernández (agente municipal), Manuel de la Torre Cruz (ex comandante de la policía municipal), Juan Vázquez Hernández, Andrés Gómez Jiménez y Mariano López Jiménez. Todos, autoridades perredistas de la comunidad. También participaron en el secuestro los caciques Martín Vázquez López, Manuel Vázquez López, Juan Gómez Pérez, José López López y Domingo Gómez Vázquez.
Manuel Hilario, nativo de Chactoj, "cumplió su cargo de comité de educación hasta el 2007, pero luego tuvo que salir de su comunidad hace ocho meses para buscar su trabajo y así poder mantener a su familia", explica la JBG. "Es el delito de que lo acusan, pues como saben que es 'compa' zapatista le inventaron que debía mucho dinero de cooperación de esos meses que salió".
Sin embargo, "el 'compa' sí ha pagado puntualmente sus cooperaciones y cumplido sus cargos comunitarios. Lo que realmente pasa es que los perredistas de Zinacantán desde hace tiempo han estado hostigando a las bases de apoyo de nuestro EZLN". Esta no es la primera agresión, "al contrario, los militantes, dirigidos por las autoridades municipales, y protegidos por el gobierno perredista de Juan José Sabines Guerrero", realizan hostigamientos constantes.
En tanto, en la comunidad de Sok'on, los caciques privan del agua a varias familias bases de apoyo del EZLN, a las cuales despojaron desde 2002 de la parcela donde se encuentra su manantial. En semanas recientes la situación se ha agravado, no obstante la visita de funcionarios estatales. "Lejos de intervenir para resolver el problema, el gobernador sólo ha mentido al pueblo diciendo que ya intervino en ese asunto, y hasta pagó con el dinero del pueblo una inserción en el periódico La Jornada en donde únicamente dijo puras mentiras".
El pasado 30 de septiembre, perredistas de Chactoj robaron los materiales para acopiar agua de Mariano López Jiménez y Gregorio López Gómez. El 4 de octubre, "los mismos agresores regresaron y ahora quitaron a los compañeros dos rotoplas de mil 100 litros y 30 metros de manguera, y les cortaron el agua". La JBG señala que aquellos agresores son los mismos que ahora secuestraron a Manuel Hilario. Como "en aquel entonces De la Torre Cruz era comandante de la policía, utilizaron la patrulla municipal para llevarse el material de construcción de nuestros compañeros a la presidencia municipal".
La JBG responsabiliza "de lo que suceda en Zinacantán", al gobernador Sabines, al secretario de Gobierno, Antonio Morales Messner, al "supuesto comisionado de comunidades en conflicto" Juan Vázquez ("que realmente es el operador en los Altos para conseguir votos para el PRD"), el edil de Zinacantán, Manuel de la Cruz Jiménez, y su asesor José Pérez Conde. Todos ellos "asesoran a los perredistas para reclutar a los priístas y ahora hostigan a zapatistas buscando que se pasen a su partido, asegurar votos y mantenerse en el poder, pero como los 'compas' resisten, los perredistas los presionan más y más".

ONG: latente, el conflicto en Chiapas
Elio Henríquez (Corresponsal)
San Cristóbal de Las Casas, Chis., 31 de mayo. La Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) manifestó su preocupación porque las causas del conflicto en Chiapas siguen latentes.
"Si no es el Ejército, que entra en las comunidades, es el problema de los presos", afirmó Ignacio García, integrante del organismo, al concluir una visita de casi una semana por esta entidad para entregar un informe sobre los derechos humanos en Chiapas, Oaxaca y San Salvador Atenco.
En Chiapas, dijo en entrevista, "no se advierte a mediano plazo una situación de tranquilidad, sobre todo porque los problemas relacionados con la tierra están muy abiertos y eso aumenta los conflictos", agregó.
Tras reunirse con las cinco juntas de buen gobierno (JBG) –en el caso de Morelia hay una situación especial por la disputa del terreno y la presencia de 700 indígenas bases de apoyo que están "en alerta"–, dijo que autoridades zapatistas manifestaron su preocupación por la actual situación en las comunidades rebeldes.
"Las JBG nos han hecho un repaso de los nuevos elementos de conflicto", aseveró García, quien encabeza a la delegación de cinco personas –tres de España, una de Suiza y otra de Estados Unidos– que entregarán el informe de su visita de febrero pasado.
Aclaró: "el gobierno del perredista Juan Sabines Guerrero "tiene voluntad de no confrontación con las JBG, pero están el Ejército federal, los proyectos de desarrollo que en muchos casos se confrontan con los proyectos autónomos. Sí vemos una situación preocupante que deseamos que no crezca, aunque advertimos aspectos que apuntan a que sí lo hará".

Resumen de la visita al Estado de Chiapas
Boletín de prensa Nº 25 de la CCIODH. Resumen de la visita al Estado de Chiapas e inicio en Oaxaca
Resumen de la visita de la CCIODH al Estado de Chiapas Invitación a rueda de prensa y acto público de la CCIODH Anuncio de las diferentes visitas que se realizarán.
La mañana del día 24 de Mayo de 2008, la CCIODH llegó a San Cristóbal de Las Casas para presentar el informe elaborado durante los meses de marzo y abril. Con este objetivo, la Comisión presentó a la prensa y a la sociedad civil chiapaneca el resultado del trabajo de campo desarrollado en el mes de febrero.
La CCIODH se reunió igualmente con el gobernador del Estado, Juan Sabines, para hacerle entrega personalmente del informe. En este encuentro se le solicitó el retorno al Amate de los presos de "La Voz del Amate" recientemente trasladados y la revisión de los 16 casos de presos políticos en demanda de su libertad. Asimismo, se le manifestó la preocupación de la CCIODH sobre los acontecimientos en este Estado en los últimos meses; tal es el caso del hostigamiento en Morelia, la intervención del ejército en San Jerónimo Tuliljá y en la Zona Norte.
Al término de la reunión el gobernador manifestó su intención de pagar las 6ha de terreno del Caracol de Morelia, uno de los motivos de conflicto en esta zona.

No hay comentarios: